Viedma.- (APP) El gobernador Alberto Weretilneck aprobó por decreto el Libro Blanco de la fruticultura, según se publicó en el Boletín Oficial, que consiste en apuntar a una baja de costos de unos cuatro dólares por caja de fruta, cifra que pondría a la producción regional en una posición ventajosa para competir con el exterior.
En su momento, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alberto Diomedi, explicó a APP que Nación debería “habernos hecho caso desde el primer día”, ya que con el Libro Blanco se pretende un cambio estructural de la actividad. Los productores, que fueron refractarios a este plan, en la última reunión con Nación aceptaron discutirlo, diciendo que son conscientes que se requieren cambios estructurales, pero quieren hacer modificaciones y en principio exigen de Nación atender la coyuntura con un subsidio por kilo de fruta.
Informó Diomedi que el Libro Blanco plantea un plan para tener “una producción diferente, con costos diferentes, con calidades diferentes, aprovechar más el mercado interno que está desaprovechado y recuperar lo que estamos perdiendo en los distintos mercados del mundo”.
Entre otros ejes se plantea la asociación del pequeño y mediano productor, para amortizar costos y armar grupos de comercialización.
“Es una alternativa no sólo para la producción, sino para el empaque y la comercialización”, aseveró.
La iniciativa no había logrado la adhesión esperada y estuvo parada hasta que el Ministerio de Agroindustria de la Nación en una reciente reunión le volvió a dar impulso, con el requisito que haya cambios que permitan un consenso con los principales actores.
Al aprobar por decreto el Libro Blanco, el Ejecutivo rionegrino expuso que “la crisis frutícola que atraviesa el sector es estructural” y lleva “más de cinco años consecutivos de falta de rentabilidad, reflejándose en distintos indicadores de deterioro como la pérdida de volúmenes productivos (de 1.891.000 toneladas de manzanas y peras a 1.341.000 de toneladas (Fuente Informe 06-2.017 Secretaría de Fruticultura) lo que impacta negativamente en el funcionamiento de la economía regional como también en toda la cadena de valor, incluido servicios y comercio en general”.
Agregó además que ese deterioro “afecta no sólo a los productores desalojados del sistema sino a toda la región en función de su estatus sanitario con aumento de las poblaciones de plagas cuarentenarias para los mercados y con el consiguiente riesgo de pérdida de los mismos, además de mayor costo a los que continúan en actividad”.
En su artículo primero, el decreto establece la incorporación de tecnología adaptada a la realidad regional, alcanzar un mayor nivel de asociatividad horizontal y vertical en base a una nueva cultura innovadora, alentar a líderes transformadores que contagien su visión de oportunidades a otras personas del sector a través de proyectos y tratar las situaciones críticas de la coyuntura dentro de planes que contengan mejoras que posibiliten su solución con modificaciones estructurales perdurables.
También aspira a lograr transparencia comercial como parte del cambio en la organización del sector, desarrollar mercados a nivel nacional e internacional promoviendo el aumento del consumo de nuestra producción y priorizar los proyectos de cooperación donde el que produce es socio más que proveedor o cliente, tendiendo a lograr la meta de que el 50% del valor de venta a nivel precio de exportación (FOB) o similar para mercado interno, sea el valor de la fruta para el sector primario o en origen.
LAS CRÍTICAS
Sobre los reparos que venían manteniendo los productores, el presidente de la Cámara de Productores de Río Colorado, Víctor Pardo, había señalado tiempo atrás a APP que en primer lugar se criticaba “que fue hecho sin consultar a los productores”, de allí el rechazo de todas las cámaras.
Dijo entre otras problemáticas de la coyuntura actual, que los perjudica el ingreso de fruta de un país vecino como Chile, “nuestra relación real de intercambio no nos conviene, no porque seamos ineficientes, ya que tranqueras adentro no hay más que se nos pueda pedir, pero hay un aumento de costos que nos deja fuera de combate”.
Aseguró también que “no tenemos un precio de referencia”, algo que debe ser esencial al momento de asumir los costos de empezar un ciclo productivo como al momento de comercializar.
“Si uno recorre las colonias de Río Colorado como el Alto Valle vemos que año a año varios productores dejan de serlo”, aseveró.
Dijo que los productores no piden nada exagerado, pero no puede ser que perciban 6 pesos por kilo y luego en la góndola se venda a 40 pesos, subrayando que hay leyes para que haya un precio mínimo, pero no hay un control del Estado o peso del Estado para hacer cumplir esto.
Explicó a APP que hay que cuidar al más débil de la cadena, así como en una relación empleado-empresario se hace respetar las leyes laborales, entre productor y exportador también se debe hacer cumplir la ley respecto a la comercialización de fruta.
Destacó además que el más débil de la cadena “hace mover toda la rueda”.
Mencionó que hoy en todos los valles los productores frutícolas deben sumar unos 2.300 productores, es decir, hay desgranamiento de productores y un proceso de venta de chacras, por un lado por la concentración de tierras a manos de los exportadores y para hacer loteos.
Indicó a APP que en Río Colorado se están vendiendo chacras frutícolas, que generan mano de obra, para orientarlas a granos o pasturas, que prácticamente no generan mano de obra.
“Por eso nuestro reclamo es social, no es sólo de los productores, se pierden plantas que existen hace 10 ó 20 años, un gran capital que llevó tiempo, y en otros países se cuidan a los productores primarios por su impacto en toda una cadena productiva y de comercialización y los puestos de trabajo que se generan”, consignó. (APP)
FRUTICULTURA
Weretilneck aprobó el Libro Blanco por decreto
Viedma.- El gobernador Alberto Weretilneck aprobó por decreto el Libro Blanco de la fruticultura, según se publicó en el Boletín Oficial del lunes 15 de enero.
Se trata del plan que el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alberto Diomedi, le había propuesto inmediatamente después de su asunción, que consiste en apuntar a una baja de costos de unos cuatro dólares por caja de fruta, cifra que pondría a la producción regional en una posición ventajosa para competir con el exterior.
En su momento, el funcionario explicó a APP que Nación debería “habernos hecho caso desde el primer día”, apoyando el Libro Blanco que impulsa la provincia para un cambio estructural de la actividad.
Informó que el Libro Blanco plantea un plan para tener “una producción diferente, con costos diferentes, con calidades diferentes, aprovechar más el mercado interno que está desaprovechado y recuperar lo que estamos perdiendo en los distintos mercados del mundo”.
Entre otros ejes se plantea la asociación del pequeño y mediano productor, para amortizar costos y armar grupos de comercialización.
“Es una alternativa no sólo para la producción, sino para el empaque y la comercialización”, aseveró.
La iniciativa no había logrado la adhesión esperada y estuvo parada hasta que el Ministerio de Agroindustria de la Nación en una reciente reunión le volvió a dar impulso, con el requisito que haya cambios que permitan un consenso con los principales actores.
Al aprobar por decreto el Libro Blanco, el Ejecutivo rionegrino expuso que “la crisis frutícola que atraviesa el sector es estructural” y lleva “más de cinco años consecutivos de falta de rentabilidad, reflejándose en distintos indicadores de deterioro como la pérdida de volúmenes productivos (de 1.891.000 toneladas de manzanas y peras a 1.341.000 de toneladas (Fuente Informe 06-2.017 Secretaría de Fruticultura) lo que impacta negativamente en el funcionamiento de la economía regional como también en toda la cadena de valor, incluido servicios y comercio en general”.
Agregó además que ese deterioro “afecta no sólo a los productores desalojados del sistema sino a toda la región en función de su estatus sanitario con aumento de las poblaciones de plagas cuarentenarias para los mercados y con el consiguiente riesgo de pérdida de los mismos, además de mayor costo a los que continúan en actividad”.
En su artículo primero, el decreto establece la incorporación de tecnología adaptada a la realidad regional, alcanzar un mayor nivel de asociatividad horizontal y vertical en base a una nueva cultura innovadora, alentar a líderes transformadores que contagien su visión de oportunidades a otras personas del sector a través de proyectos y tratar las situaciones críticas de la coyuntura dentro de planes que contengan mejoras que posibiliten su solución con modificaciones estructurales perdurables.
También aspira a lograr transparencia comercial como parte del cambio en la organización del sector, desarrollar mercados a nivel nacional e internacional promoviendo el aumento del consumo de nuestra producción y priorizar los proyectos de cooperación donde el que produce es socio más que proveedor o cliente, tendiendo a lograr la meta de que el 50% del valor de venta a nivel precio de exportación (FOB) o similar para mercado interno, sea el valor de la fruta para el sector primario o en origen.
LAS CRÍTICAS
Sobre los reparos que venían manteniendo los productores, el presidente de la Cámara de Productores de Río Colorado, Víctor Pardo, había señalado tiempo atrás a APP que en primer lugar se criticaba “que fue hecho sin consultar a los productores”, de allí el rechazo de todas las cámaras.
Dijo entre otras problemáticas de la coyuntura actual, que los perjudica el ingreso de fruta de un país vecino como Chile, “nuestra relación real de intercambio no nos conviene, no porque seamos ineficientes, ya que tranqueras adentro no hay más que se nos pueda pedir, pero hay un aumento de costos que nos deja fuera de combate”.
Aseguró también que “no tenemos un precio de referencia”, algo que debe ser esencial al momento de asumir los costos de empezar un ciclo productivo como al momento de comercializar.
“Si uno recorre las colonias de Río Colorado como el Alto Valle vemos que año a año varios productores dejan de serlo”, aseveró.
Dijo que los productores no piden nada exagerado, pero no puede ser que perciban 6 pesos por kilo y luego en la góndola se venda a 40 pesos, subrayando que hay leyes para que haya un precio mínimo, pero no hay un control del Estado o peso del Estado para hacer cumplir esto.
Explicó a APP que hay que cuidar al más débil de la cadena, así como en una relación empleado-empresario se hace respetar las leyes laborales, entre productor y exportador también se debe hacer cumplir la ley respecto a la comercialización de fruta.
Destacó además que el más débil de la cadena “hace mover toda la rueda”.
Mencionó que hoy en todos los valles los productores frutícolas deben sumar unos 2.300 productores, es decir, hay desgranamiento de productores y un proceso de venta de chacras, por un lado por la concentración de tierras a manos de los exportadores y para hacer loteos.
Indicó a APP que en Río Colorado se están vendiendo chacras frutícolas, que generan mano de obra, para orientarlas a granos o pasturas, que prácticamente no generan mano de obra.
“Por eso nuestro reclamo es social, no es sólo de los productores, se pierden plantas que existen hace 10 ó 20 años, un gran capital que llevó tiempo, y en otros países se cuidan a los productores primarios por su impacto en toda una cadena productiva y de comercialización y los puestos de trabajo que se generan”, consignó. (APP)
.
“Es una alternativa no sólo para la producción, sino para el empaque y la comercialización”, aseveró.
La iniciativa no había logrado la adhesión esperada y estuvo parada hasta que el Ministerio de Agroindustria de la Nación en una reciente reunión le volvió a dar impulso, con el requisito que haya cambios que permitan un consenso con los principales actores.
Al aprobar por decreto el Libro Blanco, el Ejecutivo rionegrino expuso que “la crisis frutícola que atraviesa el sector es estructural” y lleva “más de cinco años consecutivos de falta de rentabilidad, reflejándose en distintos indicadores de deterioro como la pérdida de volúmenes productivos (de 1.891.000 toneladas de manzanas y peras a 1.341.000 de toneladas (Fuente Informe 06-2.017 Secretaría de Fruticultura) lo que impacta negativamente en el funcionamiento de la economía regional como también en toda la cadena de valor, incluido servicios y comercio en general”.
Agregó además que ese deterioro “afecta no sólo a los productores desalojados del sistema sino a toda la región en función de su estatus sanitario con aumento de las poblaciones de plagas cuarentenarias para los mercados y con el consiguiente riesgo de pérdida de los mismos, además de mayor costo a los que continúan en actividad”.
En su artículo primero, el decreto establece la incorporación de tecnología adaptada a la realidad regional, alcanzar un mayor nivel de asociatividad horizontal y vertical en base a una nueva cultura innovadora, alentar a líderes transformadores que contagien su visión de oportunidades a otras personas del sector a través de proyectos y tratar las situaciones críticas de la coyuntura dentro de planes que contengan mejoras que posibiliten su solución con modificaciones estructurales perdurables.
También aspira a lograr transparencia comercial como parte del cambio en la organización del sector, desarrollar mercados a nivel nacional e internacional promoviendo el aumento del consumo de nuestra producción y priorizar los proyectos de cooperación donde el que produce es socio más que proveedor o cliente, tendiendo a lograr la meta de que el 50% del valor de venta a nivel precio de exportación (FOB) o similar para mercado interno, sea el valor de la fruta para el sector primario o en origen.
LAS CRÍTICAS
Sobre los reparos que venían manteniendo los productores, el presidente de la Cámara de Productores de Río Colorado, Víctor Pardo, había señalado tiempo atrás a APP que en primer lugar se criticaba “que fue hecho sin consultar a los productores”, de allí el rechazo de todas las cámaras.
Dijo entre otras problemáticas de la coyuntura actual, que los perjudica el ingreso de fruta de un país vecino como Chile, “nuestra relación real de intercambio no nos conviene, no porque seamos ineficientes, ya que tranqueras adentro no hay más que se nos pueda pedir, pero hay un aumento de costos que nos deja fuera de combate”.
Aseguró también que “no tenemos un precio de referencia”, algo que debe ser esencial al momento de asumir los costos de empezar un ciclo productivo como al momento de comercializar.
“Si uno recorre las colonias de Río Colorado como el Alto Valle vemos que año a año varios productores dejan de serlo”, aseveró.
Dijo que los productores no piden nada exagerado, pero no puede ser que perciban 6 pesos por kilo y luego en la góndola se venda a 40 pesos, subrayando que hay leyes para que haya un precio mínimo, pero no hay un control del Estado o peso del Estado para hacer cumplir esto.
Explicó a APP que hay que cuidar al más débil de la cadena, así como en una relación empleado-empresario se hace respetar las leyes laborales, entre productor y exportador también se debe hacer cumplir la ley respecto a la comercialización de fruta.
Destacó además que el más débil de la cadena “hace mover toda la rueda”.
Mencionó que hoy en todos los valles los productores frutícolas deben sumar unos 2.300 productores, es decir, hay desgranamiento de productores y un proceso de venta de chacras, por un lado por la concentración de tierras a manos de los exportadores y para hacer loteos.
Indicó a APP que en Río Colorado se están vendiendo chacras frutícolas, que generan mano de obra, para orientarlas a granos o pasturas, que prácticamente no generan mano de obra.
“Por eso nuestro reclamo es social, no es sólo de los productores, se pierden plantas que existen hace 10 ó 20 años, un gran capital que llevó tiempo, y en otros países se cuidan a los productores primarios por su impacto en toda una cadena productiva y de comercialización y los puestos de trabajo que se generan”, consignó. (APP)