Viedma.- (APP) La diputada nacional Graciela Landriscini, del bloque del Frente de Todos, presentó un proyecto de ley que propone derogar el decreto 820/16 promulgado durante el gobierno de Mauricio Macri, por el cual se modificó el régimen de tierras rurales para facilitar transacciones.
La diputada explicó que a través de esta iniciativa se busca dejar sin efecto un decreto que se elaboró “con el objetivo de favorecer la inversión extranjera, de acuerdo a la fundamentación de ese entonces, en un marco de desregulación económica”.
En el 2011 se sancionó la ley 26.737, que fijó el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierra Rurales para controlar la venta y su extranjerización. No existía hasta entonces en Argentina ninguna normativa que estableciera límites o pautas mínimas para controlar la posesión de tierras rurales por parte de extranjeros, salvo el Decreto Ley N° 15.385, vigente desde 1944, que declaraba la conveniencia nacional de que “los bienes ubicados en zonas de seguridad de frontera pertenecen a ciudadanos argentinos nativos”.
En los fundamentos del proyecto, Landriscini explicó que la Ley 26.737 fue aprobada para proteger los bienes naturales del país y no afectó derechos adquiridos de personas humanas o jurídicas. “La novedad de la misma consistió en que corrió el velo jurídico de las sociedades; es decir, previó el análisis de la composición accionaria de las empresas, así como los capitales que las controlan. Entre sus principales disposiciones establece que los extranjeros que pretendan adquirir tierras rurales en la República Argentina deben tramitar previamente un certificado de habilitación ante el Registro de Tierras”.
Entre las limitaciones se había fijado un límite del 15 % a toda titularidad de dominio o posesión a nivel nacional, provincial y sub provincial; hasta un máximo de las 1000 hectáreas por titular en zona núcleo y sus equivalencias en el resto de las provincias; no se podrían adquirir tierras rurales que limiten o contengan cuerpos de agua de envergadura y permanentes y sobre todo se establecían controles para evitar la extranjerización a través de la compraventa de acciones por medio de testaferros.
Mediante la sanción del Decreto 274, de febrero de 2012, el Poder Ejecutivo Nacional reglamentó la citada Ley y se creó el Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) como autoridad de aplicación.
Pero Mauricio Macri, entre las primeras medidas que adoptó cuando asumió la presidenia de la Nación, promulgó el Decreto 820 de junio de 2016 mediante el cual se flexibilizó y modificó la Ley 26.737. Dicho Decreto tuvo por objeto facilitar inversiones extranjeras en el país, según los argumentos del nuevo gobierno. “Fue promulgado al cumplirse los primeros seis meses de gestión, cuando el Gobierno Nacional anunciaba y esperaba una ‘lluvia de inversiones en Argentina’ y en consecuencia mediante la flexibilización de la normativa la tierra rural sería objeto de las inversiones esperadas”, subrayó la diputada nacional.
Entre las principales disposiciones del Decreto de Macri, se pasó a considerar como titular extranjero a quien sea titular de más del 51% del capital social de una persona jurídica. “Esto cambió la reglamentación anterior que definía como extranjero a quien fuera titular de un porcentaje superior al 25%. Esta sola disposición alteró ampliamente la normativa vigente hasta entonces, ya que amplió considerablemente el espectro de posibles inversores o adquirentes extranjeros”, explicó Landriscini.
La eliminación de regulaciones, restricciones y controles, así como la obligación de registrar información constituye un aspecto de crucial importancia para los supuestos inversores. Para concretar las inversiones promovidas bajo la lógica se minimizó el registro de información y se eliminaron controles cruzados a los adquirentes de tierras rurales, muchos de ellos residentes en paraísos fiscales.
Por tal motivo, Landriscini consideró que es necesaria la derogación del Decreto macrista de 2016 y el restablecimiento del Decreto 274 del 2012, con las modificaciones que se consideren necesarias para la protección de la tierra, la naturaleza y biodiversidad en toda la República Argentina. De esta manera –aseguró- “se procura recuperar la iniciativa estatal a los efectos de garantizar la protección de la tierra rural en el territorio nacional, en concordancia con los Estados provinciales, sin afectar derechos adquiridos, ni alterar el espíritu de la Constitución Nacional”.