Viedma.- (APP) El gobernador Alberto Weretilneck podrá optar este primero de marzo venidero, en su mensaje ante la Legislatura, en anunciar que en esa fecha entra en vigencia el nuevo Código Procesal Penal o, por el contrario, que ese ambicioso proyecto se prorrogará en el tiempo, para una oportunidad más propicia.
Esta última alternativa significa que se habrá perdido una singular oportunidad de poner en marcha oficialmente el nuevo sistema judicial votado por unanimidad en el 2011 y que hubiera significado sumarse a provincias vecinas como Neuquén, Chubut y La Pampa, donde ese ordenamiento jurídico funciona con éxito en beneficio de los judiciables.
Seguramente entonces deberá justificar de la mejor manera la prórroga que se podría acordar por estos días debido a una serie de factores que se tenían que haber previsto con suficiente antelación para evitar el desgaste político en que está inmerso el Superior Tribunal de la Justicia (STJ) en su conjunto y por extensión el propio gobierno provincial.
Los retrasos en la transición de un sistema a otro se iniciaron el día después de la promulgación de la ley 5020 en diciembre del 2015 y que entró en vigencia el 20 de enero del mismo año.
Estos sucesos se fueron dando en un marco inquietante de tensiones y enfrentamientos en el ámbito judicial en general, cuyos polos más visibles son por un lado la titular del STJ, Liliana Piccinini, decidida impulsora de la aplicación del sistema judicial recusatorio, y por el otro la procuradora Silvia Baquero Lazcano que aparece como refractaria al avance en esa materia.
En este aspecto hay como antecedente un olvidado documento emitido hace ya algunos años por el Colegio de Funcionarios y Magistrados del Poder Judicial, desde General Roca, con juicios extremadamente críticos al sistema del juicio por jurados.
La mayoría de los observadores de lo que está sucediendo coinciden en preguntarse y cuestionar, por qué razones Baquero Lazcano esperó hasta último momento para denunciar por nota a la cabeza de los tres poderes del Estado lo que a su juicio fueron o son impedimentos gravitantes para dilatar la puesta en vigencia del código el 1ro de marzo de 2017.
Dejando de lado la desmesura de pretender condicionar la habilitación del nuevo código a una reforma constitucional -un gesto en favor de los intereses del Gobernador que estuvo a distancias siderales de ser una sutileza- para posibilitar la división del Ministerio Publico entre Fiscalías y Defensa, cuestión ésta que Chubut y otras provincias solucionaron, mediante la sanción de leyes.
La Procuradora nada dijo en forma pública sobre lo realizado en beneficio para la implementación del nuevo código en el año, transcurrido el 2015 y todo el 2016 por la Comisión Interpoderes que se ha reunido muy esporádicamente, en módicas y exiguas sesiones que nunca superaron la hora de duración y se ignoran cuáles fueron sus reales aportes al tema en debate.
Alarma también saber que la referida comisión que integra Baquero Lazcano también cuenta con la concurrencia de representantes de los abogados, de funcionarios del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y legisladores, como su presidenta, Tania Lastra (JSRN) y del bloque del Frente para la Victoria que también ha guardado un sugestivo mutismo, salvo alguna excepción muy honrosa.
¿Nadie advirtió en ese ámbito que el tiempo corría vertiginosamente mientras los integrantes de la Comisión Interpoderes no hicieron conocer con la debida anticipación los retrasos que se estaban produciendo en el proyecto para introducir mejoras, correcciones o acelerar el ritmo en su marcha?
Sin dudas ese exceso de prudencia, si se lo puede denominar así, los convierte en responsables de lo que aparece como injustificable mora.
La queja de quienes sostienen que no están dadas las condiciones de poner en vigencia el nuevo código en marzo del año que viene sostienen que hay problemas y que no están dadas las condiciones, como por ejemplo la adecuación de edificios, falta de salas para las audiencias, carencia de personal especializado, etc.
Quienes peinan algunas canas y tienen buena memoria recuerdan que, durante la transición del viejo territorio nacional a la naciente provincia entre 1958 y años subsiguientes, aquellos nóveles tribunales y sus meritorios integrantes se fueron adaptando a las precariedades de aquella realidad de presupuestos irrisorios y supieron administrar justicia superando todos los inconvenientes que son de imaginar.
Tenían los pies en la tierra y no miraban al mundo desde una torre de cristal, tampoco estaban convencidos de que la justicia era un sector privilegiado de la sociedad y acompañaron con gran vocación de servicio a los gobiernos que sucesivamente forjaron el nuevo estado naciente.
Sin exigencias desproporcionadas.
Eran jueces que no dejaban dormir expedientes por falta de dedicación y que exhibían un excelente promedio de sentencias por año, sinónimo de una justicia que funcionaba.
Abogados del foro de Viedma todavía recuerdan cuando las audiencias se realizaban en los despacho de los mismos magistrados, cuando todavía no estaba en el pensamiento de nadie el imponente edificio que tiene hoy el STJ en la ciudad capital en la intersección de Laprida y 25 de mayo.
A veces cuando se toman en cuenta las exigencias para poner en vigencia el nuevo código, más allá de los errores cometidos por sus responsables, en el STJ o en la Procuración, si bien hay reclamos atendibles, pareciera que hay jueces y magistrados que no toman en cuenta la difícil situación económico-financiera de Río Negro y que el actual presupuesto acusa un déficit de 2.500 millones de pesos.
Es decir que ese marco impone limitaciones y entonces la aspiración razonable es apuntar con total realismo y de acuerdo a las disponibilidades existentes a una justica moderna, eficiente, con el mayor nivel de solvencia profesional en sus integrantes y de plena transparencia en sus procedimientos.
Días pasados el STJ ratificó contra viento y marea el objetivo de cumplir con el mandato de la Ley 5020 de comenzar con la implementación del nuevo código procesal penal con una reunión de la Unidad de Implementación y con la visita de jueces a Chubut para observar como implementaron la reforma en aquella provincia.
Se informó desde ese ámbito que entre febrero y noviembre de 2016 se brindaron charlas, cursos, talleres y jornadas de observación de audiencias a través de la Escuela de Capacitación Judicial a unas 850 personas, entre jueces, fiscales, defensores, secretarios, empleados judiciales, cuerpos técnicos, abogados y periodistas en el marco del Plan Integral de Capacitación para la Reforma Procesal Penal.
Se conoció también que en cuanto a la cuestión edilicia para la reforma se encuentran firmados y en vigencia los alquileres e inmuebles necesarios para la reforma en Viedma, Cipolletti, Villa Regina y Bariloche, además en distintas circunscripciones ya comenzaron las obras para la readecuación, refuncionalización e instalación de la tecnología necesaria en materia de televisión y audio para las salas de audiencias que requiere el nuevo sistema.
En las distintas circunscripciones comenzaron las obras y ya están en capacidad de entrega el mobiliario y la tecnología de almacenamiento, punto vital ya que las audiencias será públicas y orales donde el papel es casi íntegramente reemplazado por el soporte audio visual digital.
En cuanto a la designación de fiscales, Río Negro entre fiscales de cámara y adjuntos ya tiene 59, o sea uno cada diez mil habitantes, es decir el doble de lo previsto.
Se debe destacar también que el presupuesto aprobado para la reforma por parte de la legislatura es de 89 millones que se amplió a 98 millones durante este año. Poco más del 40 por ciento se destinó a la adquisición del conjunto tecnológico de adecuación de las salas de audiencias al sistema de videos, con grabación en tiempo real y copia de resguardo.
En definitiva, es firme la decisión de la titular del STJ, Liliana Piccinini, de avanzar y cumplir con el mandato de la ley 5020 y comenzar con su implementación el primero de marzo del año venidero.
A esta actitud en las últimas horas se han plegado los magistrados del fuero penal de Bariloche, que tomaron distancias de los fiscales y argumentaron que las críticas a la reforma procesal que efectuó la procuradora Baquero Lazcano, tendrían que haberse efectuado muchísimo antes y reclamaron que se ponga en marcha la reforma como está fijado.
En las provincias vecinas y en otras, la implementación del código procesal penal se puso en marcha como se pudo de acuerdo a las condiciones imperantes y con el transcurso del tiempo se efectuaron los acondicionamientos necesarios, incluso mediante leyes.
Según fuentes allegadas, Piccinini aseguró que “ya está lo primordial como son el personal, los inmuebles y la tecnología, y si algo falta será incorporado paulatinamente”.
Alguien recordaba al respecto la reflexión del ex presidente Raúl Alfonsín sobre el frustrado traslado de la capital a Viedma: “Si me hubiera instalado en el lugar con una carpa el proyecto hubiera tenido continuidad”. Pero esto es distinto y habrá que ver cómo se dirime esta encrucijada de optar por una prórroga a la implementación del código o por la aplicación a partir del primero de marzo del año próximo. (Omar N. Livigni – APP)