Viedma.- (APP) En el Centro de Estudios Patagonia (CEP) se puede leer un informe relacionado con la temática de la concentración de la tierra donde se señala que “la ONG Oxfam presentó un informe sobre el reparto de la tierra en América latina. Según este informe el 0,94% de los dueños de las grandes extensiones productivas maneja el 33,89% del total del territorio argentino”. Desde nuestros orígenes como Nación -y especialmente en la etapa de consolidación del Estado nacional a fines del siglo XIX- algo que nos ha caracterizado es la concentración de la tierra en pocas manos y esto asociado a la venta y los negociados sin escrúpulos de la tierra pública.
Como señaló Sarmiento en sus últimos años de vida, la concentración de la tierra en pocas manos era quizás el problema central «que nos impidía ser norteamericanos», en el sentido de superar el atraso y sentar las bases de un desarrollo industrial. Allá miles de colonos accedían a tierras, acá se imponía el latifundio. Todo empezó mucho antes de la Generación del ’80 y el genocidio de la Conquista del Desierto.
Ya a principios de 1820 el interés británico por nuestros cueros fue de la mano con el interés creciente de “los viejos hacendados” en la tierra pública, como señaló el historiador V. F. López. La Ley de Enfiteusis de Rivadavia, aunque teóricamente proponía la distribución racional de la tierra para fomentar la agricultura y una multiplicación de colonos, en la práctica produjo lo contrario. Fueron “los grandes terratenientes y hacendados que ya tenían tierras desde la época de la Colonia” los que se aprovecharon y “253 personas tomaron en propiedad 1.264 leguas cuadradas de tierra”, como escribió J. J. Sebreli en “La saga de los Anchorena”. La lista de enfiteutas fue encabezada por apellidos famosos, como Anchorena, Alvear, Azcuénaga, Alzaga, Rosas, Lacarra, Borrego, Díaz Velez, Otamendi, Lezica, entre otros. El proyecto de inmigración de Rivadavia fue “naturalmente” saboteado si tenemos en cuenta que la comisión para contratar colonos europeos estaba presidida e integrada por notorios hacendados, como el propio Rosas. Por eso: “A su amparo –Ley de Enfiteusis”- la ganadería acentuó su dominio”, como escribió Gastón Gori en “Inmigración y colonización en la Argentina”. Gori agrega: “La liquidación de la enfiteusis comienza con el decreto del 9 de junio de 1832. Las donaciones de tierra de media legua de frente por una y media de fondo ‘en el Arroyo del Azul y campos fronterizos de pertenencia del Estado’ distribuídas por ‘personas que el gobierno se reserva nombrar según lo estime conveniente’, inician una época en que el favor político y la persecución a los adversarios se ejercen mediante los bienes territoriales de propiedad pública”. De este modo “la tierra distribuída fue poco a poco a caer en manos de acaparadores que nunca colonizaron”, como escribió Jacinto Oddone, y así la pampa “se convirtió en feudo de pocas familias”.
En mayo de 1836 se realiza una venta de 1500 leguas cuadradas de tierra pública y los adquirentes siguieron siendo los mismos apellidos Anchorena, Alzaga, etc.. Luis Franco señala que 85 estancieros enfiteutas detentaban 919 leguas de tierra “en cuya posesión habían entrado sin desembolsar un centavo ni pagar el canon”. También Rosas y otros amigos hacendados fueron ensanchando sus tierras “vendimiando a dos manos como intermediarios entre los indios y el gobierno”.
En la “Campaña al Desierto” de Rosas de 1833 ya se insinúa lo que pasaría con la que realizaría Roca. El propio Rosas “rechaza” la Isla de Choele Choel que le fuera donada “por derrotar a los indios”, pero con la condición que le otorguen “en igual forma una extensión de 50 o 60 leguas cuadradas en cualquier punto de los campos de la provincia… que designe a su elección el infrascripto”. El país se va midiendo en términos de latifundios.
Según Avellaneda en 1840 unas 293 personas poseían 3.436 leguas de tierras, y según Sarmiento, unos años después, 52.000 millas cuadradas, tres veces la superficie de Inglaterra, estaban en manos de 825 propietarios. Con la caída de Rosas no cambia nada y la tierra pública se siguió repartiendo “entre los feligreses respetables”, como escribió Luis Franco.
Las distintas leyes en este sentido de 1855, ’56, ’57, ’58 y ’59 terminaron beneficiando a los mismos “pobladores y colonizadores” del tiempo de Rosas, los mismos que reincidirían 30 años después con Roca. “Disfrazados ayer de enfiteutas, hoy de arrendatarios, de colonizadores, de conquistadores del desierto, de servidores de la civilización y el crucifijo, son los tragaleguas de siempre”, sentenció Luis Franco en “La pampa habla”.
Con Roca, las 15.000 leguas conquistadas hasta Río Negro, más las 20 de la Patagonia –varios países europeos juntos- fueron repartidas entre los mismos apellidos que venían usufructuando de la tierra pública. Una familia muy conocida por los argentinos, la de los Martínez de Hoz, se hizo de 1.000 leguas pagando 300 mil pesos solicitados por Avellaneda para financiar la expedición de Roca. Cuando a principios de la década del ’80 llegan al país casi un millón de inmigrantes con el afán de hacerse de un pedazo de tierra, se dicta la ley 1.501 que sirve para distribuir la tierra, no a esos esperanzados colonos, sino a “los militares que han hecho la campaña al desierto” (Luis Franco). Primero se reparten casi 5 millones de hectáreas entre los herederos de Adolfo Alsina, jefes de frontera, jefes de batallón, sargentos mayores, capitanes, tenientes, subtenientes y soldados (aunque a estos últimos les toca sólo unas 100 hectáreas, mucho menos que las 8.000 que les correspondía a cada jefe de frontera). Posteriormente se reparten otros 3 millones de hectáreas entre 154 uniformados. Todo este proceso teñido de corrupción, robo, acaparadores, agentes y reventas terminó consolidando los latifundios, algunos con más de un millón de hectáreas (Oddone) y aquí está la causa de la distorsión y detenimiento del progreso del país. En Estados Unidos, entre 1860 y 1910, las granjas pasaron de 2 millones a 6 millones, creando un inmenso mercado de consumo para la industria propia, “mientras entre nosotros ocurría canónicamente lo contrario” (Luis Franco).
Ismael Viñas escribió en “Economía y dependencia” que entre 1876 y 1893 se enajenaron 42 millones de hectáreas de tierras públicas, llegando a subastarse 400 leguas en una sola operación en Londres a $ 0,48 la hectárea. Sebreli escribió en “Los oligarcas” –muchos antes de su involución hacia la derecha y el neoliberalismo- que: “En los comienzos del siglo XX la tierra estaba completamente repartida. El censo nacional de 1914 indicaba la existencia de 2.958 propiedades de 5.000 a 10.000 hectáreas; 1.474 de 10.000 a 25.000, y 485 de más de 25.000 hectáreas”. En 1971 todavía se calculaba que 1 % de los propietarios tiene en su poder el 70 % de la tierra explotable y unas 272 personas poseían casi la sexta parte de la provincia de Buenos Aires.
En la Patagonia muchas estancias fueron quedando en manos de ingleses, ya que eran “los socios” del modelo instaurado por la oligarquía terrateniente, y en familias como los Braun-Menéndez, que consolidaron un fuerte poder económico-territorial en el sur chileno y argentino. Fueron ampliando sus dominios pagando “una libra esterlina por cada par de orejas de indio que entregaban”, como reconoció a principios del siglo XX el propietario inglés de la estancia “El Tehuelche” de Santa Cruz. Para ello se usaban como matarifes a muchos “empleados” también ingleses de nacionalidad. Estos estancieros eran en su mayoría socios del Jockey Club de Buenos Aires, que reunía a los principales oligarcas argentinos, y aunque izaban la bandera inglesa en sus estancias, integraban también la tan argentina Liga Patriótica que perseguía a obreros anarquistas. Ingleses y antecesores de algunos funcionarios nacionales actuales se hicieron de tierras no solamente sustituyendo los onas y tehuelches por lanares, sino también sobornando y comprando a los funcionarios enviados a la Patagonia por el poder central, proclives a ello por la carencia de comestibles y artículos de primera necesidad “que sólo de tarde en tarde y en cantidades exíguas se recibían al arribo, cada seis, ocho y hasta diez meses, de un transporte de la armada nacional”, según escribió José María Borrero. A principios del siglo XX sólo algunos patriotas, como el juez Ismael Viñas, pusieron un poco de coto a esta rapiña y frenaron las fraudulentas exportaciones que se hacían de lanares sin ningún pago de derechos a las autoridades nacionales.
El CEP señala con razón que un ejemplo de concentración de tierras en la Patagonia es el de “las estancias instaladas por la compañía The Argentine Southern Land Company (TASLCo.)”. Esta historia fue muy bien recreada por Ramón Minieri en su libro “Ese ajeno sur”. Cuando en los últimos tiempos el Estado nacional y el provincial chubutense reprimen a una comunidad mapuche calificándola de “terrorista” por reclamar apenas un pedazo de esas tierras, es bueno conocer cómo surgió “la propiedad privada” de esos territorios. En una entrevista que le hice a Minieri sobre ese libro, el escritor riocoloradense explicó cómo la Compañía de Tierras del Sud Argentino –así sería la traducción- surge a partir de una graciosa concesión de tierras del Estado argentino, malversando lo que establecía la llamada Ley Avellaneda: “Había dos modelos de país, el de Sarmiento y el de Alberdi. Alberdi transige con los latifundios, con el caudillismo del interior, con una dosis de realismo. Mientras que Sarmiento termina siendo un permanente crítico de todo este proceso de expropiación y privatización de la tierra pública. Él decía que los favores políticos se pagan con tierras, cuando se quiere conquistar a un adversario se le regalan tierras o cuando el nombre del hermano de Julio Argentino Roca lo transforma en un sobrenombre, al decir que ‘Argentino conquista las tierras y el hermano las ataliva’, por Ataliva Roca (hermano del presidente Roca), que es el que hacía los negocios no limpios. La Ley Avellaneda era muy generosa para convocar colonos a la Argentina, realmente en Avellaneda todo su ideario es congruente con esta ley. El lema ‘el país se va a salvar por el trabajo de los argentinos’, una visión no financiera de la cuestión tierras. Era una ley por la cual se le regalaba tierra a cada colono, hasta 100 hectáreas, las hectáreas adicionales estaban a un peso por hectárea, se le da al colono gratis el pasaje desde su país de origen a la Argentina, se lo aloja gratis durante tantos días en el Hotel de Inmigrantes, se lo lleva también en forma gratuita a su lugar de destino. Le daba bastantes condiciones favorables, como no pagar derecho aduanero alguno por traer sus herramientas de trabajo. Y el artículo 3 de la ley establece que a las empresas que quieran traer colonos se les puede dar hasta 80 mil hectáreas, en forma de concesión. (…) Esta entrega (de lo que luego sería la compañía inglesa) estaba condicionada a que se trajeran colonos en el plazo de dos años y hacer inversiones mínimas. Aparecen once personeros, hombre de paja, ante la Oficina de Tierras y Colonias a pedir cada uno 80 mil hectáreas, con un garante. Son los mismos apellidos mezclados, de argentinos, ya que de los once sólo una concesión la solicita un inglés. A estos once en tiempo récord se les aprueba la concesión. En un caso el trámite tardó solo catorce días desde presentar la notita en Tierras y Colonias hasta el decreto de Juarez Celman, el cuñado de Roca que estaba de presidente. Si algún trámite tardó mucho fue de un mes y medio. Pero todos estos transfieren las tierras a otros y piden el cambio de lugar. Las habían pedido en Formosa, Chaco, Neuquén, y rápidamente pasan a formar un damero de cuadros diagonales entre la Cordillera (El Maitén, Leleque, Cholila) y la costa atlántica y Puerto Madryn, con parte en la llamada Línea Sur rionegrina (Maquinchao, Sierra Colorada)”. Respecto a cuántas tierras llegó a tener La Compañía, Minieri informó que son “un millón cien mil hectáreas”, y esto sin haber puesto un peso. “Nada”, afirmó. Minieri explicó además cómo el estado argentino formaliza ese robo por otra ley: “En 1892 se presentan una cantidad de concesionarios y dicen que no han podido cumplir con las condiciones de estas concesiones porque las tierras son áridas, lejanas, no hay medios de transporte, los colonos no quieren venir. En los informes que hace el directorio a los accionistas se cuidan cada año, del ’89 al ’92, de decir que han buscado traer colonos pero no pueden. Querían traer colonos alemanes, pero no hay caso, también chilenos, pero tampoco, dando pie al argumento que no se pudo colonizar. Y el Estado argentino siempre apurado y siempre endeudado, dice que más vale llegar a un remedio y cosechar unos pesos, recuperar algunas tierras, a través de la ley que se llama De Liquidación”. Respecto a la evolución de La Compañía hasta llegar hoy a que prácticamente todas esas tierras sean de Benetton, indicó Minieri: “En 1974 pasa La Compañía a una sociedad trucha que se llamaba Grade Western Company Limited, con sede en Luxemburgo, de tres capitalistas argentinos, Menéndez, Ochoa y Paz, representantes de la oligarquía argentina. Durante un tiempo todo sigue aparentemente sin cambios, La Compañía sigue con su nombre inglés, controlada por una compañía con sede en Luxemburgo. Menéndez, Ochoa y paz recorren cada tanto los campos, hay que mandarles a ellos los romaneos de la lana. En el ’82 con la Guerra de las Malvinas, Galtieri tira un decreto por el cual incauta o congela las cuentas bancarias de las empresas británicas y las empresas mismas quedan en observación. Entonces allí Menéndez, Ochoa y Paz ante un escribano transparentan que desde hace tantos años son dueños de La Compañía, es decir, que era argentina, no británica. Y ahí cambia el nombre del inglés al castellano y se llama Compañía Argentina de Tierras del Sud. (…) Benetton compra las mismas tierras. No estaban ya las estancias La Patagonia y Los Alfalfares, de Santa Cruz y Córdoba, respectivamente. Pero después las compra también. (…) se hace cargo de la historia de la empresa; ha comprado el capital simbólico e histórico también y por eso tiene como lema que esta empresa ha estado cien años desarrollando la Patagonia. Y en los conflictos con las comunidades indígenas salen a alegar que son los legítimos ocupantes y propietarios de estas tierras desde 1889. Obviamente que se oculta la verdadera historia así como los ‘corrimientos de alambrado’ de 1937 que avaló el presidente Agustín P. Justo”.
Toda esta historia explica en gran medida la desidia que siempre se tuvo con las tierras y porqué, todavía hoy, un extranjero puede venir y comprar miles de hectáreas de tierras extremadamente ricas y día a día incluso ampliar su dominio como pasa con el inglés Joe Lewis, el amigo del presidente Mauricio Macri.
Como señaló recientemente Susana Lara en “El cohete a la luna”, el conflicto por el derecho al territorio del pueblo mapuche-tehuelche en el área del lago Nahuel Huapi “hunde sus raíces” en toda esta historia de concentración de la tierra como uno de los ejes de la conformación misma del Estado argentino. Y alerta con razón que hoy “está intacta la agenda neoliberal trazada en los 90 de incorporación al mercado de la riqueza en biodiversidad, bosques nativos intactos, fuentes de agua dulce sin contaminar y suelos libres de agroquímicos en áreas con relativamente poca población”. Por eso el CEP indicó en su informe que: “La concentración de tierras en la mayoría de los casos responde a lógicas extra-territoriales asociadas a oportunidades de los mercados internacionales”. (APP)