Viedma.- (APP) Los diputados del FpV Rodolfo Tailhade y Martín Doñate presentaron una denuncia por tráfico de influencias, negociaciones incompatibles y uso de información privilegiada.
Los diputados del FpV-PJ Rodolfo Tailhade y Martín Doñate denunciaron este miércoles a funcionarios del Gobierno Nacional por favorecer ilegalmente a las sociedades de la familia presidencial en la adquisición y venta de parques eólicos.
Según la investigación de la periodista Emilia Delfino de Perfil, el Grupo Macri ganó al menos 48 millones de dólares con las maniobras irregulares, que le permitieron comprar y luego vender a un precio superior los parques. Es por eso que, los legisladores acusaron a funcionarios de tráfico de influencias, negociaciones incompatibles y uso de información privilegiada, «que fueron el marco fáctico sobre el cual se edificó un negocio multimillonario e ilegal que favoreció a la familia presidencial», denuncian.
Los parques eólicos investigados son Loma Blanca I, II, III y IV, en Chubut, adquiridos a la española Isolux Corsán en octubre de 2016; y los parques Loma Blanca VI y Miramar, que Isolux Corsán obtuvo un mes después en el RenovAr 1.5 y que luego transfirió a sociedades vinculadas a la familia presidencial.
Cinco de esos parques fueron vendidos a la china Goldwind y el restante a la nacional Genneia, en una operación que les reportó una ganancia de al menos 48 millones de dólares.
La denuncia recayó sobre el juez Marcelo Martínez de Giorgi y será investigada por el fiscal Eduardo Taiano. Uno de los puntos que plantean como evidencia los diputados es la relación comercial entre Isolux Corsán y las empresas del Grupo Macri, que incluye la conformación de una UTE para construir las centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier Estanislao López.
En su denuncia los diputados se explayaron en la estrecha e íntima relación comercial de Isolux con las compañías familiares de Macri. Juntos crean en Argentina la sociedad ODS (holding cuyo 51 por ciento de acciones pertenece a Angelo Calcaterra y que era controlante de IECSA, Creaurban, Madero Urban, entre otras empresas de la familia Macri) e Isolux denominada Corpus Energía SA con la que desarrollarían proyectos vinculados a la energía eléctrica. Además de numerosa UTE –entre Iecsa e Isolux– con la que ganaron licitaciones para el tendido de redes de alta tensión como Líneas Mesopotámicas SA, Líneas del Comahue Cuyo SA, y Líneas del Norte SA. Con la misma composición societaria obtuvieron la licitación para la construcción de las centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier Estanislao López, “posiblemente entre los proyectos más importantes en términos económicos –agregan los diputados– de los que participaron en todos estos años”.
La sociedad Isolux-Macri también traspasó fronteras. Del último balance conocido de ODS (2015), surge la nómina de la totalidad de las empresas controladas por ese holding, y en ese listado aparece Inversora Andina SA, financiera radicada en Chile que a su vez es controlante de Inversora Andina Ibérica, radicada en España. La UTE Isolux/Inversora Andina Ibérica fue denunciada por evasión en España e investigada penalmente por las autoridades judiciales españolas por sus actividades en Argentina.
“Como dato de color” –agregan los denunciantes– hasta el año 2015 “la administradora de Inversora Andina Ibérica era Pía Monkes Calcaterra, sobrina de Angelo Calcaterra y del presidente Mauricio Macri, quien a pesar de estar imputada por evasión impositiva en España aquí en Argentina es una alta funcionaria de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado del combate contra el lavado de dinero en nuestro país”. “Nada es casual”. Concluyen los diputados en el escrito dirigido al juez de la causa, que de aquí en más será Martínez de Giorgi y Taiano su fiscal.
Aunque Tailhade afirma que hay elementos suficientes como para avanzar en las denuncias contra Macri “por tráfico de influencias, negociaciones incompatibles y uso de información privilegiada”, el diputado se muestra decepcionado. El diputado considera que al igual que otras causas que involucran el Presidente –Correo Argentino, sobre MacAir-Avian y la propiedad de Macri sobre un terreno convertido en country de 500 parcelas en San Miguel– correrán por la “vía lenta” de Comodoro Py.