Viedma.- (APP) El politólogo Brian Richmond informó que una mayoría de los colegas de la provincia se oponen al proyecto para crear el Colegio Profesional de Ciencia Política de la Provincia de Río Negro, ya que recién se enteraron de esta iniciativa cuando ya estaba en la Legislatura e incluso se había aprobado en la Comisión de Educación. Afirmó además a APP que resulta de “una gravedad enorme” que se exija matricularse para cualquier actividad que se ejerza como politólogo, como la docencia, la investigación o ejercer un cargo político.
Indicó Richmond que “a nuestro juicio el proyecto esconde un claro intento de persecución política”, preguntándose: “¿Un politólogo cómo se podría juzgar que comete mala praxis?”.
Al consultársele quiénes de los colegas impulsa la iniciativa, respondió que “la única que se reconoció como autora y que incluso lo fue a defender a la legislatura fue Belén Scalesa, y lo hizo supuestamente en nombre de un grupo de politólogos autoconvocados que era mayoritario en la provincia; cuando nosotros conocimos los nombres de ellos y tuvimos conversaciones, nos llamó la atención que desconocían el requisito de la matriculación obligatoria”. “Se quedaron anonadados cuando les mostramos el proyecto, porque fueron estafados, el que Scalesa les había mostrado no era el mismo”, enfatizó.
Explicó que precisamente desde el Departamento de Estudios Políticos de la del Centro Regional Zona Atlántica de la Universidad del Comahue se comunicaron con graduados de toda la provincia y “nadie tenía idea del proyecto”, cuando en el mismo, en los fundamentos, se dice que surgió “del consenso” de politólogos de todo Río Negro.
Consideró en diálogo con APP que la iniciativa es inédita respecto “a la envergadura y alcances que implica en su regulación y matriculación”, fundamentando que habría que matricularse “para todas las incumbencias del título de politólogo, todos los ámbitos de aplicación en que un politólogo se quiera desempeñar, como docencia, investigación, cargos políticos, etc.”. “En los Colegios de Abogados y Médicos para investigar o dar clases no tienen la necesidad de matricularse”, clarificó.
Indicó que “esto es de una gravedad enorme”, ejemplificando que “la ciencia política no es una profesión de las denominadas liberales, como la de abogado, ingeniero o médico, donde el Estado Nacional considera que deben regularse y matricularse porque el ejercicio constituye cierto riesgo público”.
“¿Un politólogo cómo se podría juzgar que comete mala praxis? Este Colegio contempla un Tribunal de ética que vigilaría a un politólogo, pero ¿cómo se podría juzgar éticamente una profesión con tanto debate interno y tan heterogénea?”, explicitó.
Denunció que “los objetivos implícitos en este proyecto es construir un espacio de poder, un núcleo de politólogos minoritario, que sabemos además en qué encuadre político se inscribe, para regular desde allí la disciplina y personalmente a aquellos con quienes tienen diferencias ideológicas”.
Señaló además que el proyecto sería inconstitucional “porque si el título fue expedido por una autoridad nacional —lo que ya avala de por sí para ejercer la profesión en cualquier ámbito ya sea en la docencia, en la investigación, en alguna asesoría política, en una consultora, en ámbitos diplomáticos, o en cualquier otro ámbito de la ciencia política—, una provincia no podría arrogarse la responsabilidad de regular un título ya avalado por autoridad nacional y de obligar a matricular a sus profesionales.”
Recordó que “el artículo 126 de la Constitución Nacional expresa qué constituye una profesión liberal, por ende exigir determinada matrícula profesional para su ejercicio es competencia del gobierno federal y nunca de la provincia”. (APP)