Viedma.- (APP) Nadie puede mostrarse sorprendido por la actitud asumida por el gobierno nacional respecto a la la finalización de las concesiones de las represas.
Razones históricas de permanente avasallamiento de los intereses provinciales, imposiciones, presiones, menosprecio, son actitudes que los gobiernos centrales han tenido a lo largo de los años sobre las provincias, especialmente las patagónicas.
Sin embargo no ha habido, salvo honrosas excepciones que datan de hace más de 50 o 60 años, acciones firmes y concretas ni de los poderes del Estado, ni de partidos políticos, ni de instituciones, ni de las fuerzas vivas de la región, para evitar tantos atropellos.
Solo frías apariciones mediáticas, tardías y débiles gestiones, cuyo resultado era absolutamente previsible. Claramente cuando las acciones son tímidas, como pidiendo permiso, la respuesta de la centralidad del poder nos demuestra la histórica e increíble realidad de una Argentina con una grave deformación demográfica, económica y política del país sobre sus mejores posibilidades.
Y aquí estamos otra vez los patagónicos aceptando sin condicionamientos, como resignados, los avances y contradicciones en un país de un federalismo meramente formal y un centralismo real que impone las condiciones desde la ciudad puerto a provincias periféricas con relativo poder y en su mayoría olvidadas.
Otra muestra más de la falta de previsiones, planificación y políticas acertadas. Lo dije hace unos días; el gobierno nacional estiró el proceso, esquivó respuestas, postergó decisiones y nuestros representantes lo dejaron actuar con displicencia para que ahora ni siquiera nos den la oportunidad de brindar opinión a quienes somos los propietarios de los recursos. Así que nadie se puede hacer el sorprendido o sorprendida.
Ahora bien, para no seguir llorando sobre la leche derramada.
¿Qué vamos a esperar ahora?
Que este deficiente e incalificable gobierno nacional utilice estos últimos meses de gestión para incorporar directores, gerentes, personal administrativo, etc. a una nueva gran empresa pública que funcione en un gran edificio en la “city porteña” para ver como juntan el dinero que se genera a partir de nuestros recursos, y nos sigan obligándonos a subvencionarlos calladitos la boca, aunque su decisión es anticonstitucional, centralista y autoritaria?
¿Qué vamos a esperar?
Que algún funcionario del gobierno nacional se digne a atender a nuestros representantes y los conforme con el nombramiento de algunos asesores en esa nueva empresa o con suerte como accionistas minoritarios.
¿Qué vamos a esperar?
Que nos sigan utilizando “nuestra” agua discrecionalmente para recibir energía eléctrica en sus ciudades, sin tener en cuenta nuestra demanda
¿Qué vamos a esperar?
Que el equipamiento, generadores, turbinas, que han recibido en 30 años un mantenimiento mínimo colapsen, poniendo en riesgo a las poblaciones que vivimos aguas abajo.
Propongo que nuestros actuales gobernantes provinciales y sus respectivos sucesores, junto a legisladores, intendentes, jueces, representantes de los partidos políticos, profesionales en la materia, técnicos y especialistas de ambas jurisdicciones, acordemos la necesidad de pelear de una vez por todas por nuestros derechos.
Utilicemos todos los mecanismos democráticos y judiciales para revertir este nuevo atropello y definamos en conjunto lo que se debe hacer con las represas, si las manejara el Estado o se vuelven a privatizar, establecer una retribución justa y equitativa del uso de “nuestra” agua, definir claramente las prioridades de su uso, el sistema tarifario, los beneficios para la región, la seguridad de las poblaciones, regalías, y en definitiva, establecer junto al gobierno nacional los marcos regulatorios del funcionamiento de las represas desde los ámbitos políticos, jurídicos, constitucionales, técnicos y económicos.
*Presidente del Concejo Municipal de Campo Grande