Viedma.- (APP) En tiempos en que la palabra soberanía viene siendo soslayada en pos de un concepto de “libre mercado” que ningún país desarrollado adopta ni sostiene, o de una noción de “globalización”, que ha quedado absolutamente desfasada a la altura de estos tiempos, es necesario y oportuno que desde el sistema educativo, desde los medios de comunicación y desde las bancas, podamos rescatar aquel concepto de soberanía que inspirara a nuestros grandes próceres, como San Martín, Belgrano o Moreno, a la hora de realizar sus gestas heroicas y de constituir nuestra nación.
Ante el arribo de tropas extranjeras para, entre otros ejercicios, brindar instrucciones a nuestras fuerzas de seguridad en el marco de la cumbre de líderes del G20, a realizarse el mes de noviembre próximo y que demandaría al erario público nada menos que 444,7 millones de pesos en 26 operaciones militares, mi posición ha sido el rechazo.
Debemos tener en cuenta que, de producirse este ingreso sin respetarse los procedimientos que establece la ley nacional 25.880, de “Ingreso de personal militar extranjero en el territorio nacional y/o egreso de fuerzas nacionales”, estamos ante un hecho ilegal que podría derivar, incluso, en la promoción de un juicio político y en acciones por “Traición a la Patria”.
La referida normativa es muy clara al respecto, pues en su artículo 4° establece que los pedidos de autorización de ingreso de tropas extranjeras “serán formulados por el Poder Ejecutivo mediante la presentación de un proyecto de ley cuyo mensaje será refrendado por los ministros competentes”, aclarando en su artículo 5 que, en los casos de ejercitaciones combinadas: “el Poder Ejecutivo enviará al Congreso el proyecto de ley en la primera semana de marzo de cada año, que incluirá un programa de ejercitaciones que cubra un año corrido desde el 1° de septiembre del mismo”. En esta ocasión nada de ello ocurrió, por lo que no debería pisar territorio nacional ningún soldado de ningún país extranjero durante 2018.
La soberanía está siendo puesta en riesgo por parte del Gobierno Nacional en forma permanente. No solo permite a Joseph Lewis la construcción de un verdadero enclave colonial en la provincia de Río Negro, donde administra una hidroeléctrica e impide el acceso público al lago Escondido que es de todos los ciudadanos; sino que se le permite manejar, siendo ciudadano inglés, un aeropuerto de alcance internacional, sin radares ni controles de ningún tipo, a escasas dos horas de vuelo de las Islas Malvinas.
Al mismo tiempo, nos sorprende la liviandad con la que se han autorizado la instalación de bases militares norteamericanas de “ayuda humanitaria” en el aeropuerto de Resistencia, Chaco, y en la Provincia del Neuquén, donde el U.S. Southern Command, es decir el Comando Sur de los Estados Unidos, describe en su propia página web que “el Comando Sur de EE.UU. aprovecha las capacidades de respuesta rápida, la colaboración de naciones socias y la cooperación regional dentro de nuestra área de responsabilidad para apoyar los objetivos de seguridad nacional de los EE.UU., defender los acercamientos sureños de Estados Unidos y promover la seguridad y la estabilidad regional”.
Una situación similar se da con la instalación de una antena gigantesca China en la Provincia del Neuquén, supuestamente para “control de satélites y misiones espaciales”.
No podemos dejar de mencionar el acuerdo celebrado entre el ex Vicecanciller argentino, Carlos Foradori, y su par británico, Alan Duncan, en septiembre de 2016. En aquella oportunidad ya generaba preocupación el hecho de que se estuviera habilitando al Reino Unido para avanzar sobre la pesca y la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. A través del Acuerdo se propone “remover todos los obstáculos que limiten el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo pesca, navegación e hidrocarburos”, con lo que se permite el levantamiento de todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales que venía tomando la Argentina para proteger nuestros recursos naturales frente a la explotación ilegal de nuestra pesca e hidrocarburos por parte de Gran Bretaña.
Tal como lo expresara por aquel entonces nuestro Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, era necesario recordar al Gobierno nacional que “los recursos renovables y no renovables de los que pretende disponer para ceder alegremente a manos británicas, pertenecen a 40 millones de argentinos”. Lo lo más contradictorio es que a través del referido acuerdo se propuso un “trabajo en conjunto” con las Fuerzas Armadas británicas, las que constituyen una verdadera fuerza de ocupación en territorio argentino, sobre todo a partir del hecho de que han montado en las Islas Malvinas una base militar con miles de soldados, buques de guerra, aviones de combate, tanques, misiles, aviones y hasta un submarino nuclear, argumentando una “posible invasión argentina”.
*Senadora Nacional Partido RIO