Viedma.- (APP) La actual polémica entre la Procuración General y los fiscales, y el Superior Tribunal de Justicia y otras magistrados, respeto a la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal a partir del 1 de marzo, discurrirá por un termino medio a instancias del gobernador Alberto Weretilneck y se aplicará solamente el primer año en el área de competencia de la cuarta circunscripción judicial con epicentro en la ciudad de Cipolletti.
Esta decisión, que en definitiva será corroborada en el recinto de la Legislatura, se conoció después que el gobernador Weretilneck analizara la situación planteada con representantes de la oposición parlamentaria, entre ellos con el titular del bloque del Frente de la Victoria (FpV), Alejandro Marinao y el legislador Ariel Rivero, de la misma bancada y vice presidente primero de la legislatura.
Habrá que ver cómo se termina de definir esta situación planteada como una fuerte controversia, porque a los temas específicamente jurídicos e institucionales se le suma la necesidad de la reforma de la constitución provincial planteada por la procuradora Silvia Baquero Lazcano para escindir el Ministerio Publico en Defensoría y Fiscalía.
Tal tesis, por las suspicacias políticas que ha desencadenado al coincidir en líneas generales con la comentada pretensión oficial de introducir en cualquier modificación de la carta magna rionegrina la re-reelección del gobernador, ,tiene también extendidos rechazos. Entre ellos del camarista Héctor Leguizamón Pondal, la jueza Rita Coustet, y el abogado del foro de Viedma e integrante de la comisión interpoderes Miguel Cardella.
Éste último argumentó en declaraciones a Radio Nativa-Agencia APP que el nuevo código es una unidad y no puede ponerse en vigencia en una circunscripción y en otras no, porque significaría consagrar la existencia de ciudadanos de primera y segunda categoría, según sean beneficiados o no por el nuevo ordenamiento penal.
Obviamente también se puede ubicar en esta posición de férrea resistencia a la titular del Superior Tribunal de Justicia , Liliana Piccinini, disconforme con la aplicación parcial del CPP.
La propuesta de la Procuradora y los fiscales indican la necesaria reforma constitucional, que no es apoyada por los Defensores , que si bien coinciden con la finalidad de las autonomías de ambos ministerios, pero consideran que ese objetivo se puede obtener con reformas sólo de carácter legislativo.
Mientras tanto, entre otras cosas , resta ahora la aprobación de tres leyes para la implementación del Código Procesal Penal, como son la reforma ley orgánica de la policía, de la Justicia y del Ministerio Público.
En este marco de acontecimientos, ha llamado mucho la atención la falta de posicionamientos públicos de la dirigencia de los Colegios de Abogados de la provincia y del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, como así de los legisladores de las distintas bancadas, y representantes de la dirigencia política, a excepción del legislador Nicolás Rochas del Frente para la Victoria que quebró el silencio reinante en una solitaria, pero muy saludable actitud.(APP)