Viedma.- (APP) La denominada cuestión mapuche, es decir, la vieja reivindicación de los descendientes de los pueblos indígenas de acceder y permanecer en la tierra de sus antepasados, reclamo olvidado durante muchos años por los poderes públicos y gran parte de la dirigencia política, ha vuelto a reaparecer con inusitado vigor en Río Negro y otras provincias patagónicas.
Toda esa compleja problemática vinculada con infinitos relatos de atropellos y desalojos forzados de los antiguos pobladores de campos, por aventureros e inescrupulosos amparados por el poder político de turno, más la infaltable desidia oficial, configura hoy el centro de una escenario de hechos de trascendencia nacional.
Los últimos acontecimientos ocurrieron en las cercanías de Bariloche, en el parque nacional Nahuel Huapi, donde el grupo Albatros de La Prefectura Nacional intentó desalojar de una ocupación de tierras a un grupo de activistas mapuches que reivindican allí su territorio ancestral y provocó la muerte de uno de ellos, sumando este luctuoso suceso a otro resonante antecedente inmediato.
Nada menos que el conocido protagonismo de la Gendarmería Nacional en el desalojo de la Ruta 40 de la colonia Cushamen de Chubut, operativo cumplido también sobre militantes mapuches, en un campo de la familia Benetton que derivó después con la muerte del artesano Santiago Maldonado en el río Chubut, y el caso de su publicitada autopsia que no alcanzó para cerrar definitivamente ese último capitulo.
Cabe consignar que después de la muerte de Rafael Nahuel, de 22 años, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se aseguró que se trato de une enfrentamiento y señalaron que los prefectos fueron atacados con armas de fuego mientras que los mapuches dijeron que los efectivos utilizaron balas de plomo.
La ministra Bullrich se atrevió a subrayar que “el beneficio de la duda siempre lo tiene que tener la fuerza de seguridad”. La pregunta es ¿por qué? ¿No se impone revisar la modalidad operativa del Estado, para que cuando se ejerza el monopolio de la fuerza evitar que alguien pierda la vida?
El comunicado del organismo oficial consignó que “No se trató de un grupo de protesta o de reivindicaciones sino de una metodología violenta, inadmisible en democracia”.
A partir de ese momento comenzaron a conocerse algunas definiciones, e imputaciones públicas de responsabilidades, como las expresadas por el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck, quien se refirió por primera vez a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) como “un grupo violento que niega al Estado argentino, la existencia de nuestra constitución, nuestra bandera y nuestras autoridades”. “Estamos ante un problema político, ideológico y militar”, dijo.
La misma línea discursiva ya había sido adelantada por el senador nacional Miguel Pichetto, en algunas conferencias que brindó en la capital federal, donde asignó al accionar de los grupos mapuches del RAM una orientación “pro montonera” y “senderista”. Por esta razón Pichetto fue declarado persona no grata por el parlamento mapuche reunido recientemente en Ingeniero Jacobacci.
Como no podía ser de otra manera el diputado nacional Sergio Wisky del PRO coincidió con Weretilneck, y pidió “que se aplique todo el peso de la ley contra la RAM”, a la que consideró una minoría que no representa a la comunidad mapuche y lo único que quiere es la violencia”.
Este alineamiento con la posición del gobierno nacional, decidió a la Casa Rosada a la conveniencia de ubicar a las provincias de Rio Negro, Neuquén y Chubut en un mismo plano y unificar con ellas con un plan de acción de comunes denominadores en esa región de la norpatagonia contra la presión mapuche.
Se sabe que la intención de las autoridades es trabajar de manera conjunta y articulada tanto en la prevención como la usurpación de tierras en los eventuales operativos de las fuerzas de seguridad nacionales a las que se sumarían las policías provinciales.
Las ultimas novedades, según medios nacionales, indican que desde Balcarce 50 se pretende establecer y consensuar un protocolo “anti RAM” con los gobernadores de las provincias donde actúan los grupos mapuches.
En este aspecto se descuenta que el jefe de gabinete Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio convocarán a los gobernadores Alberto Weretilneck de Rio Negro, Mariano Arcioni de Chubut, y Omar Gutiérrez, de Neuquén, para acordar acciones y los pasos a seguir que vienen conmocionando la convivencia de pueblos y ciudades.
Mientras tanto, en el marco de una considerable tensión social entre quienes justifican la actuación de las fuerzas federales y quienes son sus críticos -hubo manifestaciones en apoyo en uno u otro sentido- y por iniciativa del obispo de Bariloche, monseñor Juan José Chaparro, se logró constituir la denominada Mesa del Diálogo para acercar la posición de las partes y encontrar alguna solución al complejo conflicto, pero que todavía no alcanzó ningún principio de acuerdo.
También hay preocupaciones y se presentan dudas sobre su continuidad si las posiciones siguen siendo irreductibles entre las partes.
Esta ponderable iniciativa recibió un importante apoyo por parte de los bloques legislativos del parlamento rionegrino que decidieron acompañar a los familiares en su dolor por la muerte de Nahuel y rechazaron la violencia en la resolución de los conflictos sociales alentando el diálogo urgente con los pueblos originarios.
En similares términos se manifestó el vice gobernador Pedro Pesatti, repudió los hechos de Bariloche, instó al diálogo, y a “tirar bien lejos las armas, y las armas del lenguaje porque en la violencia verbal está el germen de la violencia que mata”.
Otro documento de redacción y conceptos muy similares llegó hasta la Mesa del Diálogo, que lleva las firmas de la titular de la cartera de Educación de la provincia, Mónica Silva, y la secretaria de Derechos Humanos, Laura Méndez, funcionaria que hará gestiones ante Nación para apuntalar y/o profundizar estos primeros síntomas del diálogo con los activistas mapuches.
Estos comunicados expresan una visión e interpretación de juicios de valor diferentes aún dentro del ámbito oficial. Y sucedió lo mismo con el de la Universidad Nacional de Río Negro reivindicando el diálogo y opuesta a todo tipo de represión de los conflictos sociales.
La Mesa del Diálogo esta integrada, además del titular de la diócesis de Bariloche, por los diputados nacionales Silvia Horne y Martin Doñate, y Leonardo Grisso, del Movimiento Evita, como veedores, la CTA de Río Negro, la Defensoría del Pueblo de Bariloche, la APDH y Universidad de Río Negro y otros dirigentes.
En la última sesión, ante de entrar en el actual cuarto intermedio, un representante del Instituto nacional de Asuntos Indígenas sostuvo la posición oficial “de no acordar nada fuera del estado de derecho y requirió el desalojo del predio de Villa Mascardi en el parque nacional Nahuel Huapi” como condición ineludible para encarar una solución institucional.
Por su parte con similar intransigencia, los mapuches exigieron la “desmilitarización del territorio” y la liberación de dos activistas detenidos en los enfrentamientos del sábado anterior, que finalmente fueron liberados.
El obispo Chaparro, que es el vértice de esta tregua pacifica entre el Estado nacional, la justicia y la comunidad Lafken Winkul Mapu, ha logrado que no se produzcan nueva medidas judiciales que alteren esta situación pero el juez Villanueva todavía no ha podido hacer los peritajes en el lugar de los hechos que terminaron con la muerte del joven Nahuel y dos heridos.
El dato paradojal surgió del acta final de la Mesa del Diálogo, donde los representantes de las comunidades mapuches presentes dejaron establecido que no reconocen la existencia de una organización denominada Resistencia Ancestral Mapuche, la misma línea argumental que esgrimió en su momento el Lonco Ignacio Prafil, quien no solo ratificó su desconocimiento del RAM sino que sostuvo que “es un invento de los servicios de informaciones del Estado para crear artificialmente un enemigo interno y facilitar la represión”.
Lo mismo ha sucedido con el obispo Chaparro, el intendente Gustavo Genusso y el legislador Victor Martin (JSRN), quienes en Radio Nativa y APP también negaron conocer al RAM y/o haber visto a sus representantes, formulando una neta diferenciación y reconociendo a los activistas mapuches como pacíficos convecinos integrantes de la comunidad de Bariloche.
Se observan marcados esfuerzos en amplios sectores de la comunidad mapuche de dejar en claro que compartir demandas y hechos reivindicativos planteados por los pueblos originarios desde siempre, no significa de ninguna manera avalar el uso de la fuerza, apoyar o compartir actos de violencia.
De todas maneras sorprende tanto negativismo respecto a la organización RAM ya que Fausto Jones Huala ya había sido visto en los episodios de la comunidad Cushamen, en Chubut, y ahora estuvo en los encontronazos del sábado último en Villa Mascardi, resultando uno de los detenidos y luego liberado por orden del juez Gustavo Villanueva.
En este mundo donde resultan muy extrañas algunas casualidades resulta casi obvio señalar que Fausto Jones Huala, es hermano de Facundo Jones Huala, que ha tenido un discurso precisamente de corte más radicalizado como el que se le atribuye al RAM. A principios de agosto Facundo Jones Huala dijo al programa televisivo de Jorge Lanata que pertenecía a RAM, posteriormente al diario La Nación le dijo que había pertenecido pero que “ahora estoy afuera”, y en sus últimas declaraciones negó cualquier vínculo. Actualmente se encuentra alojado en la cárcel de Esquel y sería extraditado a Chile donde será juzgado en Valdivia por el incendio de un fundo donde murieron varias personas.
En definitiva y en el marco de este remoto conflicto, los mapuches son ciudadanos rionegrinos y argentinos, con los mismos derechos y obligaciones que el resto de la población.
Tienen facultades y garantías, y también es cierto que desde el Estado algunas derechos pueden estar incumplidos, como puede ocurrir con la constitución rionegrina de 1994 sobre el tema de la tierra, y falta de aplicación del texto de algunos tratados internacionales incorporados a ella y que los favorecen, pero nada les otorga derechos para usar la fuerza o avanzar sobre el derecho de los otros, como sin dudas lo están haciendo.
Hoy con la vigencia del régimen democrático hay que encontrar el mejor modo de superar este diferendo que viene de lejos y persigue a cada uno como su propia sombra. Esta realidad acuciante, no es un problema para el presidente Macri, o los gobernadores, sino que es un gran problema irresuelto que la sociedad debe adoptar como propio, y superarlo a través de los instrumentos de la política y las instituciones. (APP)