Rechazo al aumento de la tarifa de ARSA

Viedma.- (APP) Tanto el bloque del FdT como la defensora del Pueblo, Adriana Santagai, rechazaron la autorización del gobierno provincial a la prestadora del servicio de agua potable ARSA a un incremento en la facturación. Sería del 57% pero el propio gobierno anunció que se implementará de manera progresiva, con porcentajes mensuales.

La bancada del FdT lo calificó de tarifazo, con la gravedad que “se da en un contexto de pandemia en el que la provisión de agua tiene una importancia superlativa para asegurar las condiciones de higiene”.

“A contracorriente de las decisiones que se toman a nivel nacional para preservar a los usuarios de los incrementos tarifarios en un escenario de pandemia y fuerte retracción económica, el Gobierno provincial autorizó esta semana a la empresa provincial proveedora de agua potable un incremento del 57% en la facturación que los rionegrinos recibirán a partir del mes próximo”, aseveró la bancada opositora.

Informó que este ajuste “fue tema de debate durante la reunión de la comisión de Planificación este lunes en la Legislatura, con una férrea defensa del oficialismo, en tanto el Frente de Todos recordó que en mayo presentó un proyecto de Ley para congelar los incrementos tarifarios en el servicio de agua potable y desagües cloacales hasta el 31 de diciembre de este año, tal y como ocurre con otros servicios a nivel nacional. Durante todo este tiempo, Juntos Somos Río Negro, con mayoría en el recinto, impidió el tratamiento de esa iniciativa”.

“Observamos así que el agua adquiere un rol preponderante para evitar la propagación del virus –COVID19-”, señalaba el proyecto del FdT, “por lo cual resulta primordial brindar el servicio de agua potable a todos los consumidores del sistema. Por ello y a fin de no generar aún más impacto negativo sobre los vecinos de nuestra provincia y llevar a la vez tranquilidad a los mismos, vemos la necesidad de solicitar la suspensión de aumento de tarifas del servicio por lo que resta del corriente año calendario (2020)”.

“ARSA no es la única empresa que necesita ajustar su economía, también lo necesitan las pequeñas y medianas empresas de la provincia, y lo sufre cada uno de los rionegrinos. Sin embargo, en este escenario de pandemia, en el que estamos todos haciendo un enorme esfuerzo, el Gobierno permite a ARSA trasladar de un mes a otro un incremento de casi el 60% en la tarifa del agua”, indicó la presidenta del bloque María Eugenia Martini.

Por su parte, la defensora Santagati indicó que el aumento:  “No es compatible con los derechos de los usuarios fijar un aumento sobre un servicio público esencial en un escenario de reducción masiva de ingresos”, .

Santagati consideró que no sea ha tenido en cuenta la gravísima situación socio–económica que atraviesa el universo de usuarios como resultado, fundamentalmente, de la pandemia por el COVID-19.

“Sabido es que, con motivo de la emergencia sanitaria, las autoridades nacional y provincial han adoptado, entre otras, medidas de ´aislamiento social preventivo y obligatorio´ que se han extendido por varios meses, continuándose luego con prácticas de distanciamiento y reducción de actividades que han afectado severamente la matriz económica y productiva del país”, indicó la defensora Santagati para luego remarcar: “en ese contexto de retracción de la actividad económica, pérdida de fuentes de trabajo, cierre de pequeñas y medianas empresas y reducción generalizada del poder adquisitivo de la ciudadanía, la aplicación de un aumento en la tarifa de un servicio público esencial, como es el del agua y saneamiento, no sólo resulta inoportuno, sino directamente violatorio de los principios jurídicos que disciplinan su funcionamiento”.

La defensora del pueblo también expresó en su nota: “El análisis aislado que ha motivado el aumento no tuvo en cuenta, adecuadamente, la realidad actual de los usuarios y las exigencias en materia de accesibilidad económica inherente al derecho humano al agua”.

“Esa accesibilidad demanda que los aumentos sean consistentes con la capacidad de pago de los usuarios y usuarias del servicio”, destacó Santagati y enfatizó la necesidad que, en lo sucesivo, “decisiones de esta índole sean adoptadas luego de una exhaustiva ponderación del contexto”.