Viedma.- (APP) En agosto del 2017, en el marco de la discusión generada en Río Negro por la llamada ley antinuclear que terminó sancionando la Legislatura a instancias del Poder Ejecutivo, escribí un artículo donde, más allá de defender una postura personal a favor “de una política de Estado de varias décadas de uso pacífico de la energía nuclear, esencial para un país con industrias, que es el que permite alcanzar mayores estándares de igualdad y calidad de vida de los argentinos, y también para resguardar el medio ambiente, ya que se trata de una energía limpia y no contaminante”, alertaba que era muy poco probable que se llegara a construir esos emprendimientos, ya que chocaban con el claro antiindustrialismo del modelo neoliberal de Cambiemos.
Escribí: “En Río Negro los debates por lo electoral y por las realidades acuciantes que se viven quedaron en cierta medida relegados por la polémica del anuncio de la construcción de la planta nuclear. Poca perspectiva le he visto y le veo a este proyecto puesto en el contexto de un gobierno como el actual que a diferencia del modelo nacional y popular que impulsaba el kirchnerismo no privilegia un proceso de industrialización y de fortalecimiento del mercado interno. Con Néstor y Cristina decíamos que necesitábamos energía para solventar una industria que crezca, la investigación en desarrollo y tecnología, para tener más autonomía, independencia y soberanía. Pero estamos transitando otro tiempo, la vuelta a un modelo primario exportador, el fortalecimiento del sector financiero y agropecuario, la priorización del beneficio de las empresas nacionales grandes y las transnacionales, no un proyecto claro de ir a un sector industrial fuerte e integrado, basado en el desarrollo tecnológico y la incorporación de valor agregado a la producción. De allí mi excepticismo con que lleguemos a la concreción de una cuarta y quinta planta nuclear en el país, probablemente saltarán antes de los plazos fijados para estos emprendimientos las contradicciones económicas y sociales que está sembrando el neoliberalismo en el país, como el fuerte endeudamiento, sin antecedentes en otro periodo histórico y en tan corto tiempo, y el crecimiento de la desocupación y las desigualdades”.
Evidentemente no me equivoqué. Ahora se acaba de conocer por algunos grandes medios que por la crisis de financiamiento y el anunciado ajuste “el Gobierno de Mauricio Macri suspendió la construcción de la cuarta y de la quinta centrales nucleares”.
En una nota de Clarín se informa que “en su plan de bajar el déficit fiscal, de cara a un acuerdo con el FMI, el Gobierno negoció con China la suspensión de las obras, que se iban a hacer con un crédito blando del país asiático y con 8 años de gracia para empezar a pagarlo para que Atucha III, cuyo proceso de construcción y puesta en marcha se estimaba en siete años, generara ingresos que permitieran hacer frente a las obligaciones, recordaron a Clarín fuentes del sector. El monto total de la construcción era de u$s 14 mil millones, de los cuales China iba a financiar el 85%”.
Otro será entonces el tiempo de volver a debatir, en serio, el tema del desarrollo nuclear argentino –una política de Estado de larga data, impulsado desde el primer peronismo y que tuvo un gran impulso con el kirchnerismo, especialmente con Cristina-, ahora, en el marco de este gobierno neopliberal de Cambiemos, las prioridades son otras, las mismas que casualmente señalé en las primeras líneas de aquel artículo del año pasado: “Hoy la correlación de fuerzas a nivel político nacional se presenta complicada para los sectores populares. Si bien las luchas y el trabajo del FpV en Congreso han puesto algunos límites y han frenado algunas medidas del macrismo, lo cierto es que los retrocesos respecto a lo que dejó el kirchnerismo en diciembre del 2015 son impresionantes. De allí que la prioridad sea combatir al neoliberalismo para no repetir las secuelas nefastas que ya vivimos los argentinos en etapas similares desde lo económico como con la dictadura y el menemismo, e incluso el creciente autoritarismo, la represión de la protesta social y los retrocesos institucionales, lisas y llanas violaciones a los derechos humanos”. (APP)