Viedma.- (APP) Se llevó a cabo la octava reunión de la Unidad para la Implementación de la Reforma Procesal Penal, para dar cuenta de los avances y cuestiones a resolver para la puesta en marcha del nuevo paradigma, previsto por la Ley 5020 para el 1 de marzo.
El encuentro de trabajo contó con la presencia de los jueces del STJ Ricardo Apcarián, Enrique Mansilla y Sergio Barotto, además del Dr. Eduardo Rosso en representación de la Procuración.
En principio se abordó la cuestión de las capacitaciones llevadas a cabo a lo largo de la provincia y el cronograma restante hasta fin de año. Se consignó que más de 850 magistrados, fiscales, defensores, funcionarios, personal del Poder Judicial, abogados y periodistas se capacitaron desde el 28 de febrero a la fecha.
En segundo término se trató la cuestión edilicia necesaria para la Reforma Procesal Penal. En este marco, el área de Administración dio cuenta que se encuentran firmados y en vigencia los alquileres de inmuebles necesarios para la Reforma y cuya partida presupuestaria específica fuera prevista por la Legislatura en la aprobación presupuestaria para 2016.
El informe incluyó las locaciones vigentes en Viedma, Cipolletti, Villa Regina y Bariloche. Dos tercios de los edificios alquilados para la Reforma fueron solicitados por el Ministerio Público en las reuniones anteriores de la Unidad de Implementación. En este sentido, también se detallaron las tareas en marcha y a concretar de refuncionalización e instalación de la tecnología necesaria para las salas de audiencia que requiere el nuevo sistema.
En distintas circunscripciones ya comenzaron las obras para la adecuación de las salas. En este marco, se fijaron plazos para las labores restantes. Junto a las locaciones, están en capacidad de entrega, con los trámites concluidos, el mobiliario y la tecnología de almacenamiento. Este último punto es vital dado que las audiencias serán públicas y orales, y donde el papel es casi íntegramente reemplazado por el soporte audiovisual digital.
La Unidad de Implementación de la Reforma Procesal Penal fue creada por el STJ y a través de la Acordada 5/2016 se dispuso una serie de medidas para hacer operativa esta unidad.
Está integrada por los responsables de las áreas de la Administración General del Poder Judicial, la Secretaría del Consejo de la Magistratura, la Gerencia de Recursos Humanos, el Área de Infraestructura y Arquitectura Judicial, la Coordinación de la Escuela de Capacitación, la Dirección de Comunicación Judicial; la Gerencia de Sistemas; la Coordinación de Desarrollo Organizacional, la representación de la Procuración General y la Secretaría de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia.