Viedma.- (APP) El columnista e integrante del directorio del diario Río Negro Ricardo Gamba calificó de “desmesura delirante” que el Estado nacional tenga que acatar los pronunciamientos del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de liberar de su encarcelamiento a Milagro Sala.
En forma refractaria a lo que también sentenció Amnistía Internacional y el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, el periodista del matutino roquense señaló que es “un absurdo jurídico” que un dictamen o resolución de un organismo internacional esté por encima del régimen federal y la división de poderes.
Lo delirante y absurdo es lo que afirma Gamba, ya que los tratados internacionales adquirieron jerarquía constitucional y obligan al país, representado por el Poder Ejecutivo Nacional y no por las jurisdicciones provinciales, a cumplir sus pronunciamientos. Una gran mayoría de juristas y hasta la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación han fundamentado largamente que no se pueden oponer decisiones del derecho interno al cumplimiento de las obligaciones internacionales.
Recordemos que tienen jerarquía constitucional la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos: Adoptada proclamada por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, entre otros.
Un ejemplo emblemático de que la Corte Suprema de Justicia colocó por encima del derecho interno estos tratados de derecho internacional fue la declaración de inconstitucionalidad de las llamadas leyes de obediencia debida y punto final en el 2005. Allí, el máximo tribunal judicial remarcó el compromiso asumido por el país al incorporar a la constitución tratados y convenciones internacionales. De allí que los crímenes de lesa humanidad resultaran imprescriptibles, prevaleciendo esto a ciertas garantías constitucionales internas como la cosa juzgada y la prohibición de retroactividad de la ley penal más grave.
Lo mismo pasó cuando la justicia federal declaró inconstitucionales los indultos presidenciales otorgados en época del gobierno de Carlos Menem que beneficiaron a personas imputadas de crímenes de lesa humanidad. Se fundamentó allí claramente que: “La clasificación de los delitos contra la humanidad no depende de la voluntad de los Estados sino de los principios del derecho internacional».
A diferencia de lo escrito por Ricardo Gamba, hasta Joaquín Morales Solá de “La Nación” tuvo que aconsejar al gobierno nacional –una administración que suele llevar a la práctica lo que editorializa ese medio- que “ceda” ante la insistencia internacional para evitar perjuicios posteriores. Y cita al constitucionalista Roberto Gargarella –que como dijo Solá es muy crítico con la historia de Sala- quien afirmó que la primera prisión de la líder la Túpac Amaru fue arbitraria y vició de legitimidad a todo el proceso judicial posterior. «Cada paso que se tomó desde entonces (la primera prisión) mostró la misma marca de origen: mantenerla detenida primero, ver de qué modo se justifica después», señaló Gargarella, coincidiendo en lo esencial con los pronunciamientos de los organismos internacionales.
Hay por lo menos un doble estándar de Gamba quien criticaba duramente a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, en el marco de una línea editorial conocida del “Río Negro” contra un “populismo” supuestamente autoritario y atentatorio de la república, y ahora quiere justificar lo injustificable en su afán de defender al macrismo. Faltó que dijera que hay “una campaña internacional” contra el país, similar a lo que esgrimía la última dictadura cuando se denunciaba desde afuera la violación a los derechos humanos. Si uno recorre columnas y opiniones del diario también se ve este doble estándar, ya que en algunas temáticas ha reivindicado la necesidad de cumplir con las recomendaciones y pronunciamientos de los organismos internacionales. Lo ha hecho incluso cuando llegó hasta la Corte por la “vulneración de la libertad de prensa” por la quita de publicidad por parte del gobierno neuquino.
Todo hace pensar que precisamente la justificación que hace Gamba del encarcelamiento de Milagro Sala y el consejo al gobierno nacional de “una respuesta categórica del estado argentino rechazando sin más la pretensión de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA” tiene motivaciones políticas, su claro antikirchnerismo –hace unos años en un artículo acusó al gobierno nacional de Cristina de realizar “el montaje del más sólido y eficaz aparato propagandístico que cualquier gobierno haya tenido después del peronismo del primer período”- y su manifiesto aval al macrismo.
Es verdad que cualquiera pueda opinar lo que quiera, pero asombra que sin escalas intermedias Gamba pase de la indignación por la supuesta “presión constante y brutal” que ejercía el kirchnerismo contra la prensa, a justificar que haya presos políticos y que se violen las convenciones internacionales de derechos humanos suscriptas por el país.
Como señaló en Página 12 Juan Grabois (abogado, miembro consultor del Consejo Pontificio de Justicia y Paz) es clara la persecución y el revanchismo en el encarcelamiento de Milagro Sala: “En su odio ideológico, clasista, xenófobo y misógino que han demostrado con creces, la ven como un trofeo de guerra y quieren clavar su cabeza en una estaca”.
Expresó además su preocupación por el “incremento del hostigamiento hacia la víctima que apunta a desestabilizarla psicológicamente induciendo sentimientos de indefensión, desamparo, ansiedad, angustia, aislamiento, abandono, culpa y frustración”.
La expresidenta Cristina dijo certeramente: “La detención de Milagro Sala constituye una afrenta al prestigio que la Argentina ha ganado en materia de derechos humanos y respeto a las decisiones internacionales». Y agregó: «Si esta era la manera que nos íbamos a presentar al mundo por favor que piensen algo diferente porque lo único que estamos haciendo es mostrar la peor cara, el desprecio a esa Argentina mestiza de la cual Milagro es representante». (APP)