Viedma.- (APP) El legislador Alejandro Ramos Mejía (FpV) aseguró que “es una barbaridad desde todo punto de vista” la intención del oficialismo de empezar el próximo 1 de marzo con la instrumentación del nuevo Código Procesal Penal sólo en la cuarta circunscripción con sede en Cipolletti. Señaló a la vez a la agencia APP que “veo muy difícil que se pueda ejecutar una reforma sin los recursos correspondientes y sin una estructura de tipo funcional”, con lo cual “si no están en condiciones de aplicarla van a tener que impulsar una prórroga de la aplicación en la Legislatura”.
Ramos Mejía expresó se contrapone al sentido común y no merece siquiera analizarse que los hechos que presuntamente constituyen un delito se juzguen de acuerdo a las reglas de un código penal en una circunscripción y con distintas reglas en otra circunscripción. “Llevaría a un festival de nulidades”, aseveró.
Respecto a los planteos de la procuradora Baquero Lazcano, dijo que “independientemente de si existe una necesidad o no de una reforma constitucional, aunque hay que mencionar que en Chubut se puso en marcha la reforma procesal penal sin tocar la carta magna, la cuestión central tiene que ver con señalamientos que se hacían antes de la manifestación de los fiscales, como las carencias en la estructura edilicia“.
Ejemplificó que “en Bariloche se necesitan 15 salas de audiencias y tiene 3, ese es un escollo insalvable y se sabe y está en conocimiento de quienes tienen que llevar adelante el nuevo código; hay cuestiones que tienen que ser salvadas, van más allá del debate jurídico-político, tienen que ver con la inversión que hay que hacer”.
Reiteró a la agencia APP que tiene que estar la decisión política de acompañar con recursos la puesta en marcha de la reforma, a la vez que expresó su discrepancia con algunas definiciones, como que “la policía judicial o la Agencia Judicial de Investigaciones esté orgánicamente dentro de lo que es la policía de prevención; esto es algo que el Poder Ejecutivo sostiene e impulsa y que nosotros por una cuestión constitucional y funcional no compartimos, se contradice claramente con el espíritu del código de autonomía y autarquía del Ministerio Público”.
“La policía judicial tiene que estar por fuera de lo que es la policía de prevención, tiene que estar a cargo de los fiscales o por lo menos que no dependa del Poder Ejecutivo”, aseveró.
Cuestionó a Baquero Lazcano que si conocía los déficits para instrumentar el código “por qué no lo dijo antes”.
Señaló respecto a cómo seguir, que la responsabilidad recae en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y en el Poder Ejecutivo y “veremos cómo salen de este escollo; veo muy difícil que se pueda ejecutar una reforma sin los recursos correspondientes y sin una estructura de tipo funcional”.
Sobre Bariloche informó que “el Poder Judicial funciona en el exhotel Pilmaiquén y necesita reformas importantes, por lo menos para contar con más salas de audiencia, y esa inversión la tiene que hacer el STJ”, sino “cómo van a hacer con distintas audiencias en el mismo tiempo”.
“Hay que poner en marcha el nuevo código en forma seria”, concluyó. (APP)