Viedma.- (APP) Con el voto de Cambiemos, radiacales y sectores del peronismo conducido por Miguel Pichetto, el oficialismo logró aprobar la llamada reforma previsional que en la realidad significa un ajuste sobre jubiladores, pensionados y beneficiarios de la AUH. De los rionegrinos, Silvina Larraburu votó en contra, al igual que Magdalena Odarda, en tanto acompañó Miguel Pichetto.
El proyecto votado implica un cambio de fórmula para establecer la actualización de los haberes. La iniciativa votada perjudica a los trabajadores pasivos e implica un ajuste de casi 100 mil millones de pesos.
Además, la Cámara alta aprobó la reforma tributaria que incluye un ajuste sobre las provincias. El kirchnerismo y sectores del peronismo votaron en contra. Ahora, los proyectos serán discutidos en Diputados.
La reforma previsional contó con 43 votos afirmativos, 23 negativos y tres abstenciones. Cambiemos necesitó de aliados para imponer su proyecto de ajuste. Sorprendió Juan Manuel Abal Medina que no se opuso sino que se abstuvo. Hace unos días fue designado como miembro de la CONEAU en un acuerdo entre Pichetto y el Gobierno nacional.
La votación se dio horas después de que más de 200 mil personas se movilizaron para repudiar el paquete de reformas macristas. A los senadores no les interesó esa convocatoria que involucró a gremios de la CGT, las dos CTA y movimientos sociales y políticos. «Empieza un plan de lucha contra estas reformas que significan el ajuste y el hambre para nuestro pueblo», resumieron quienes convocaron.
LOS VOTOS Y LAS ABSTENCIONES
Cambiemos consiguió el apoyo del grueso del bloque mayoritario, que conduce Miguel Pichetto, para avanzar con el cambio en el cálculo del haber jubilatorio, que el Gobierno debió aplicar por las modificaciones acordadas con gobernadores sobre distintos impuestos.
Con el proyecto aprobado este miércoles, las jubilaciones se calcularán en un 70% en base al índice inflacionario, y un 30% según el nivel de variación salarial (RIPTE). El texto original contemplaba sólo el factor de la suba de precios y un plus por PBI, que el peronismo consideró insuficiente.
“Esta es una fórmula que, a nuestro criterio, va a permitir la protección de una movilidad adecuada en relación a los sueldos de los trabajadores en actividad, y también en relación a lo que se puede perder en poder adquisitivo”, sostuvo Laura Rodríguez Machado (Pro) como miembro informante.
Los senadores del ala kirchnerista que rechazaron el proyecto fueron Ana Almirón, Anabel Fernández Sagasti, Marcelo Fuentes, Silvina García Larraburu, Virginia García, Ruperto Godoy, Nancy GonzálezMaría Ester Labado, María Inés Pilatti Vergara, Marina Riofrío y María de los Ángeles Sacnun.
Dentro del PJ-FpV, también se opusieron Eduardo Aguilar, Hilda Aguirre, Liliana Fellner, Mario Pais, Omar Perotti y Carlos “Camau” Espínola. La lista de votos en contra se completa con los puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre, los neuquinos Guillermo Pereyra y Lucila Crexell, y los representantes del interbloque Progresistas Fernando “Pino” Solanas y Magdalena Odarda.
Las tres abstenciones fueron de los bonaerenses Juan Manuel Abal Medina (PJ-FpV), Jaime Linares (GEN) y el chubutense Alfredo Luenzo. Además, hubo otras tres ausencias: las del riojano Carlos Menem, el santafesino Carlos Reutemann y el santacruceño Alfredo Martínez -por un problema de salud-.
En el texto se establece una garantía adicional para los haberes que estén por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, equivalente al 82%, y a su vez se abre la posibilidad a trabajadores del sector privado de optar por jubilarse a los 70 años -tanto hombres como mujeres-.
En nombre del kirchnerismo, Nancy González explicó, con placas impresas, cómo el haber jubilatorio sufrirá una merma de sancionarse la ley. Según la chubutense, el monto será de 7.660 pesos con la nueva fórmula, cuando si se continuara con la movilidad actual, los jubilados ganarían 8.200 pesos.
Más aún, la legisladora estimó que con el cambio en la reforma previsional introducido en comisión, el aumento con respecto al proyecto original será de apenas 43 pesos, “que no sirven ni para comprar una tira de Bayaspirina”.
En la misma sintonía, la santafesina María de los Ángeles Sacnun denunció que la futura ley “vulnera los derechos adquiridos”, y el sanjuanino Ruperto Godoy denunció que el Estado “está ausente” en la defensa de los jubilados, que necesitan protección por no estar sindicalizados.
La radical Silvia Elías de Pérez recogió el guante. “Vamos a decir las cosas como son: 1.158.116 personas ya han teniendo su reparación histórica; 457 mil salieron ya de cobrar la mínima; el porcentaje promedio en sus haberes ha sido del 35%; y hay 389 mil abuelos de más de 80 años que han tenido un incremento aún mayor”, detalló.
Desde la oposición también se oyeron quejas por el tratamiento “exprés” que tuvo el proyecto -el dictamen se reunió en la primera reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social-. “Estamos sesionando de espaldas a la realidad del país”, desaprobó “Pino” Solanas, y el neuquino Pereyra dijo que el despacho “no tuvo ningún tipo de consenso”.
El representante del MPN y sindicalista del petróleo advirtió que el proyecto “lleva a una pérdida real del salario”, y especificó: “Si tomamos como ejemplo el año 2017, encontramos que los jubilados hubieran perdido este año un 3,5%”.
A su turno, la puntana Liliana Negre confesó: “La verdad, hemos hecho muchas cuentas y la movilidad actual es muy superior”. “Hay un dato objetivo: se va por un monto de dinero claro sobre las jubilaciones. Ese monto impacta sobre nuestros mayores”, advirtió.
La mano derecha de Adolfo Rodríguez Saá también aprovechó para reclamar que “los jueces empiecen a pagar el impuesto a las Ganancias de una vez por todas” y “que se reduzcan las jubilaciones de privilegio de los que más tienen”.
Por su parte, el bonaerense Linares, ambiguo en su discurso, opinó que “en función de la necesidad de los jubilados”, hubiese sido mejor una fórmula con una única variable y no polinómica, de modo de generar un “equilibrio”. Finalmente, resolvió abstenerse.
Puertas afuera del Congreso, el moyanismo, las CTA y la Corriente Federal de los Trabajadores protestaron contra las reformas previsional y laboral, con presencia también de organizaciones sociales como la CTEP y el Movimiento Evita, y agrupaciones del kirchnerismo, entre ellas La Cámpora, Nuevo Encuentro y Kolina.