Viedma.- (APP) La titular del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI), Doris Cañumil, destacó la aprobación en el Senado de la Nación de la prórroga por otros cuatro años de la ley 26169, que establece la tarea de relevamiento de las comunidades indígenas y paraliza durante todo este proceso cualquier acción judicial o administrativa de desalojo. La abogada del organismo Nora Aravena informó que en la provincia falta relevar más de 60 comunidades, poco más de la mitad de la tarea, y se exige que esta tarea se haga con la participación de las entidades que representan al pueblo mapuche.
Cañumil recordó a APP que en el periodo 2008/2009 se hizo un acuerdo con la provincia para relevar unas 120 comunidades en el marco de la 26160, pero sólo se llegó a la mitad, a unas 60, “porque hay todavía carpetas sin cerrar, algún detalle; queda una segunda etapa para cubrir esas otras 60”.
Informó además que hay más de 120 que hay que sumar, ya que reconocidas hay 148 comunidades, “algunas con personería jurídica y otras en trámite, peror econocidas a los actos administrativos”.
Explicó que “también hay lof, pobladores dispersos indígenas que piden ser relevados”.
Aravena explicó que en la provincia “ya se relevaron 830 mil hectáreas de tierra, pero existen 5 millones de hectáreas que figuran como tierras fiscales donde un gran porcentaje la posesión la ejercen familias indígenas, algunas conformadas en comunidad y otras no, pero todas con el mismo derecho”.
Cañumil señaló que desde el 2014 que se viene reclamando al Ministerio de Gobierno la participación indígena para poder concretar la segunda etapa del relevamiento, que todavía no se ha puesto en marcha a pesar de un acuerdo firmando con el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, por el que se bajaron fondos, se contrató gente y se compraron vehículos.
Recordó que la legislación vigente determina que debe haber participación indígena en este relevamiento, así como consulta y consentimiento. “El tema de la tierra indefectiblemente nos afecta, con lo cual debemos participar a través del CODECI y Coordinadora del Pueblo Mapuche”, consignó.
Cañumil señaló sobre la sanción de la prórroga en Senado que “vamos a esperar qué ocurre en Diputados, pero ahora hay un panorama más alentador”, destacando la movilización de distintas comunidades indígenas al Congreso respaldando una rápida prórroga de la ley.
Dijo que “tenemos muchos casos pendientes tanto en la justicia como administrativos esperando el relevamiento establecido en la ley 26160”.
Al consultársele si hay muchas situaciones conflictivas respecto a la demanda de tierras de las comunidades en la provincia, Aravena respondió a APP que “no son la mayoría de los casos, existen casos que están judicializados y que están con la aplicación de la ley 26160, con lo cual están suspendidos los desalojos”.
Recordó que la ley 26160 atiende acuerdos internacionales por los cuales el Estado argentino tiene que determinar las tierras de las comunidades argentinas, tomando todas las medidas que garanticen esto. “Por eso la ley no sólo apunta a eso con el relevamiento sino que establece la paralización de los desalojos judiciales o administrativos, sean o no parte de comunidades, ya que en Río Negro, por ejemplo, se reconocen no sólo a las comunidades sino a pobladores indígenas dispersos”, consignó.
Respecto a si hubo en la provincia casos de desalojo, indicó que “no desde hace muchos años, no ha habido casos desde que está vigente la ley 26160”.
Aravena agregó que “hay jurisprudencia del Superior Tribunal que establece que la ley 26160 y su par la 475, por la cual se adhiere en la provincia, es de orden público, con lo cual se suspenden los desalojos mientras se defina el relevamiento establecido por ley”. (APP)