Viedma.- (APP) -Por Omar N. Livigni- La cuestión del financiamiento del Estado en estos tiempos de crisis y escasez donde las provincias han visto reducir sustantivamente sus recursos por coparticipación federal y otros ingresos, no es solamente una vital preocupación de los elencos oficiales, sino de la dirigencia en general y la sociedad en su conjunto.
Si por cualquier contingencia se produce un colapso como el de 1995, durante los últimos meses de la administración de Horacio Massaccesi, que el gobernador Alberto Weretilneck se ocupó de recordar recientemente, es obvio apreciar las consecuencias negativas que podrán producirse por irradiación en el conjunto de la comunidad rionegrina.
No solamente en los más de 60.000 empleados públicos, jubilados y pensionados y sus familias, proveedores de todo tipo de servicios, o parálisis de las obras publicas, etc. El gobierno provincial no puede resignarse a decir que “no hay un solo peso en las arcas oficiales” o quedar a la espera de un milagro.
Ni la administración nacional puede caer en el inmovilismo observando como una hipotética situación de ese calibre puede llegar al desmadre en las jurisdicciones del interior. Entonces ¿las únicas alternativas son el ajuste o el endeudamiento? ¿No hay más variantes?
El presidente Mauricio Macri, salvando las distancias, viene aumentando los niveles de endeudamiento del país en forma creciente desde los inicios de su gestión para satisfacer demandas acuciantes o coyunturas difíciles. Entonces no puede indicar a las provincias: “Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago” porque los estados interiores ya iniciaron ese mismo camino Impelidos por las circunstancias.
Más aún, el Estado nacional estimula y autoriza la toma de deuda en moneda extranjera, tanto a provincias, como a empresas públicas, como forma de financiar el déficit externo.
Y según se sabe, en el presente año 10 provincias ya salieron al mercado para colocar bonos de deudas en dólares para hacer frente a sus obligaciones de gobierno.
Como anticipo de un año difícil el gobernador Alberto Weretilneck anunció recortes en los gastos del orden del 20 por ciento en ministerios y reparticiones, que ya cosecharon quejas sindicales como las de ATE.
Si logra el cometido será una verdadera hazaña, porque si no falla la memoria de este cronista, todos los intentos de disminuir los gastos del Estado rionegrino desde 1958 terminaron siempre en aguas de borrajas.
Claro que «la necesidad tiene cara de hereje” y a veces es posible convertir a la necesidad, como en este caso, en virtud… si fuera posible.
Mientras tanto Weretilneck se apresta a estar en Buenos Aires con el resto de los gobernadores el 2 de febrero venidero, para debatir las nuevas reglas de juego entre el Estado federal y las provincias, donde seguramente se proyectará inevitablemente la sombra de los 25.000 millones de aportes del Ejecutivo nacional a la gobernación de Buenos Aires.
Asimismo el mandatario anticipó que seguirá tratando “de conseguir fondos, desestimando la opción de sacar personal, paralizar las obras, las inversiones en Educación, y Salud y dejar de acompañar las economías regionales”.
Ahora desde hace algunos meses el Poder Ejecutivo rionegrino está centrado en lograr una inversión del orden de los 500 millones de dólares, mediante un bono que ha previsto colocar en el mercado bajo la denominación de “Bono de Financiamiento, Infraestructura Energética y Productiva”, al que se la ha incorporado el rubro de reequipamiento de maquinarias para los municipios, que deberá contar con la aprobación de la Legislatura con una mayoría especial de dos tercios de los votos y, posteriormente, contar con la aprobación de las autoridades nacionales.
En este aspecto se descuenta que no habrá sobresaltos y que las relaciones existentes entre la administración Macri y Weretilneck son las que se tributan los aliados, donde no faltan los abordajes optimistas para un acuerdo que desemboque en repartirse los dos diputados nacionales en juego para las elecciones de octubre.
Se supone que el objetivo de esos fondos es cubrir el déficit fiscal y financiar obras ya previstas y aprobadas que se deberá cubrir con recursos normales previstos en la Ley de Presupuesto, incorporados como créditos destinados a obras de inversión.
El legislador Alejandro Palmieri de JSRN sostuvo que el plan traerá aparejada “una “reactivación en la construcción y en el resto de las actividades económicas”.
De esta manera fue exhumado el Plan “Edgardo Castello” anunciado por Weretilneck en la Legislatura el año pasado.
Un aspecto determinante en esta iniciativa es haber reconocido la gravitación de los intendentes municipales en su formulación, que han sido especialmente incluidos en el intercambio de consultas, ideas y opiniones en la búsqueda de consensos para definir prioridades en materia de obras y realizaciones en sus respectivas jurisdicciones
Indudablemente que este número de obras que integra un nutrido listado ya elaborado y cubre todo el territorio provincial, es un desafió para la oposición, que en pleno año electoral debe fijar posición ante esta acción de gobierno, tanto por el monto del endeudamiento, como la necesidad y prioridad de la acciones y trabajos.
Al respecto el legislador Nicolás Rochás del Frente para la Victoria señaló que “nos hemos opuesto a los endeudamientos por la manera irresponsable como han sido tomados, pero acompañaremos los que demuestren apoyar el aumento de la producción y el bienestar de los rionegrinos”.
El jefe de la oposición, bien podría afirmarse que es la única porque las demás ni se notan, Martin Soria, titular del PJ, tiene clara percepción de lo que esto significa, tener que confrontar en un tema difícil de oponerse, con un gobernador como Weretilneck, con un partido propio y el manejo de una astronómica suma de dinero equivalente a unos ocho mil millones de pesos.
Y también sabe la incidencia que puede producir en la gente y la voluntad de los jefes comunales y por reflejo en los legisladores de su propio partido esta movida del oficialismo rionegrino, que busca multiplicar su potencial político para este 2017 plagado de compromisos comiciales, con el atenuante que si hay reforma de la constitución, el llamado a convencionales se efectuaría en el 2018.
Seguramente conocedor de la influencia de aquello de “obras son amores”, el jefe comunal de Roca intentó convocar a una reunión ampliada de legisladores, intendentes, concejales y dirigentes del PJ en Las Grutas el 20 del corriente mes, para auscultar el frente interno de los jefes comunales, unificar y socializar posiciones.
Pero el gobierno movió sus fichas con mayor celeridad; Weretilneck anunciará el Plan Castello atado al bono del empréstito, el martes 17 en Viedma, al que han sido invitados presidentes de bloques, legisladores, intendentes, concejales de distintos partidos y funcionarios.
No hace falta subrayar que la jugada del gobierno, en términos futbolísticos, es un certero pase a espaldas de los defensores, ya que las obras que benefician a las comunidades no tienen identificaciones ideológicas.
Por esa razón liberan de compromisos a sus protagonistas y principalmente a sus destinatarios, que en estos casos soslayan “olímpicamente” toda disciplina partidaria. Para atender los reclamos reivindicativos de sus comunidades de origen.
Este criterio fue utilizado y esgrimido por legisladores del FpV en la aprobación del presupuesto de la Provincia y en el nuevo pliego de condiciones del Banco Patagonia. Y hay indicios de que ello puede volver a ocurrir.
Los intendentes incidirán sobre los legisladores y no es aventurado anticipar que el gobierno ya tiene los dos tercios del cuerpo legislativo a favor antes de que el proyecto del Bono llegue al despacho del vicegobernador Pedro Pesatti.
Este vaticinio esta desligado de la necesidad de que cuando sea el momento, a fines de este mes o en el transcurso de febrero, se pueda asistir a un esclarecedor debate sobre esta cuestión del Plan Castello y el endeudamiento, sobre todo estableciendo un paralelismo comparativo con lo que está sucediendo en la materia con las demás provincias. (APP)