Hoy, a menos de dos años de estar ejerciendo su mandato, el gobierno que él conduce embate duro contra los diferentes rostros de la discapacidad, apoyándose normativamente en un decreto (Nº 432/97) parido en tiempos de Carlos Menem, hace 20 años.
Denunciando corrupción, incompatibilidades, irregularidades, concesiones irresponsables y políticas clientelares perversas, el titular de la Comisión Nacional de Pensiones Graciables, Guillermo Badino, justificó el plumazo que dejó sin esa cobertura a unas 170.000 personas.
Todo hecho de un modo que ya es costumbre en la coalición gobernante: “Primero recortamos… y después vemos. Si la protesta social se profundiza, corregimos”.
La necesidad de bajar el déficit fiscal impuesta por los organismos internacionales todo lo puede, y en esa orientación la franja de los jubilados y pensionados va a ser atacada con dureza, porque claramente representan un gasto.
Así se llevaron puestas más de 80.000 pensiones en la primera mitad del año, sin aviso previo, sin que los beneficiarios tuvieran posibilidad alguna de acreditar administrativamente su estado de vulnerabilidad estructural.
Un verdadero atentado contra derechos adquiridos. ¿Revisables? Por supuesto. Podrían haberlo hecho. Si eventualmente se detectaba alguna irregularidad quedaría justificada la quita inmediata del beneficio. Pero no de esta manera, “manu militari”, echando mano de un apoliyado decreto de aquella recordada “revolución productiva” menemista que seguramente deberá afrontar fundados planteos de inconstitucionalidad en días venideros, ya que violenta la letra y el espíritu de una ley previa (Nº 13478), así como el de la Convención Internacional de Discapacidad que nuestro país suscribió en el 2014.
Hace unos meses, la vicepresidenta Michetti aseguró que iban a trabajar “para que en la Argentina el tema de la discapacidad se convierta en algo muy distinto de lo que es hoy”.
Cumplió, y aquella mentira de campaña se volvió realidad.
*Concejal vecinalista de General Roca