Viedma.- (APP) Julia García es otra de las aspirantes a ocupar la titularidad de la Defensoría del Pueblo Municipal. Dijo que si es electa le quiere dar a la institución “una impronta social, porque cuando se vulneran derechos estamos hablando de situaciones sociales que se van generando”.
Afirmó a APP que “trabajamos con personas, con seres humanos, y por lo tanto no son expedientes; un planteo, un reclamo, una denuncia, no puede ser un papel que se guarda”, subrayando que hay que corresponder al vecino que si se acercó a la defensoría es porque pretendía una respuesta.
García recordó que es Licenciada en Trabajo Social, maestra de grado, formada en la temática de mediación en violencia familiar y además “he transitado por distintos lugares de trabajo en el Poder Judicial, fui delegada de los afiliados del IPROSS ante UPCN y ya en la justicia, estuve a cargo de la secretaría gremial de SITRAJUR”.
Destacó además que “el Poder Judicial me dio toda la formación legal” y actualmente, ya jubilada, “por nuestra propia historia estoy abocada a todo lo que es los derechos humanos, la lucha por la memoria, verdad y justicia, que se refleja en los juicios a lo largo y ancho del país”.
Informó también que “mucho tiempo he trabajado en la pastoral migratoria y estoy colaborando en la pastoral carcelaria en la U 12”.
Dijo a APP que “uno aprende de todas las experiencias” y a partir de ahí se siente capacitada, por toda esta trayectoria, en asumir las responsabilidades de una Defensoría del Pueblo.
Julia García expresó que el rol de la defensoría “está muy claro en la ordenanza, es controlar el funcionamiento de la Municipalidad y supervisar la cuestión administrativa de la gestión municipal”.
“Las concesiones, los servicios, las contrataciones de obras”, son temas para el ejercicio de la Defensoría, con ánimo no de obstaculizar, sino “con un sentido de colaboración, ayudar al municipio a que tenga un mejor desempeño y los vecinos sean más escuchados”.
Aseveró que “el vecino puede acercarse a la Defensoría a reclamar, a peticionar y a denunciar, cuando ve vulnerados sus derechos”.
Al consultársele sobre la controversia del artículo 8 de la ordenanza, que pone como incompatible con el cargo toda actividad o afiliación política –que no debería por qué ser un obstáculo si no se está ejerciendo paralelamente un cargo, ni impedir ese compromiso con una agrupación un equilibrio en la función-, reconoció Julia que hay dudas de cómo se entiende esto por los concejales que determinaron este artículo, “porque yo soy una mujer política, todo lo que estamos hablando es una cuestión política, es una mirada sobre la realidad, y otra cosa es lo partidario que ahí yo tengo otra mirada, más allá que no estoy afiliada a ningún partido, pero todos los aspirantes tienen una mirada política”.
Reflexionó que “habría que haber observado la ordenanza cuando lo sancionaron”, señalando que a su juicio el punto de inflexión es que cualquiera de los aspirantes si es electo no tenga condicionamientos políticos, para que no sea presionado. (APP)