«Lo que ocurrió es gravísimo. Esto solo pasó en nuestro país durante los regímenes militares. No existió orden judicial válida, ni autorización de las autoridades universitarias. Enfrentamos una pérdida sistemática de las garantías constitucionales y el Estado de Derecho se reduce a una mínima expresión», cuestionó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro, quien llegó minutos después de iniciado el operativo en las residencias, siendo testigo de los atropellos y exigiendo respuestas a los uniformados.
En el accionar policial, que revive los años más cruentos de la historia argentina, esposaron a los estudiantes, los tiraron al suelo, los mantuvieron incomunicados, no dejaron vestirse a una mujer que se estaba duchando. Revisaron toda la vivienda, desordenando y rompiendo muebles y objetos personales, en medio de burlas y demás excesos.
Entre otros atropellos tampoco se dejó ingresar a los abogados de los estudiantes, violando el derecho constitucional de defensa.
Cabe destacar que el ingreso violento de la policía se realizó sin la autorización de la Universidad, violando la autonomía universitaria, y solamente con un papel firmado por el secretario del Juez Hugo Greca. Este procedimiento es totalmente ilegal ya que viola el artículo 31 de la Ley de Educación Superior que expresa: “La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”.
Además, el procedimiento fue durante la noche, lo que según el protocolo de actuación es algo excepcional, para casos de urgencia o cuando se encuentran cometiendo el delito en el momento.
Indignación y estupor invadió a la comunidad universitaria y al campo popular. Demasiados excesos policiales y con mucha asiduidad. Gran similitud con la última dictadura militar. Algo que, lamentablemente, se está volviendo cada vez más cotidiano.