Viedma.- (APP) La secretaria de Prensa de SITRAJUR, Elena Adriana Saber, dijo que desde el gremio están “asombrados” por el planteo de la procuradora general Silvia Baquero Lazcano de supeditar la vigencia del nuevo Código Procesal Penal a una previa reforma constitucional para dividir fiscales y defensores en el ministerio público. Señaló a la agencia APP que esto tiene que ver “con abrir la puerta” para la modificación de la carta magna, aludiendo a funcionalidades políticas a la pretensión del gobernador Alberto Weretilneck de ir a un nuevo mandato.
Afirmó Saber que para escindir fiscales y defensores en el Ministerio Público no se necesita una reforma constitucional, tal como lo dijo el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios, Héctor Leguizamón Pondal, como Rita Coustet y Miguel Cardella en sus proyectos en este sentido, con lo cual “evidentemente hay un acuerdo político entre la procuradora y el gobernador”.
Recordó que participaron de la última reunión interpoderes, donde se analiza la instrumentación de la reforma, más allá que SITRAJUR no la integra formalmente, “lo que consideramos una falta de respeto”, y allí “nos encontramos con un encuentro muy tenso, se nota abiertamente la problemática que hay entre el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y la Procuración, y en el medio estamos los empleados”.
“En ningún momento en esta reunión hubo una manifestación de la procuradora de que no se podía poner en vigencia el nuevo Código Procesal Penal”, consignó.
Dijo que el sindicato planteó qué iba a pasar con el presupuesto, si realmente se podía implementar la reforma y cómo, oportunidad en que Baquero Lazcano podía haber hecho su planteo vinculado a la modificación de la constitución, pero no lo hizo.
“La pregunta nuestra quedó en el aire, no fue respondida por nadie”, aseguró.
Saber expresó a la agencia APP que “vemos que no están los recursos, lo sabemos porque recorremos la provincia y no están los edificios adecuados para esto ni alcanza el personal”.
Marcó la contradicción que la procuradora el 4 de noviembre saca una resolución interna, la 746, en donde crea una superestructura para el Ministerio Público en razón de la nueva implementación del código, “incluyendo cargos que salen a concursos externos que son de los empleados, es decir, atenta contra la carrera judicial de nuestros compañeros”.
Consideró que el planteo de la reforma constitucional tiene más implicancias políticas, pero en el fondo marca que “todo es muy improvisado” en esto de poner en marcha el nuevo código.
Mencionó el trasfondo de las fallas del Poder Judicial, “por eso tenemos tantas marchas en las calles”.
“Los empleados le ponemos la mejor voluntad, pero las decisiones no pasan por nosotros”, consignó. (APP)