Viedma.- (APP) La decisión de las máximas autoridades del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de comenzar con la vigencia del proceso de vigencia del nuevo Código Procesal Penal que establecerá el denominado sistema acusatorio, cuya fecha estuvo señalada para el primero de marzo del próximo año, afronta ahora un serio inconveniente como consecuencia de la posición de la procuradora General, Silvia Baquero Lazcano, y los fiscales, que supeditan el cambio a una reforma constitucional que permita escindir dicho organismo en ámbitos correspondientes a fiscales y defensores respectivamente.
Estas posiciones encontradas que comprometen el fecha inicialmente establecida, tenían que confrontarse en un debate en la Comisión Interpoderes cuya reunión se había fijado para el miércoles último y debió ser suspendida. En ese encuentro además se iban a discutir los proyectos de reformas de las leyes de la Policía, la Justicia y el Ministerio Público.
Se informó que la nueva reunión programada entre Baquero Lazcano y los integrantes del Superior Tribunal de Justicia se realizará a fines del corriente mes. La Procuradora General remitió notas con los criterios de los integrantes del Ministerio Público, al Superior Tribunal de Justicia, al Gobnador, al Vicegobernador y a la Comisión Interpoderes.
Y anexa las actas y conclusiones de las reuniones de los fiscales y los defensores, en las que ambos coinciden en la imposibilidad de aplicar la reforma del Código Procesal Penal.
Entre las diferencias expuestas por defensores y fiscales, se da la referida a la reforma constitucional. Los primeros auspician la reforma constitucional para escindir y dotar de respectivas autonomías funcionales a la Fiscalía y a la Defensa, “pues un Ministerio Público que acusa y a su vez defiende es una contradicción insuperable», sostienen.
Los defensores coinciden en la imposibilidad de avanzar hacia un sistema acusatorio con una” cabeza única”, advirtiendo “la nulidad absoluta de cualquier juicio», pero entienden que no es necesaria la reforma de la constitución para lograr la autonomía pretendida, ya que bastarían algunas modificaciones en la ley.
En otra parte la defensa ratifica la imposibilidad de comenzar con la Reforma Procesal “ ya que no puede garantizar las condiciones para cumplir con la audiencias, ni tampoco cuenta con el personal necesario. Sólo se podrá implementar cuando cuenta con el personal necesario, funcionarios y equipo». (APP)