Viedma.- (APP) En comisiones de la Legislatura se debate el nuevo Código de Tierras elaborado por el Ejecutivo, destinado a actualizar y modernizar una normativa ya no adecuada a los tiempos. Como habilita la puesta en producción de tierras ociosas, hay alertas de algunos sectores –fundamentalmente ecologistas e indigenistas- respecto a que se abra la puerta a algunas actividades industriales, minería y petróleo. Desde el oficialismo dicen que no hay problema en debatir, ser ajustados en la regulación y que salga el mejor código.
El asesor de la Dirección de Tierras, Enrique Álvarez Costa, fue el principal autor del nuevo Código de Tierras propuesto por el Ejecutivo provincial.
Recordó a la agencia APP que reemplaza un marco normativo con leyes dispersas y vetustas, “la ley del sector rural tiene 55 años de vigencia y la del sector urbano más de 30 años”.
Indicó que pretenden desde el gobierno que la discusión de la iniciativa sea amplia, con todos los actores, que lleve el tiempo que tenga que llevar, de manera de “contar con el mejor código posible”.
Dijo que la idea es que se permita que nuevos actores sociales “tengan la posibilidad de poner en producción tierras”, al tiempo que se ponen cotos reales a la especulación o el negocio inmobiliario.
Álvarez Costa señaló que las leyes que reemplaza el nuevo código “fueron buenas pero fueron creadas para un contexto que hoy no curre, pensemos en la del sector rural que entró en vigencia a 4 o 5 años de la creación de la provincia, orientada a la ocupación de la tierra, que la familia agraria se asentara en los campos o en las islas, trabajara los inmuebles y como premio se les daba la propiedad”.
Indicó que ahora se busca un nuevo paradigma, “no ir hacia la ocupación de la tierra, sino hacia el afianzamiento productivo, mejorar aquellas tierras que estén en producción, incorporando nuevos rubros, y poner en producción tierras ociosas”.
Explicó a la agencia APP que “con la legislación vigente residir la tierra y trabajarla junto a la familia es un requisito insoslayable; la idea que proponemos es la posibilidad que otros actores sociales tengan la posibilidad de poner en producción tierras, como cooperativas, clubes, la posibilidad de emprendimientos turísticos en cordillera, turismo rural en Valle Medio, permitir el aggiornamiento al contexto actual”.
Informó que en la elaboración del código tomaron algunos modelos, como la unificación de leyes que hizo Chubut -que lo rural y urbano estén regulados en un mismo cuerpo- y los caminos de regularización que llevó adelante Misiones en el 2009, entre otros.
“Además se tomó del modelo brasilero de administración de la tierra pública, el usufructo, donde aquellas tierras fiscales que se encuentran en áreas protegidas el Estado pueda darlas para uso, pero conserva la propiedad eternamente, es decir, se le da seguridad al ocupante pero el día que fallece o finalizado el término de la adjudicación, vuelve al estado, sigue siendo pública”, consignó. De esta manera, las tierras fiscales de áreas naturales protegidas no se van a poder vender.
Afirmó que esto constituye una traba real a la enajenación y la especulación o el negocio inmobiliario.
Entre otras novedades, informó que el precio de venta de la tierra no va a emerger más del funcionario de turno, sino que habrá una comisión interdisciplinaria integrada por distintos actores idóneos del sector público, universidades, y a su vez que participen gente capacitada del sector privado, “para evitar cualquier tipo de maniobra y dar más transparencia”.
DETALLES DEL NUEVO CÓDIGO DE TIERRAS
Álvarez Costa, explicó sobre el nuevo código que se crea un compendio legal con proyección a los próximos 50 años y se transparentan los mecanismos a través de la publicidad de los actos vinculados a las tierras fiscales.
Mencionó que no se admitirán excepciones al régimen, limitándose la discrecionalidad de los funcionarios que intervienen, siendo necesaria una ley especial para cualquier caso que escape a las previsiones contempladas.
Explicó que con la iniciativa se reforma el sistema de tasación en diversos aspectos; el precio de la tierra no será fijado por el funcionario a cargo de la Dirección de Tierras sino que surgirá de un trabajo interdisciplinario en el que converjan actores públicos y estatales.
Asimismo, se discrimina el valor de venta según condiciones subjetivas y objetivas, incorporando el concepto de precio de mercado a abonar en determinados casos. Entre otros ejes, mencionó que se realza la protección del medio ambiente, castigando a quien no cumpla con las directivas emanadas de la correspondiente autoridad de aplicación.
Destacó que se empodera a diversos Municipios a través de la facultad del Ejecutivo de transferir a su patrimonio las tierras fiscales provinciales ubicadas en sus cascos urbanos.
Dijo que de esta forma, se termina con décadas en las que las autoridades locales fueron rehenes de la Provincia a la hora de querer diseñar el crecimiento de sus ciudades y administrar las tierras de sus ciudadanos y, consecuentemente, se agiliza el acceso a la vivienda en dichos poblados.
Indicó que “se establece un mecanismo ágil y transparente para que puedan acceder al título de propiedad los pobladores rurales que han ocupado por 20 años o más el campo y mantenido en producción el mismo así como se otorgará igual beneficio a quienes se asentaron y construyeron su hogar en las Comisiones de Fomento”.