Viedma.- (APP) Muy oportuna ha sido la decisión de los jefes comunales rionegrinos, por lo menos algunos de ellos, que con una dosis superlativa de sentido común y clara concepción de lo que significa desatar un proceso de desarrollo, pidieron al gobernador Alberto Weretilneck que sustrajera del listado de obras de infraestructura del Plan Castello las denominadas “ciudades judiciales”, a erigirse en algunos puntos geográficos de la provincia.
Se trata de trabajos públicos que superan en total los 100 millones de dólares, cifra que en un más pensado orden de prioridades se podrían canalizara otro tipo de medidas de gobierno que tengan un retorno rápido al servicio de la gente, dinamizando, la producción, el comercio o la industria y creando puestos de trabajo fuera de la órbita oficial.
Considerando un ejemplo y con la mano en el corazón ¿Puede Viedma, en su condición de capital inconclusa de la provincia reclamar a los gobiernos provinciales que construyan todos los edificios públicos que necesita -y que el Estado reemplaza pagando cifras astronómicas en alquileres- en forma imperiosa para exhibir su jerarquía de capital moderna y tener una compensación por lo que no se hizo aquí mientras fue centro administrativo provisorio de Rio Negro entre 1957 y 1974? Es algo imposible que necesita tiempo y un análisis de las circunstancias.
Pueden ser necesarias, pero no tal vez para este momento de la realidad rionegrina y del país, donde los gobiernos no pueden darse el lujo de priorizar obras “elefantiásicas”, por mero placer estético o una reparación histórica indiscutible, como en estos casos, para alojar a la burocracia judicial o a los agentes del Estado, según se trate, postergando otros frentes más acuciantes y que merecen ser en realidad privilegiados.
Paradojalmente observamos en estos días aquí en Viedma, la denuncia de empleados judiciales de una insólita e inexplicable invasión o proliferación de ratas en el edificio principal de la sede del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que dificultan la tarea de sus agentes.
Es decir que por falta de previsión de sus autoridades, ese edificio ha devenido en anti funcional porque está sobrepasado en su capacidad y además demuestra un ineficiente manejo para preservarlo y mantenerlo en las condiciones de salubridad correspondientes.
El tema lleva a lo ocurrido con la aplicación del Código Procesal Penal, donde se ha postergado su aplicación lamentablemente un tiempo más, entre otras razones alegando falta de superficies, carencia de edificios, etc.
¿No se pueden evitar esos requerimientos a veces exagerados disponiendo que los jueces y empleados trabajen en doble turno, mañana y tarde, para aprovechar racionalmente los espacios disponibles?
Quienes peinamos ya algunas canas, recordamos los tiempos fundacionales de la provincia durante el gobierno del Dr. Edgardo Castello (1958-1962) -de verdadera austeridad republicana- donde los jueces cumplieron eficientemente sus funciones, dictando sus sentencia las mayorías en las veces en sus estrechos despachos y en un marco de grandes incomodidades.
Y así lo hicieron sus sucesores, conocedores de que la economía de Río Negro no tiene ni remotas equivalencias con sus jurisdicciones similares de los Estados Unidos, Inglaterra o Alemania. Realidades que obligan a asentar los pies sobre la tierra.
Hoy tal vez se ponga más énfasis en estas cuestiones de los diseños arquitectónicos y la construcción de las “ciudades judiciales” que de generar primordialmente una administración de justicia más rápida y eficiente, que pueda ser valorada, apreciada y respetada por todos los rionegrinos.
Nuevo capítulo para la Defensoria
Lo que se venía comentando en voz baja en distintos pasillos oficiales antes del regreso del gobernador Alberto Weretilneck de España, cuando acompañó al presidente Mauricio Macri, se confirmó a su regreso a Viedma.
El Poder Ejecutivo desechó cualquier posibilidad de reelección de Nadina Díaz al frente de la Defensoría del Pueblo y dispuso poner en marcha el mecanismo de sucesión en ese organismo de contralor.
De esta manera el gobierno encarrilló un proceso inclinado hacia un rumbo irreversible, iniciado por la propia abogada de Villa Regina, cuando sorpresivamente formuló declaraciones en el Alto Valle confirmando su pretensión de retener el cargo por otros cinco años.
En esa oportunidad subrayó “estar expectante para ver cómo van a tomar las autoridades el procedimiento de elección o de reelección”, sostuvo.
La respuesta no se hizo esperar y la Legislatura ya está evaluando si se mantendrá el mecanismo de inscripción voluntaria y posterior selección de candidatos, que se aplicó últimamente por resolución, para designar al muevo Defensor del Pueblo.
La segunda variante es simplificar el proceso y elegir directamente por la fórmula establecida en la ley 2576, con una propuesta de labor parlamentaria y la votación en el cuerpo por los legisladores. En este caso se debe obtener una mayoría especial de dos tercios de los votos del cuerpo.
El caso de la Defensora del Pueblo tiene sus particularidades muy propias; la Dra. Nadina Díaz, sin pertenecer al partido Juntos Somos Río Negro, es algo así como una ciudadana “fronteriza”, cercana a esa agrupación partidaria sin ser ni afiliada, ni militante, y su padre Oscar Díaz, es amigo del gobernador Weretilneck, un referente importante en Villa Regina de esa entidad política y la representa en el parlamento rionegrino.
Se trata de la típica situación donde hechos no previstos y muchas veces por obra de las circunstancias, los vínculos y los afectos familiares o amistosos, pueden resultar lesionados por la implacable praxis del quehacer político. Y a veces los primeros en ser sacrificados son los amigos, quienes en definitiva siempre aportan su comprensión. Por supuesto una pócima muy amarga y difícil de digerir.
El legislador Díaz comparte el criterio de su hija de seguir desempeñando su función en la Defensoría, no quiso ser prescindente en el tema y en ese sentido conversó honestamente y sin reservas el tema con varios de sus pares.
El jueves último se reunió con Weretilneck y en la jornada siguiente su hija también estuvo en el despacho del Gobernador argumentando sus aspiraciones de tener continuidad en el organismo de contralor.
Se desconoce en ambos casos cuál fue la respuesta del primer mandatario a estos interlocutores en los respectivos encuentros que se desarrollaron en muy buenos términos y si Weretilneck brindó esperanzas de que la doctora Díaz pudieran repetir otro mandato.
Pero ya no existen dudas y los chequeos periodísticos así lo indican en los distintos ámbitos, que el gobernador no ha sido ajeno al cambio que se dispuso y que seguramente no pasa por un cuestionamiento a la tarea cumplida por Nadina Díaz, sino que principalmente obedece a lo que se llama “razón de Estado” o a necesidades políticas de alto nivel que hacen al proyecto político gobernante. Esta especie de relevo, que en definitiva no lo es, no tiene nada que ver con el desempeño en sus funciones de la actual Defensora, se intentó explicar a la agencia APP.
Algunos observadores señalaban en los últimos horas que así como Oscar Díaz, con total legitimidad, hizo causa común con su hija en esta ocasión y asumió su defensa, también podría adoptar idéntica conducta el titular de la UPCN, Juan Carlos Scalesi -a quien el gobierno le debe favores-, con su esposa Adriana Santagatti, la Defensora del Pueblo Adjunta, para repetir su cargo.
Por algunos de esas razones se comenzaron a conocer sondeos y diálogos promovidos por representantes oficiales con las otras fuerzas de la oposición en la Legislatura sobre la base de la culminación definitiva del mandato de Nadina Díaz.
No es menos cierto que en el tinglado oficial, se quiere cerrar rápidamente este capítulo, sin apelaciones ni demoras, para que la Defensoría ingrese en una nueva instancia.
Al parecer la vacante a ocupar en la Defensoría del Pueblo posibilitaría que ese lugar sea destinado a un dirigente de la oposición, jugada estratégica que dejaría abierto los caminos para otorgarle viabilidad sin sobresaltos en la Legislatura a proyectos claves para la administración, en el corto y mediano plazo.
Entre ellos el aval a los bonos en dólares para el endeudamiento externo como medio para financiar el Plan Castello y la latente iniciativa de la reforma constitucional para asegurar la re-reelección del primer mandatario.
Para estas coyunturas de mayorías especiales de los dos tercios necesitará de otras voluntades parlamentarias, que algunas ya tiene y otras serán fruto de estas negociaciones que ahora están ocupando el centro de la escena, que dejen libres los acuerdos políticos para el cercano y mediano plazo.
Mientras tanto, los postulantes de nivel para disputar el cargo de Defensor del Pueblo se multiplican todos los días. Se supo por ejemplo que un abogado de Viedma, muy conocido, de edad mediana, con importantes antecedentes políticos partidarios e institucionales, estaría efectuando consultas para decidir su inscripción.
En la misma situación se encontraría Néstor Busso, periodista y director de Radio Encuentro de Viedma, directivo de entidades internacionales de radios comunitarias y ex secretario de Derechos Humanos de la provincia.
Además figura en estos prolegómenos el apellido de una mujer de mucha resonancia en los movimientos sociales y en las organizaciones de los derechos humanos. Todo indica que se planteará una puja entre calificados aspirantes provenientes de las distintas procedencias ideológicas y políticas e independientes.
El contagioso virus reformista
El gobernador de la provincia de Mendoza el radical Alfredo Cornejo se ha sumado a lista de los mandatarios que aspiran a la reelección en su cargo e integra así la nómina de otro de sus pares, entre ellos el rionegrino Alberto Weretilneck.
En la misma situación se encuentran ya hace más de un año Santa Fe y Corrientes, que han transformando esas intenciones en motivo de un extendido debate público con activa participación de los medios periodísticos.
La proliferación de estas iniciativas, aún después del fracaso de lo ocurrido de Santiago del Estero, donde intervino la Suprema Corte de Justicia, indicaría que el Poder Ejecutivo nacional no ha desalentado categóricamente este tipo de proyectos y deja hacer en el marco del principio de las autonomías provinciales. Como es fácil de imaginar, estos antecedentes le vienen muy a bien las autoridades rionegrinas, decididas a alcanzar también ese objetivo, pero han creído prudente, “desensillar hasta que aclare” y aguardan los comicios de octubre para volver después, números a la vista mediante la reforma de la constitución.
Dirigentes radicales en acción
Dirigentes radicales rionegrinos, motivados por los resultados de la reciente reunión en Villa Giardino, están poniendo manos a la obra en la reactivación partidaria y lubricando los vínculos políticos con hombres y mujeres del PRO para concretar Cambiemos.
Precisamente, para quienes conducen la UCR, la consigna de las deliberaciones de Córdoba, de constituir Cambiemos en los 24 distritos del país, para transformar la actual entente parlamentaria en una coalición de gobierno, es tal vez el máximo objetivo militante.
Con esa finalidad hubo una reunión en el Comité Central, en Viedma, donde Pedro Casariego informó sobre la convención de Dina Huapi donde el PRO aprobó constituir la alianza con el radicalismo y anunció próximas reuniones del agrupamiento, posiblemente una de ellas en Viedma.
También estuvieron presentes en esas deliberaciones el presidente del comité central Darío Berardi, el ex ministro y ex legislador Daniel Sartor, el abogado Santiago Ibarriolaza, vicepresidente del Comité Viedma y ex funcionario de los gobiernos radicales y Juan Carlos Valles, convencional provincial, ambos del sector interno Cambio Radical.
Este último reseñó los resultados de una reciente gira que protagonizó por el interior rionegrino, señalando en especial reuniones con dirigentes del denominado “Espacio Carrió”, emigrados disidentes de la CC-ARI, partido en la provincia que bajo la conducción de Magdalena Odarda desoyó la integración a Cambiemos y es opositor al gobierno nacional.
“Este sector se sumará ahora a Cambiemos,” aseguró Valles.
Problemas y desdichas de Juan Martin
Voceros de la Casa Rosada coincidían y así lo hicieron saber a sus amigos radicales y del PRO, que la figura del delegado del Ministerio del Interior, Juan Martín, ingresó en un peligroso tirabuzón como consecuencia de la sumatoria de desaciertos políticos cometidos, teniendo en cuenta la representación que inviste y en desmedro de las relaciones que el presidente Macri mantiene con la administración rionegrina.
La filípica en tono muy severa habría estado a cargo del propio ministro Frigerio y aseguran que tuvo el carácter de un ultimátum.
Los informantes indicaron que el dato que colmó la paciencia fue el sabotaje a la reunión de intendentes rionegrinos de Cambiemos (radicales y del PRO) que convocó el mandatario y sus ministros para tratar el Plan Castello, organizando una similar en la misma fecha en Buenos Aires. Ese gesto de Juan Martín fue muy mal recibido en la Casa de Gobierno, aquí en Viedma, y el desagrado fue extensivo a los intendentes que respondieron a su llamado.
A Juan Martin le reprochan demás, sus movimientos para la pre-candidatura a diputado nacional -nadie sabe quiénes son sus promotores-, la audacia para ser incluido entre los dirigentes políticos que se someten a la medición de sus posibilidades electorales y las prácticas proselitistas de fin de año, (¿Pan Dulce y Sidra?, anticipadas en General Roca, distribuyendo cajas de regalos con su nombre y apellido. Juan Martín por estos días se repone de sus fatigas y ansiedades en las playas mejicanas de Cancún.
La molestia de las autoridades provinciales se centraliza especialmente en dos de esos jefes comunales que no respondieron a su convocatoria, quienes desde siempre vinieron manifestando una marcada identificación con las políticas provinciales y quedaron a un paso de incorporarse a Juntos Somos Río Negro.
Uno de estos jefes comunales de filiación radical -conocido por su permanente dualidad- hizo ingentes esfuerzos de disputar la jefatura partidaria en elecciones internas, pero como aquel pavo de los versos de Almafuerte, “amainó el plumaje al primer ruido”. El susodicho no anda con chiquitas y pretende ser elegido legislador provincial.
El Grupo Viedma viaja a Cipolletti
Como estaba previsto, el denominado “Grupo Viedma” se reunirá en Cipolletti el próximo día 10 del corriente respondiendo a una convocatoria de Aníbal Tortoriello, intendente de la ciudad valletana e importante dirigente del PRO.
Esa convergencia de los políticos capitalinos de distintas extracciones partidarias hacia el Alto Valle es la culminación de una serie de encuentros ya celebrados con la finalidad de sumar esfuerzos para conformar la alianza PRO en distintos lugares de la provincia.
Esta tarea se verá facilitada de ahora en adelante por las conclusiones acordadas en Villa Giardino, en el plenario radical de Córdoba, y la asamblea del PRO en Dina Huapi.
El cambio de domicilio de Viedma a General Roca, y sus múltiples ocupaciones en la actividad privada, han determinado que el ex ministro radical José Luis “Rafucho” Rodríguez se encuentre ahora funcionalmente alejado del “Grupo Viedma”, aunque siga compartiendo los mismos objetivos políticos de marchar hacia Cambiemos.
La representatividad y las conclusiones de la reunión prevista en Cipolletti permitirán apreciar cómo proseguirá ese proyecto en el futuro cercano y las posibilidades que pudiera tener en la geografía provincial.
El senador Pichetto en El Cóndor
El titular del bloque de senadores del FpV en la cámara alta del Congreso Nacional, Miguel Pichetto, estuvo el jueves próximo pasado en su residencia veraniega del balneario El Cóndor, a 30 kilómetros de esta capital.
Se estima, según sus allegados, que Pichetto tenía programado pasar cuatro o cinco días en la villa marítima en el período de un breve descanso, pero algún llamado procedente del nivel nacional lo hizo interrumpir su estadía y a las 24 horas de su llegada emprendió viaje a la capital federal.
Pichetto, quien llego sin acompañantes, tampoco mantuvo reunión alguna con su habitual grupo de amigos y compañeros de la actividad política, salvo encuentro de esta última índole que se mantuvo en la mayor reserva.
Hora de la verdad para el Plan Castello
El gobernador Alberto Weretilneck está decidido a agilizar los trámites para que la Legislatura de la provincia protagonice el debate parlamentario y otorgue tratamiento al denominado Plan Castello, posiblemente el próximo miércoles 22 de marzo.
Como se sabe, el plan que lleva el nombre del ex gobernador consiste en un importante conjunto de obras públicas e infraestructura diseminados en las distintas localidades y regiones de la provincia. Ahora el gobierno, a través de sus operadores, está conversando con los legisladores para obtener los dos tercios de los votos necesarios para aprobar el endeudamiento de bonos en dólares. Juntos Somos Río Negro debe sumar seis votos más de los veinticinco parlamentarios que tiene.
Se descuenta que ya acordaron favorablemente los legisladores Soraya Yahuar de la UCR y Daniela Agostino y Jorge Ocampos, del ex bloque del Frente Progresista, actualmente identificado con Cambiemos. La bancada más refractaria de apoyar al oficialismo en este proyecto es el Frente para la Victoria, donde un grupo bastante numeroso de legisladores se niega a aportar su voto positivo. (APP)