Viedma.- (APP) El secretario general de ATE y la CTA Autónoma de Río Negro, Rodolfo Aguiar , fue recibido por el nuevo procurador general, Jorge Crespo, en función de analizar la preocupación gremial por la intervención judicial ante las protestas. El funcionario judicial dio tranquilidad en el sentido que se trabaja en un protocolo que marcará priorizar el diálogo ante el conflicto, se recomendará la gradualidad en el uso de la fuerza y la ausencia de armas de fuego por parte del personal policial.
A través de un comunicado la CTA Autónoma consideró que esto implica un cambio de paradigma y calificó la reunión como altamente positiva. No obstante exageró quizás al decir que según el procurador la protesta gremial no es delito.
Crespo clarificó en este sentido que “ante la presencia de grupo menores violentos o de cualquier tipo de arma o elemento contundente que estos porten, los fiscales actuarán de oficio procurando la prevención de posibles delitos y el resguardo de aquellas personas y grupos vulnerables que se encuentren presentes o próximos a la manifestación”
Aguiar indicó que las expresiones del Procurador “traen alivio” ya que recordó que llegó “a tener 26 causas en la provincia y todas ellas fueron armadas por fiscales adictos al poder del gobernador y los intendentes. Estas recomendaciones que emitirá el Ministerio Público sin dudas se traducirán en uno de los mayores avances contra la criminalización de la protesta”.
Desde la Procuración aseguran que el protocolo es un instructivo de cumplimiento taxativo para los fiscales, pero en su texto recomienda las formas de intervención.
Impulsa a los representantes del Ministerio Público a interiorizarse de los motivos de la protesta, entender el conflicto y actuar como mediadores para evitar el uso de la fuerza, y propone que los fiscales intenten gestionar el conflicto.
Según el comunicado de prensa emitido por el gremio, se valoró como altamente «positivo» la reunión y se logró «un cambio de paradigma en la postura del Ministerio Público y a partir de ahora se recuperarán derechos constitucionales que habían sido vulnerados durante los últimos años, considerando que la protesta no es delito».
«Estamos frente a un cambio profundo en la mirada de cuál debe ser la intervención de la Justicia en los conflictos sindicales y sociales. Era hora que apareciera alguien que dijera desde adentro del Poder Judicial que la protesta no es delito. Destacamos la rapidez y la seriedad con la que este nuevo Procurador trabajó en un tema tan sensible», celebró Aguiar.
Aseguró además que «no podemos dejar de reconocer que esta nueva mirada nos trae alivio. Llegamos a tener 26 causas en la provincia y todas ellas fueron armadas por fiscales adictos al poder del Gobernador y los Intendentes. Estas recomendaciones que emitirá el Ministerio Público sin dudas se traducirán en uno de los mayores avances contra la criminalización de la protesta».
Sostuvo la parte gremial que se debe destacar la celeridad y seriedad con la que se involucró en este tema de tanta sensibilidad el nuevo funcionario, ya que se encuentra finalizado y seguramente se dará a conocer en las próximas horas, lo que podría denominarse un protocolo de actuación, una serie de recomendaciones e instrucciones de carácter general.
¿Qué dijo el Ministerio Público?
Tras el encuentro, el Ministerio Público también emitió un comunicado de prensa donde el Procurador expresa su posición tras el encuentro con la CTA.
Crespo adelantó en la reunión cuál es el marco general que pretende impulsar a través de la Procuración General, en todas aquellas investigaciones relacionadas con delitos que se produzcan en el marco de reclamos sociales y cómo será el accionar del Ministerio Público Fiscal para evitar la criminalización de la protesta.
“He sido taxativo acerca de la violencia en el marco de estos reclamos. Estamos hablando de manifestaciones pacíficas pero, ante la presencia de grupo menores violentos o de cualquier tipo de arma o elemento contundente que estos porten, los fiscales actuarán de oficio procurando la prevención de posibles delitos y el resguardo de aquellas personas y grupos vulnerables que se encuentren presentes o próximos a la manifestación”, dijo el Procurador.
En este sentido, destacó que se encuentra trabajando en un protocolo de actuación (no se dio a conocer el contenido) que valorará el diálogo como instancia primordial, toda vez que la función del Ministerio Público es la de “procurar la defensa del orden público, los derechos de las personas y la satisfacción del interés social”.
Entre otras consideraciones que deberán ser tomadas como ejes de actuación en el marco de algún reclamo social, se prevé una actuación temprana de las Fiscalías correspondientes sin que ello implique “exceso alguno en las funciones propias y naturales”.
Crespo adelantó que pretende un fortalecimiento de la comunicación entre funcionarios judiciales y quienes pacíficamente se manifiesten “para conocer la intimidad de los reclamos” y para explicar exhaustivamente “los límites que la ley prevé en el ejercicio de estos derechos” proclamados por la Constitución Nacional, la Provincial y los distintos Tratados Internacionales. (APP)