Viedma.- (APP) Entrevista a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Liliana Piccinini. Al hacer un balance del 2016 graficó que “ha sido un año de intenso trabajo, signado por proyectos algunos concretados, otros a continuar y consolidar. Si debo hacer un balance y autoevaluar la gestión de este ejercicio, solo me permito decir que no ha sido un año de amesetamiento y quietud, sino todo lo contrario”. Sobre la reforma dijo que “estábamos en condiciones de llegar con los requerimientos del nuevo proceso al 1 de marzo”, pero la Procuración “solicitó un aplazamiento alegando que el Ministerio Público no se encontraba en condiciones y a raíz de ello la Comisión Interpoderes recomendó la postergación”. Indicó que: “Como ocurrió en todas las provincias, la transición no será sencilla, pero estamos preparados”.
-Es tiempo de balances. ¿Cuál es el suyo respecto al año que termina?
-El año 2016 comenzó con un conjunto de desafíos institucionales. Algunos por las modificaciones normativas que imponían fuertes cambios, otros que venían dados por la política institucional propia del STJ, ante la evidente necesidad de mejorar el servicio de administración de justicia en diversos aspectos y a ello se suma el mantener y reforzar lo existente.
Concretamente, el desafío de la Reforma Procesal Penal, que se encaró contribuyendo en la Comisión Legislativa Interpoderes, pero también se llevó adelante con la creación de la Unidad de Implementación de la Reforma, conformada por todas las áreas que operativamente tenían incumbencias puntuales para la puesta en marcha.
En lo político institucional se lanzó el Plan Estratégico Consensuado del Superior Tribunal que fue producto del trabajo de años anteriores, implementando por etapas y eso conlleva un trabajo continuo al interior del STJ.
Se presentó en San Carlos de Bariloche y luego se inició la segunda etapa, con participación de magistrados, funcionarios y empleados que están desarrollando programas de acción para el mejoramiento del servicio. También lo hemos trasladado al fuero de familia, porque es un fuero que tiene una dinámica a desarrollar muy distinta de acuerdo a la modificación del Código Civil y Comercial. Hemos creído necesario que ese fuero se incorpore al Plan Estratégico y desde allí se trabaje para gestar un modo ágil de gestión y se proponga al STJ un proyecto de iniciativa parlamentaria para contar con un Código de procedimiento del fuero de Familia. A este fuero en particular, durante este año se lo ha dotado de los equipos interdisciplinarios que colaboran con la Magistratura.
A otros organismos jurisdiccionales se los dotó de la colaboración de referencistas que contribuirán a la mayor calidad de los fallos.
Durante este año se concretaron los proyectos de las ciudades judiciales de Cipolletti, cuya primera etapa se licitó, y de Bariloche, donde se abrieron los sobres del concurso arquitectónico. Son obras muy necesarias que permitirán disminuir a futuro el gasto de funcionamiento (alquileres y adaptaciones de edificios) y a la vez mejorar la prestación del servicio de justicia. A esto debemos sumar la futura construcción del edificio para la justicia en la Ciudad de Villa Regina. También se pusieron en marcha los Juzgados de El Bolsón en materia de Familia, San Antonio Oeste en la modalidad multifuero, en Luis Beltrán con materia de Familia y se realizaron las designaciones de Magistrado, Secretaria y personal , más el acondicionamiento edilicio para el funcionamiento de un nuevo juzgado civil en Cipolletti, que comenzará a desarrollar tareas en febrero próximo.
Ha sido también un año de intensa actividad en el Consejo de la Magistratura, donde pusimos el acento en el tratamiento de los expedientes disciplinarios y en las designaciones de Magistrados y Funcionarios, tanto para el nuevo sistema acusatorio, como para cubrir vacantes producidas por jubilaciones.
Hemos trabajado en iniciativas parlamentarias, una de ellas para modificar la ley de mediación, y asumimos la tarea de reglamentación que se nos delegara; otra dando cuerpo al Código de Procedimientos Administrativos. Impulsamos la conciliación laboral extrajudicial voluntaria y llevamos adelante una capacitación sostenida para conciliadores.
Se ha llevado adelante una intensa tarea para realizar concursos externos e internos, cumpliendo con la manda constitucional que implica ponderar la idoneidad mediante dichos concursos, unico modo de ingreso y promoción en la carrera judicial.
En concreto ha sido un año de intenso trabajo, signado por proyectos algunos concretados, otros a continuar y consolidar. Si debo hacer un balance y autoevaluar la gestión de este ejercicio, solo me permito decir que no ha sido un año de amesetamiento y quietud, sino todo lo contrario.
-Recientemente se inauguró un nuevo edificio para el juzgado de paz en Sierra Pailemán.
-Se han realizado obras de mejoramiento edilicios en los Juzgados de Paz. En Sierra Pailemán funcionaba en una casita de adobe sumamente deteriorada y hace unos días pudimos inaugurar un juzgado moderno, cómodo y con tecnología.
Este mes hemos realizado la reunión anual con los jueces de Paz, Junto al Dr. Apcarian, que preside el Comité de Justicia de Paz y el Dr. Pablo Zille, que es el Inspector de Justicia de Paz.
Contamos con la satisfacción de haber logrado que los 49 Juzgados de Paz tengan conectividad, gracias a un convenio del Poder Judicial con Arsat y con Altec. Creo que somos la única provincia patagónica que ha logrado dotar de acceso a internet a todos los Juzgados, muchos de ellos ubicados en los parajes alejados.
Esto ha significado que haya Jueces de Paz que han pasado de no tener teléfono a tener conectividad y es maravilloso ver como se han aggiornado, como se comunican punto a punto con las cabeceras de Circunscripción; como intercambian con la gente del lugar y los ponen en contacto con los defensores oficiales. Estamos realmente muy satisfechos porque en definitiva implica un mayor y real acceso a justicia; con el aporte de dignidad. Porque esa justicia fundacional siempre se la ha destacado por su labor, pero no se le reconocían ni se atendían necesidades básicas y estructurales, como los lugares en los que trabajan, la capacidad y oportunidad de comunicarse, la provisión de herramientas e insumos, la capacitación.
Al prestarle la atención que merecen, en tanto integran un Poder Judicial que aspira a erradicar toda forma de discriminación, también es un modo de igualar ciudadanía.
Estas mejoras no son aisladas, sino que forman parte de una idea conceptual de avanzar en todo lo que hace a los sistemas de acceso a justicia.
El Poder Judicial de Río Negro tuvo la satisfacción de ser reconocido por la propia Corte Suprema de Justicia como la provincia con más mecanismos de cercanía a la ciudadanía, a través del mapa nacional de acceso a justicia.
-¿Hacia dónde debe avanzar la Justicia?
-Nuestro objetivo es avanzar a un servicio de justicia accesible, comprensible y portador de tutela efectiva de derechos. Esto implica por un lado desarrollar modelos de gestión más simples, lenguaje más llano, pero no por eso dejar de lado la calidad jurídica, el control de convencionalidad, el mayor apego a la labor y a la correcta administración de justicia. Implica un esfuerzo mayor de todos los operadores del sistema de justicia, con mayor sentido humanitario y con acento en lo social, afianzando la resolución de conflictos, por modos alternativos y también por el modo tradicional del juicio, pero sin abandonar el sentido y la misión de pacificación.
Este año tuve la oportunidad de ser invitada a distintas charlas y clases a alumnos de abogacía de la Universidad Nacional de Río Negro, y allí planteo la necesidad de un nuevo paradigma para el cual muchos no fuimos formados, basado en la función pacificadora de la Justicia, en la necesidad de ser gestores de pacificación , muy especialmente en los conflictos sociales, en los que es necesario una actuación portadora de justicia para el caso, en la que la cuota de sentido común es importante. Así como no es posible vivir en Sociedad sumidos en la anomia tampoco es posible una decisión justa con la aplicación de la fría letra de una ley. El sistema de justicia es efectivo cuando la norma bien aplicada restaura derechos.
-Este año se ha acentuado la relación con las universidades
-Si , lo cual es además de necesario muy gratificante. Con la la Reforma Procesal Penal, hubo interés de muchos profesores de la UNRN por tener una mayor vinculación y solicitaron realizar clases prácticas en Tribunales. Desde el Poder Judicial estamos complacidos. Yo les comentaba a los alumnos que nuestra generación no tuvo la oportunidad que tienen ellos de este tipo de prácticas. Eran clases teóricas, y el que no tenía un trabajo en Tribunales, cuando se recibía no tenía la más mínima idea de cómo conducirse.
Los he visto hacer ejercicios de litigación, y sinceramente creo que los letrados y los magistrados de mi generación vamos a tener que trabajar duro para seguirles el ritmo a los nuevos abogados.
Este año más de 80 estudiantes avanzados de distintas universidades de la provincia realizaron pasantías rentadas en el Poder Judicial. En provincias jóvenes y extensas como la nuestra, esa masa crítica de las casas de altos estudios debe ser alentada y capacitada en la práctica por el Estado.
-Ha planteado en diversas oportunidades que la Justicia no es solo para los abogados
-Es cierto y lo digo con absoluta convicción. Un Poder Judicial moderno, de justicia abierta, tiene que estar respaldado y acompañado por la asistencia de otras profesiones. Así como para decidir sobre la vida, la familia, la libertad de las personas, siempre es necesaria la participación de otra disciplinas para que el juez aplique la ciencia jurídica con mayor equidad y conocimiento, también en la faz administrativa y de gobierno del Poder Judicial es necesaria la presencia de profesionales y técnicos de otras ramas que coadyuven a las mejores decisiones de la política institucional.
-¿Cómo visualiza la relación de la Justicia con los medios de comunicación?
-En primer lugar hay que reconocer que el Poder Judicial en general, no solo en nuestra Provincia, tiene un gran déficit en su capacidad de comunicación. Los Jueces y el periodismo tienen, y es natural, intereses distintos. Lo que nosotros debemos hacer es abrirnos a una comunicación a la ciudadanía que permita visualizar y entender la tarea del Poder Judicial. Este año firmamos un convenio inédito con la emisora de televisión estatal, Canal 10, para producir y emitir cortos publicitarios donde los magistrados de una manera clara y concisa explican los aspectos más cotidianos del servicio de justicia. Eso permite que desde sus hogares, en los momentos de una sobremesa o entre programas de noticias o de espectáculo se sepa, por ejemplo, qué modificaciones se introdujeron en el nuevo código civil y comercial y esa explicación está dada por la o el que va a resolver, conociendo su rostro, percibiendo que es una persona que de modo afable, cordial y dispuesto le transmite como ejercer sus derechos. También hemos reforzado y profesionalizado la Dirección de Comunicación judicial, mediante la cual se brinda información diaria de la actividad de los Tribunales en términos sencillos.
-¿Podría ayudar a la transparencia el acuerdo sobre datos abiertos?
-Este año firmamos junto a todos los Poderes Judiciales de las provincias y de Nación un Convenio sobre Datos Judiciales Abiertos. La noción de gobierno abierto está dentro de nuestras políticas para brindarle a la comunidad la información precisa, por ejemplo,del estado de la litigiosidad en la provincia.
El concepto de dato abierto es lo central, porque se brinda en formatos abiertos, que se pueden utilizar por parte de los interesados, sean particulares, asociaciones, cámaras que aglutinen productores o comerciantes, a los fines de su análisis. Por ejemplo, es posible saber el cúmulo de causas laborales y el resultado de las mismas, su incidencia en la apertura o al cierre de fuentes de trabajo, en la previsibilidad de esos resultados. Le señalo como ejemplo las causas laborales, porque en general lo que resulta de interés pareciera ser lo que tramita en el fuero penal, y estos datos abiertos son abarcativos de todos los fueros.
También sirve para que se analice el desempeño de la Justicia Argentina teniendo en cuenta a los Poderes Judiciales de las Provincias, porque cuando se realizan estudios de la Justicia en los Foros internacionales o regionales, se menciona a la Justicia de la Nación y se desconoce que este es un país federal, con provincias autónomas que se dan sus propias instituciones y cada una tiene su propio rendimiento y su problemática.
En cuanto a la conflictiva penal, es el Poder Judicial la única fuente fidedigna de ese tipo de datos, porque la información sobre la cantidad de denuncias recibidas en la policía, o la cantidad de actuaciones prevencionales, son datos parciales. La verdad, el dato cierto, está dado en la cantidad de casos que configuran delito, la cantidad de casos en los que existió certeza de estar ante un delito y un delincuente y si es o no reincidente. Esos datos solamente los puede reunir e informar el Poder Judicial.
Justamente en este sentido la Justicia de Río Negro también ya ha dado varios pasos adelante. A través del Código de Buenas Prácticas, avanzamos en estadísticas confiables que además nos permiten decidir mejor adónde focalizar los recursos. Los resultados estadísticos, además, son presentados a través de infografías, para facilitar su comprensión.
-Hablemos de la Reforma Procesal Penal. ¿Cuáles serían los principales aspectos de este gran cambio?
-Básicamente, hoy tenemos un Código donde un Juez investiga y hay un Fiscal que va detrás acompañándolo. En realidad el Código aún vigente que llamamos mixto, porque tiene parte escrita y parte oral, fue varias veces modificado dando mayor protagonismo al Fiscal, pero a la hora de la verdad, el Juez siempre se imponía y era el que decidía cómo y qué investigar, para luego valorar su propia obra.A hora no podrá, no deberá hacerlo. Es tarea única y exclusiva del Fiscal y si hay un querellante este también aportará desde el lugar de la víctima.
El Fiscal que a veces pide algunas medidas, contesta vistas, y tiene un rol secundario y dependiente, pasa a ser el dueño y responsable del éxito de la investigación. Tiene la obligación de llevar al Juez una teoría del caso con todos los elementos probatorios. Por su parte , la defensa construirá su propia teoría del caso, y ambas partes llevaran sus posiciones ante los Jueces, litigarán en igualdad de condiciones.
Todo debe realizarse con razonable celeridad, en audiencias que se registran en imagen y sonido, tanto la imposición de los cargos, como la inicial calificación del delito que se atribuye, la libertad o el encierro preventivo, su duración, etc., se realiza en audiencia.
No existirá más el expediente, ni los traslados ni las vistas. Los Jueces resolverán de inmediato, en la misma audiencia. Se termina con el trabajo delegado en los empleados del Juzgado, quienes tendrán otras funciones en la oficina judicial, pero no recibirán declaraciones testimoniales, ni indagatorias, mucho menos proyectarán resoluciones. La tarea jurisdiccional es personal e indelegable. El Juez también tendrá intervención a pedido del Fiscal cuando deban realizarse medidas de prueba que afecten garantías constitucionales, por ejemplo un allanamiento de morada, deberá siempre efectuarse si el Juez lo autoriza. Las impugnaciones son recursos rápidos que se llevan adelante también en audiencia y se resuelven en el acto, salvo aquellas que tramitan ante un Tribunal
-¿Uno de los aspectos es evitar llegar al juicio, tratar de solucionar todo antes?
-El juicio seguirá siendo la forma de determinar si alguien es o no culpable; pero se llegará antes a esa etapa, y también se cuenta con los criterios de oportunidad, una herramienta que tienen los Fiscales para dar soluciones sin llegar al juicio, pero son supuestos reglados y debe ser siempre una solución que sea satisfactoria también para quien ha sufrido el delito.
-¿Está el Poder Judicial preparado?
-Hemos trabajado durante todo el año y estábamos en condiciones de llegar con los requerimientos del nuevo proceso al 1 de marzo. La Procuración solicitó un aplazamiento alegando que el Ministerio Público no se encontraba en condiciones y a raíz de ello la Comisión Interpoderes recomendó la postergación. Se capacitaron casi un millar de magistrados, funcionarios, empleados, periodistas y abogados; estamos acondicionando los edificios; contamos con gran parte del mobiliario y el equipamiento tecnológico; realizamos encuestas exploratorias entre los empleados para avanzar en el traspaso a las oficinas judiciales o al Ministerio Público. Como ocurrió en todas las provincias, la transición no será sencilla, pero estamos preparados. (APP)