Viedma.-(APP) Organizaciones de la comarca Viedma-Patagones se sumaron hoy a la convocatoria nacional por el derecho al aborto “seguro, legal, gratuito y voluntario”. Hubo concentración en Plaza Alsina.
En el Congreso en Buenos Aires como en muchas ciudades del interior manifestantes portaron pañuelos y cintas verdes que agitaron bajo la consigna “aborto legal” en reclamo de que en el parlamento nacional se trate un proyecto de ley para despenalizar esta práctica.
El reclamo fue organizadopor la autodenominada “Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito” con vistas al paro de mujeres previsto para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Agrupaciones de mujeres de todo el país impulsan un proyecto para modificar el artículo 86 del Código Penal de la Nación que reglamenta la Interrupción Voluntaria del Embarazo y habilita solo casos muy puntuales.
La propuesta busca autorizar el aborto universal -sin restricciones de causas como hasta ahora-, ampliar de 12 a 14 semanas el lapso para esta práctica, eliminar la denuncia policial/judicial y la Objeción de Conciencia que hoy permite que los profesionales puedan negarse a realizar una interrupción de embarazo.
Desde la agrupación Mala Junta de Viedma, Vanina González planteó que la prohibición del aborto libre y seguro es “una gran hipocresía social porque quienes disponen de mayores recursos pueden acceder a prácticas seguras y las mujeres de sectores más vulnerables tienen que tener penosos recorridos para acceder a la interrupción legal del embarazo”.
En Argentina, la práctica está autorizada por el Código Penal desde el año 1921 para los casos que establece el artículo 86. Sin embargo, a pesar de contemplar el aborto legal para embarazos provocados por violaciones o para aquellos casos que ponen en riesgo la vida de la embarazada, este artículo no se logró implementar hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) emitió un fallo en el año 2012 y aclaró los alcances.
Hasta ese momento, el solicitud de aborto por violación de una menor de edad o una mujer con discapacidad mental, por ejemplo, implicaba que se inicie un proceso judicial para avalar la medida. Esto generaba una situación traumática para las víctimas y el avance de los embarazos no deseados por fuera de los plazos establecidos para una práctica segura.
González recordó que el fallo de 2012 permitió iniciar un camino para hacer efectivos los protocolos de actuación que comenzaron a aplicarse paulatinamente en distintas provincias aunque en muchos casos, todavía hoy, se generan resistencias.
“En Río Negro está en plena vigencia y se aplica con el consentimiento de la persona solicitante, sin que sea necesaria la judicialización. El procedimiento es simple y se realiza hasta las 12 semanas con la aplicación de una pastilla de misoprostol”, indicó la integrante de Mala Junta para añadir que “lo que buscamos ahora es que se trate el nuevo proyecto de ley que incluye modificaciones para que el derecho al aborto sea seguro, legal, gratuito y voluntario para todas las personas con capacidad de gestar”.
Foto: Nuevo Encuentro Viedma