Viedma.- (APP) La Mesa Directiva de UPCN rechazó la propuesta gubernamental de aumento salarial y amenaza con medidas de fuerza si no se logran acuerdos. “No puede aceptarse de ninguna manera”, consideró el sindicato, la oferta de un 15 por ciento en cuatro tramos hasta septiembre y otorgar una suma fija por única vez de 1500 pesos.
Por primera vez en mucho tiempo, UPCN se presenta refractario a la propuesta gubernamental, y podría decidir medidas de fuerza si es que el lunes no se mejora la oferta significativamente, en tanto que ATE un poco más permeable al incremento que plantea la administración de Weretilneck.
Precisamente, la apertura del gobierno a ATE, poniéndolo en igualdad de condiciones con UPCN en la discusión salarial, pesa significativamente en esta posición más combativa del sindicato que conduce Juan Carlos Scalesi.
Ayer los 52 miembros de la Mesa Directiva y los 36 miembros de la comisión asesora de las 26 delegaciones territoriales de UPCN trataron como tema central la pauta salarial 2018.
Scalesi indicó que que “la Ley 3052 del Consejo Provincial de la Función Pública establece que los acuerdos salariales deben ser consensuados en esa mesa y nosotros, como representantes de los trabajadores no podemos consensuar lo que propuso el gobierno hasta ahora”.
Señalaron además desde el gremio que “la planta de trabajadores de la Administración Pública no aumenta desde hace años, por lo que el Estado no tiene preocupaciones ni excusas en ese sentido”.
Expresaron disconformidad total «con la actitud poco comprometida del Gobierno respecto a sus trabajadores, porque los salarios vienen cayendo por el desfasaje respecto a la inflación y el Gobierno no cumple con lo que se comprometió a través de la firma de las actas de 2016 y 2017, que es, justamente, revisar los acuerdos para ajustar los puntos que perdió el salario”.
Afirmaron que “hay cada vez más compañeros endeudados y el consumo desciende a niveles preocupantes”, y “la brecha entre ricos y pobres crece cada vez más y muchos trabajadores no superan el límite de la pobreza”.
Scalesi dijo que “el Estado debe sincerarse en sus gastos y apuntalar el funcionamiento de la Administración Pública, no subsidiar empresas deficitarias o dilapidar el presupuesto en erogaciones que no hacen al funcionamiento de un Estado de utilidad para todos los ciudadanos”.
