Viedma.- (APP) Realmente la barrera sanitaria instalada al sur del río Colorado es desde hace mucho tiempo un elemento de permanente discordia, que introduce una cuña al parecer insuperable entre los ganaderos rionegrinos y las autoridades nacionales en cuanto a su funcionamiento.
Este malestar se ha agudizado en los últimos años cuando por decisión del ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carlos Casamiquela, se resolvió trasladar el manejo de los puestos sanitarios de control de la Fundación Barrera Sanitaria (FUNBAPA), un ente mixto público y privado que demostró indiscutible eficiencia, a la desprestigiada burocracia nacional del SENASA.
Los déficit de esta barrera son motivo de comentario diario, principalmente por el contrabando de carne faenada y ganado en pie, que por su frecuencia hace presumir connivencias de algunos agentes del organismo nacional con quienes violan la ley o producto de la propia ineficiencia del sistema instaurado.
Asimismo la laxitud de las normas vigentes que no penalizan a los infractores sino que aplican leves multas, sin secuestrar los vehículos que se emplean en esos operativos delictivos, no hacen más que estimular la vulnerabilidad de la barrera que por su permeabilidad parece inexistente.
Este muy conocido problema ha sido motivo de reuniones en los distintos niveles de decisión oficiales de la Ciudad de Buenos Aires, pero continúa aún sin resolverse y se agudizó en los últimos tiempos.
Ha incidido también en forma adversa en el estado de ánimo de los productores la discutible y caprichosa medida del SENASA de autorizar el ingreso de carne de cerdo deshuesada a la región, contraviniendo opiniones propias vertidas en dictámenes anteriores.
Esto le daría la razón a quienes piensan que el organismo sanitario nacional sustituyó los fundamentos técnicos por los políticos, para favorecer intereses ligados a una conocida cadena de supermercados con base en la Patagonia, pero con bocas de expendio en el norte de la barrera.
Esta actitudes del SENASA, avaladas por el ministro de Agroindustrias, Ricardo Buryaile , ha sido cuestionada por el Colegio de Veterinarios de Río Negro,y el gobierno provincial junto al de Neuquén y otros estados sureños que han interpuesto medidas judiciales de amparo todavía no resueltas, por lo serios perjuicios a los productores y la industria cárnica principalmente.
Si hay un caso paradigmático en este aspecto es Fridevi en Viedma, que instaló una línea de faena de cerdos con una inversión de 50 millones de pesos y se encuentra ahora con esta decisión del gobierno nacional que alienta una competencia extra regional y desleal, asentada en sus ventajas comparativas, que también afecta a Neuquén y otros puntos geográficos del sur del país.
Días pasados, el 14 de diciembre exactamente, debido a la intermediación de Dardo Chiesa, presidente de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), conocedor de las razones de los ganaderos patagónicos y el creciente malestar existente en el sector por las razones apuntadas y la acción de los lobbies para penetrar la barrera, instó al ministro Buryaile para la celebración de una reunión con los interesados. De ella participaron técnicos del SENASA, del INTA, FUNBAPA, otros funcionarios y representantes del sector pecuario de las provincias ubicadas al sur del Río Colorado.
Ese encuentro tuvo interpretaciones opuestas, como si fueran el anverso y reverso de una misma moneda, si se consideran las apreciaciones del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marcelo Martín, y el titular de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, Marcelo Casagrande, diametralmente opuestas respecto al resultado de las deliberaciones.
El funcionario hizo difundir una grabación con sus declaraciones que llegaron a los medios de difusión, complementadas con un parte de la prensa oficial, coincidiendo con las posturas oficiales, como no podía ser de otra manera, y las medidas que se anunciaron en la reunión, las que tuvieron amplia difusión.
La visión escéptica y crítica de Marcelo Casagrande, un dirigente con experiencia en el gremialismo pecuario es por demás elocuente.
Expreso “sentirse desilusionado y decepcionado” al hacer el balance de la reunión porque aprecia que no se vio nada nuevo bajo el sol.
“Los argumentos oficiales del SENASA no incluyen ninguna revisión de lo actuado, se imponen los hechos consumados, en detrimento de los productores, y el problema de la ineficacia de la barrera sanitaria no se afronta con la firmeza que se necesita, o se diluyen en promesas que no se concretan o se demoran en llevarse a cabo” aseguró.
Puntualizó que tampoco se observa convicción y firmeza “en cuanto a la perdurabilidad de la barrera en el tiempo y siempre surgen preocupantes dudas cuando los funcionarios remiten a lo que se resuelva después de la próxima llegada al país de los técnicos sanitarios de los Estados Unidos”. “¿O esto puede ser el anticipo de que también se autorizará el ingreso de carne con hueso plano bovina?”, se preguntó.
Casagrande, en diálogo con Radio Nativa y la Agencia APP de Viedma, destacó la intranquilidad de muchos productores sobre la falta de previsibilidad de la política nacional ganadera con respecto a la región patagónica y dejó abierta la posibilidad que la Federación que preside pueda convocar a sus directivos y asociados para emitir un documento expresando “el malestar y la profunda disconformidad del sector sobre temas sobre los que no hay respuestas categóricas y definitivas”.
UCR-PRO: Todos los caminos conducen a Chimpay
Los máximos dirigentes de la Unión Cívica Radical y PRO, legisladores, concejales e intendentes de ambas agrupaciones políticas, incluido el jefe comunal de Cipolletti, Aníbal Tortoriello, se darán cita en Chimpay el 23 de diciembre venidero con la finalidad de impulsar decididamente la conformación de la alianza Cambiemos.
La decisión se adoptó luego de una importante y prolongada reunión celebrada en el edificio histórico de la municipalidad de Viedma.
Allí se congregaron los representantes nacionales Sergio Wisky y Juan Martín, el secretario de Gobierno de Cipolletti Diego Vázquez, en representación de Tortoriello, el intendente José Luis Foulkes, y la casi totalidad de los intendentes de la UCR, la mayoría de los cuales suscribieron días pasados un documento donde anunciaron la conformación un grupo de gestión ante las autoridades nacionales.
Estuvieron Yamil Direne de Valcheta, Víctor Hugo Mansilla de Darwin, Miguel Martínez de Ingeniero Huergo, y Hugo Funes de Chimpay.
El abogado Diego Vázquez, secretario de gobierno de Tortoriello y partícipe del grupo más íntimo de sus allegados, es cercano al actual legislador Jorge Ocampos y al ex gobernador Bautista Mendioroz, actuales integrantes del bloque del Frente Progresista, en proceso de transición hacia el PRO o Cambiemos.
Alguien preguntó por el Foro de Intendentes. “Estaba muerto ya en época de Yamil Direne, después de Jorge Ferreira”, dijeron. Y suscribió recién su acta de defunción Nelson Iribarren cuando se preguntó en Radio Nativa y APP “¿de qué Foro de Intendentes me hablan si a mí nadie me ha convocado a una reunión?”
Los intendentes aludidos eligieron ese camino de unidad ahora apelando a otros criterios de identidad, cohesión y funcionamiento colectivo más específicos que los del Foro, para gestionar obra pública pero a la vez establecer una tácita diferenciación con la conducción oficial de la UCR con la que siguen manteniendo “diferencias superficiales”, como sostienen algunos, pero que son más profundas de lo que se puede creer.
Eso los llevó también a omitir al intendente Foulkes como firmante del documento hecho conocer a la opinión pública. Y a sus pares Carlos Toro de Jacobacci y Mabel Yahuar de Los Menucos ¿Fue casual la omisión? ¿O una elíptica señal?
Es que, según fuentes autorizadas, el mensaje apuntó a poner blanco sobre negro de quienes están lejos y quienes están cerca de la conducción de Darío Berardi, dicotomía que todavía serpentea en forma vertical al radicalismo rionegrino y está vigente a pesar de las elecciones recientemente celebradas.
Los intendentes, muchos de los cuales no se pueden reelegir, buscan alternativas personales para los tiempos que se vienen y en conjunto dieron un paso adelante para transformarse en un polo de presión para negociar o incidir en la constitución de Cambiemos.
Desde ese ángulo se justifica la aproximación a paso redoblado en dirección a Aníbal Tortoriello para estar en la mesa de las discusiones.
Un dato que no deja de preocupar a los impulsores de Cambiemos, aquí y en Buenos Aires, donde todos los sectores tienen amigos influyentes y también detractores, es que los coletazos de las rivalidades internas que se están registrando no se salgan de madre e invadan otras cofradías partidarias donde también hay operadores para el nutrido tráfico de rumores y las más variadas especies y logren intoxicar la formalización de la alianza electoral para este 2017.
Debe recordarse que el 6 de diciembre último, fecha en que asumió Berardi a la jefatura del radicalismo, los intendentes díscolos firmantes del documento no asistieron a la ceremonia oficial a que habían sido invitados telefónicamente por José Luis Foulkes, aduciendo distintos compromisos o imposibilidades.
Dicen en los corrillos radicales, que tanto Foulkes como Berardi intercambiaron recíprocos llamados telefónicos con los intendentes contestatarios, desconociéndose los términos de esos diálogos, pero al parecer la sangre no llegó al río, corroborando aquello de que los políticos de buena factura necesitan tener la piel gruesa de los elefantes para supervivir.
Corroborando que los agravios o los enfrentamientos en este quehacer público nunca llegan a cumplir un siglo, los mismos intendentes que se esfuerzan en demostrar que son algo distintos a los mandos radicales, fueron convocantes y partícipes de la reciente reunión en el municipio de Viedma donde se acordó la asamblea a realizarse en Chimpay.
Algo así como una cumbre que obliga a supeditar las casi eternas diferencias existentes entre grupos o personas, a las necesidades políticas y a las urgencias electorales que se aproximan y que exigirá singulares esfuerzos, entre ellos, el principal, constituir Cambiemos con el aporte de la UCR y el PRO, en primera línea. Nadie quiere afrontar futuros compromisos en soledad. Y mucho menos aún quedar afuera de los arreglos.
Para llegar a establecer por consenso la fecha del 23 de diciembre hizo falta el transcurrir de un debate tenso, de pasajes difíciles y donde hubo encontronazos verbales sobre algunas cuestiones tangenciales con la situación interna del radicalismo, entre otras cuestiones. Hasta se discutió la sede del encuentro si Cipolletti o Viedma, siendo la elegida Chimpay, un gesto general a favor del intendente lugareño Hugo Funes.
Por otra parte, los últimos acontecimientos han permitido evaluar el crecimiento de la figura política de Aníbal Tortoriello, que desde el nivel municipal de una ciudad importante se está proyectado con la envergadura de un dirigente provincial. Tortoriello proviene del sector empresario y es religioso practicante del catolicismo.
Cuando triunfó en las elecciones pronunció un breve discurso ante sus partidarios y luego leyó varios pasajes de la Biblia.
Fue invitado a compartir una comida en Viedma con dirigentes políticos de distintas extracciones que lo nominaron para que los represente en el nivel nacional, ante el gobierno de Mauricio Macri y ante la conducción del PRO.
Y por si fuera poco convocó a una reunión en Cipolletti para el 27 de enero para apurar la conformación de Cambiemos y antes había mantenido una reunión a solas con el Iintendente Foulkes donde se charló de política y lograron coincidencias.
¿Molesta un Tortoriello ubicado en el centro del escenario? ¿Hay operaciones subterráneas para evitar que pueda ser “monopolizado” sectorialmente? ¿Es un adversario que el gobierno provincial no quiere ver fortalecido?
Un día después de la reunión en Viedma, inmediatamente, apareció con su firma en un comunicado de intendentes radicales como avalista y adherente. Ahora es mencionada como uno de las principales figuras de la reunión de Chimpay el 23 de diciembre.
También en la agenda hay un asado a la criolla previsto para el 22 de diciembre en el establecimiento de campo del ex vice gobernador Mario De Rege, a 40 km de Viedma, con los mismos comensales que acudieron al domicilio capitalino del ex ministro radical José Luis “Rafucho” Rodríguez.
¿No se trata de una agenda muy exigente que en algunos casos una fecha amenaza anular a otra muy cercana?
Tortoriello aparece así como una especie de “primus inter pares”, centro de un esquema de centralidad radial, al que además de los convencidos, se suman quienes lo hacen por conveniencia y especulación, algo así como utilizar un atajo para achicar distancias y ubicarse en las cercanías de un eventual polo de poder político que se está insinuando en Río Negro.
Dicen en el PRO que Tortoriello es el candidato a gobernador para los comicios del 2019 por Cambiemos. Otros opinan que antes deberá atravesar la prueba de fuego del 2017 y ganar en el propio Cipolletti, el pago del gobernador Weretilneck, que hará todo lo posible por alcanzar el triunfo con Juntos Somos Río Negro para alzarse con el primer diputado nacional en la provincia.
¿Un resultado adverso allí comprometerían las chances de Tortoriello para competir por la gobernación dos años después?
Habrá que ver si en Chimpay se pueda lograr o proyectar en el corto plazo la mesa de Cambiemos con la representatividad propia de los partidos políticos y sus actores institucionales ante los parlamentos provincial o nacional, las intendencias y los concejos deliberantes.
La cita en el Valle Medio será una exigente prueba para radicales y macristas, que a esta altura de los acontecimientos no tienen lugar para los retrocesos.
Rio Negro: la mirada puesta en el Congreso
La resolución en el marco parlamentario nacional del tratamiento de proyecto de ley de la oposición sobre Ganancias puede significarle a la provincia un costo fiscal de ochocientos a mil millones de pesos anuales, con la obvia repercusión negativa a sus ya maltrechas finanzas por la caída de la coparticipación.
El gobernador Weretilneck se dirigió por nota a los senadores nacionales de la provincia, Magdalena Odarda (CC-ARI), Silvina García Larraburu y Miguel Pichetto (FpV) requiriendo defender a los intereses de la provincia sobre ese tema.
Por su parte Pichetto, como jefe de la mayoría opositora de la cámara alta, dejó planteado el próximo miércoles como fecha límite para que el poder ejecutivo nacional encuentre una solución a conflicto político planteado por Ganancias.
Ese día, si no hay acuerdo, el FPV impulsará el proyecto impulsado en diputados.
Indican los medios periodísticos metropolitanos que esa fue la reacción del senador rionegrino ante la respuesta del poder ejecutivo de abrir negociaciones con los actores involucrados en el problema y también un mensaje dirigido a los integrantes de su bancada.
Se sabe también que tras la oferta del gobierno nacional hubo en los últimos días reuniones en el bloque de senadores, donde la mitad de sus miembros se alzó contra la posición dialoguista del bloque.
Al respecto, el columnista político del diario La Nación Carlos Pagni consignó que durante una de esas reuniones Pichetto le recriminó al senador ultrakirchnerista Marcelo Fuentes: “Vos no te endureces por los trabajadores, sino para que Macri vete la ley” ya que se presume que en una reunión de carácter privado, Fuentes había manifestado esa intención.
Además de Fuentes conforman el sector opuesto a Pichetto, los senadores Anabela Fernández Sagasti (Mendoza),Virginia García (Santa Cruz),Ana Almirón (Corrientes), María de los Ángeles Sacnum, Liliana Fellner (Jujuy), Nancy González (Chubut), Silvina García Larraburu (Río Negro), María Pilatti de Vergara (Chaco), Ruperto Godoy (San Juan) ,y Daniel Pérsico (San Luis).
Mientras tanto se iniciaron los encuentros para negociar un proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias entre equipos técnicos del gobierno y sectores de la oposición. Se estaría negociando la posibilidad de incluir deducciones especiales por región.
Se está evaluando hacer una diferenciación geográfica para contemplar en el impuesto las distintas situaciones financieras de las provincias, dijeron en el Ejecutivo. En el proyecto de la oposición ya existía la figura de zona desfavorable, que beneficiaba con mayores deducciones a los salarios que en la Patagonia son más altos. (APP)