Viedma.- (APP) En la Casa Rosada habían asegurado que Mauricio Macri nunca saldría a hablar del acuerdo por la deuda del Correo Argentino porque era una cuestión en la que no había intervenido y no tenía nada para decir. Sin embargo, con el paso de los días y el aumento del escándalo, al Presidente no le quedó otra que aparecer y dar la cara. Ayer, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada anunció que el caso volverá “a fojas cero”, sin dar precisiones acerca de lo que quería decir eso, pero se congratuló en que “no hay ningún hecho consumado en el tema del Correo, no se pagó no se cobró”. Sin embargo, eso no fue gracias a la acción del Ejecutivo sino a la fiscal general Gabriela Boquin que consideró el acuerdo “irrazonable y ruinoso” para el Estado. En combo, Macri también dio marcha atrás con el cambio de fórmula para calcular la movilidad previsional, que había arrojado un aumento menor a las jubilaciones y generó rechazos aún dentro de la propia alianza oficialista. “Hubo errores de nuestra parte y lo importante es no persistir. Si me equivoco doy un paso atrás y me corrijo”, sostuvo.
Macri habló en el Salón Blanco de una Casa Rosada que tiene varias áreas en refacción. Arrancó con un speech estudiado, en la senda recomendada por Jaime Durán Barba de buscar empatía con la gente. En el oficialismo evaluaban que el Gobierno estaba pagando un costo alto al no dar una respuesta convincente sobre este tema. “Vengo de una reunión de los abanderados de la Argentina solidaria: un encuentro maravilloso”, empezó. De nuevo repasó su historia personal, como para recordar que él tenía una vida de millonario y había decidido dedicarse a la función pública. “Me animé a soñar que podíamos construir una Argentina mejor. Me comprometí a ocuparme de sus problemas”, continuó, recordando a sus actos de campaña. Más adelante también diría que se acuesta y se levanta pensando en cómo mejorarle la vida a los argentinos. En principio, de lo que se trataba la conferencia de prensa era sobre cómo había mejorado la situación de la empresa familiar.
“Del tema Correo se dijeron cosas que no son verdad en los últimos días, con mala intención”, aseguró, pero reconoció que también su gobierno se encontraba en falta porque no habían pensado algún mecanismo para resolver controversias de ese tipo. Habló de un supuesto nuevo estándar de transparencia que fijó su administración y puso como ejemplo el fideicomiso ciego –“yo no sabía lo que era eso”– en el que colocó sus bienes. “Puse todo lo que era mío para que nadie tenga duda que yo vengo a trabajar por ustedes, y que otras personas, que yo no conozco, se ocupan de mis cosas”, afirmó.
Vale la primera aclaración. Macri no colocó allí “todos” los bienes de su declaración jurada sino que dejó afuera algunos terrenos, acciones, viviendas y los llamativos créditos que tiene con su amigo Nicolás Caputo y con el intendente de Lanús, Néstor Grindetti. Por otro lado, quienes manejan el fideicomiso no son tan desconocidos: se trata de una firma que fundó el escribano general de la Nación, Carlos D’Alessio, a la que renunció para que no hubiera problemas de incompatibilidades. Los fondos los maneja ahora su ex socio.
La concesión
“El concesionario del Correo era mi padre”, siguió Macri. Defendió la labor del ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, de quien dijo que había actuado “técnicamente bien” pero que habían fallado porque había faltado un mecanismo adecuado. “Por eso lo he instruido para que volvamos a fojas cero porque lo bueno es que no hay ningún hecho consolidado, acá no sucedió nada todavía. No se condonó, no se cobró, no se pagó. Le dije ‘volvamos a la Cámara y empecemos de cero’. Queremos un acuerdo integral para este problema que heredamos”, siguió.
De nuevo, por partes. Efectivamente, al momento de la privatización del Correo Argentina decidida por el gobierno de Carlos Menem en 1997, quien conducía el holding empresarial era su padre Franco. Pero en el libro El Pibe, Gabriela Cerruti cuenta que Franco convenció a su hijo mayor de acompañarlo en la tarea y que por eso desembarcaron en la conducción del Correo Orlando Salvestrini y el actual ministro de Modernización, Andrés Ibarra, quienes trabajan con Macri en la gestión en Boca Juniors.
De ahí que no quede claramente establecido qué tan ajeno fue Mauricio Macri a aquella gestión desastrosa del Correo ni qué tan ajeno es ahora a la empresa familiar que mantiene la controversia judicial con el Estado. Supuestamente cedió las acciones que heredó del Grupo Macri a sus hijos, pero no queda claro quién tiene el usufructo de esas acciones dado que sus hijos hasta ahora se mostraron lejos del mundo de los negocios.
Cero foja
Respecto a la orden que le dio a Aguad, también genera dudas. El 28 de junio pasado, el Estado aceptó una propuesta del Correo Argentino de pagar su deuda con una quita del 98,82 por ciento a 15 años y con un irrisorio interés del 7 por ciento. El grupo oferta pagar 600 millones de pesos y según el cálculo de la fiscal Boquin, proyectado a 2033, significa una quita de 70 mil millones. La fiscal rechazó el acuerdo en una presentación ante la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que ahora debe definir si homologa el acuerdo o no. La cuestión ya está en manos de los camaristas por lo que no se entiende lo de “foja cero”, si es que hoy o la semana próxima el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, irá a la Cámara a rechazar lo que firmó o pidiendo a los camaristas que ellos lo hagan.
Macri dijo en la conferencia que su tarea es “cuidar lo de ustedes, cuidar el Estado”, pero en este caso en particular es evidente que el Ejecutivo cuidó más los intereses de la empresa Correo Argentino y fue la fiscal quien se preocupó por los recursos estatales que alegremente se destinarían a cerrar de un plumazo una controversia que lleva más de una década en Tribunales. Macri aseguró que “por obvias razones” no intervino en nada en lo referente al acuerdo aunque el ministro Aguad reveló que le había mencionado el asunto al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y que había recibido un “dale para adelante” por respuesta. Es difícil imaginar que si Peña estaba al tanto de semejante negociación con el Grupo Macri no le haya hecho ni un comentario al Presidente con el que comparte tantas horas de trabajo.
Macri, Aguad y Mocoroa fueron imputados por el fiscal federal Juan Pedro Zoni en una denuncia penal por la firma de este acuerdo que consideró lesivo para los intereses del Estado. El fiscal pidió una serie de medidas de prueba al juez Ariel Lijo que debe resolver si las lleva adelante. Esa causa, aún en el escenario de “fojas cero”, sigue adelante, explicaban fuentes judiciales.
La Auditoría
Tal como había hecho Marcos Peña en las dos apariciones previas en las que se refirió al conflicto, Macri también trató de meter a la Auditoría General de la Nación (AGN) en el tema. “La Auditoria General de la Nación auditará la propuesta que haga la Justicia, que dé su visto bueno y conforme para que se implemente este acuerdo”, indicó.
El titular de la AGN, el justicialista Oscar Lamberto, ya había salido a cuestionar la interpretación de la Casa Rosada sobre su posible participación. “Hay un proceso de concurso que está en manos de la Justicia. Eso no es auditable, nosotros no tenemos competencia. No somos empleados de la Justicia, somos auditores del Congreso de la Nación”, precisó ayer Lamberto, respecto a lo que había propuesto el miércoles Marcos Peña. Lamberto explicó que quien debió haber intervenido en este caso era la Sigen en su rol de auditoría interna. “Tenían una brasa caliente y se la tiraron a la AGN. El Gobierno quiere corregir un error político con otro error político. Es una cosa totalmente descabellada”, consideró.
Audiencias
El Presidente consideró que la vuelta a “foja cero” incluirá también una original convocatoria pública. “Que arranque todo de vuelta en una audiencia pública donde ustedes seguramente concurrirán”, les dijo a los periodistas. “Donde se podrá debatir cómo se resuelven estos juicios cruzados que hay de un lado y del otro y la convocatoria de acreedores”, imaginó. Fuentes del expediente recordaban que en el derecho comercial no existe nada parecido a una audiencia pública para resolver controversias, más todavía teniendo en cuenta que se trata de un expediente complejo y de larga data y que se encuentra a resolución de la Cámara.
Mecanismo
“Si quieren magos busquen a Copperfield y si quieren infalibles busquen a otros”, fue uno de los latiguillos de Macri. “Cuando uno hace tantas cosas puede equivocarse”, agregó. Ante las preguntas críticas –hubo algunas– se notaba cómo se tensaba su rostro aunque después salía con alguna ironía o un “gracias por su pregunta”. Reveló que la noche anterior había hablado con Elisa Carrió –la fiscal anticorrupción sin cartera de Cambiemos–, que “estaba tranquila” y que entendía que estas cosas pasaban porque “comenzó el año electoral”. En cambio, prefirió no contestar si también había hablado con su padre. “Mi padre es un capítulo aparte”, deslizó.
Para contrarrestar el sigilo y secreto con que se actuó en este caso –que no se hubiera conocido de no haber trascendido el dictamen de la fiscal–, Macri propuso que se cree un sistema para resolver futuras controversias similares, algo difícil de imaginar a no ser que se vuelva una costumbre que la presidencia la ocupen empresarios contratistas del Estado. Imaginó que en ese proceso de discusión podría intervenir la Oficina Anticorrupción fijando “estándares elevados para que la confianza se fortalezca”. “Es la fuerza que nos va a llevar en el camino de la felicidad”, aseguró. No tenía mucho que ver pero “felicidad” tenía que entrar en alguna parte.
Otros temas
Ante las preguntas incómodas, Macri derivaba hacia otros temas. Obviamente, criticó al gobierno anterior y se quejó de la herencia recibida. “El punto de partida fue un país quebrado”, insistió. Imaginó hoy un país más transparente, con baja de inflación, crecimiento de empleo y hasta consideró que los jubilados habían recuperado poder adquisitivo con el mismo índice de aumento que ayer debió descartar luego de las críticas generalizadas porque con el nuevo cálculo los jubilados pasaban a cobrar menos aumento que antes. “El equipo técnico dice que se está aplicando mal la ley. Es un tecnicismo matemático”, minimizó. Luego se supo que la modificación del índice en verdad había sido un reclamo del FMI al Gobierno.
Recomendación del FMI
cambio a la baja en el índice de movilidad jubilatoria fue una de las tres recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo en materia de seguridad social en el informe de revisión de la economía argentina publicado en noviembre del año pasado a instancias del Artículo IV. La modificación de la fórmula finalmente fue desechada por el Gobierno, según comunicó el Presidente Mauricio Macri, luego del revuelo político. Pero hubo el intento de cumplir con el FMI. Además del cambio de la fórmula, el Fondo sugiere subir la edad jubilatoria de las mujeres de 60 a 65 años, un debate que el Gobierno promueve. El organismo de crédito también propone reducir el haber jubilatorio en relación al salario promedio obtenido durante la última parte de la vida laboral activa. A pesar de que el Gobierno dice estar preocupado por las finanzas públicas, tiene en agenda una baja de las contribuciones patronales, que impactaría negativamente sobre las cuentas de la Anses.
En la página 27 del informe publicado en noviembre en donde se analiza la marcha de la economía argentina según prevé el Artículo IV, el Fondo propone tres “opciones de reforma” para el sistema jubilatorio nacional, que considera crecientemente deficitario en términos económicos. El documento describe que “los desbalances en el sistema están exacerbados” a partir de la ley de reparación histórica y la introducción de la pensión universal, que para el Fondo implican en el mediano y largo plazo un incremento en el gasto de la Anses del 0,7 y 2,0 por ciento del PIB, respectivamente. Además, el fallo de la Corte que ordenó que la Anses reintegre a Santa Fe, San Luis y Córdoba el 15 por ciento de la masa de impuestos coparticipables, medida que luego el Gobierno negoció extender con el resto de las provincias, implicaría para el organismo previsional resignar recursos del orden del 1,6 por ciento, dice el Fondo Monetario.
La visión del Fondo se basa en comparar los ingresos del sistema de seguridad social frente a los egresos. Sin embargo, en la actualidad cerca de la mitad las prestaciones de la Anses se financian con impuestos, como el IVA y el Impuesto a las Ganancias. De hecho, especialistas que advierten que el rol de la Anses como organismo de redistribución del ingreso supone que es lógico que absorba recursos de la recaudación general. En contra de esa visión, el FMI advierte que en 50 años las cuentas de la Anses arrojarían un déficit del 30 por ciento del PIB si no se aplican reformas.
El Fondo propone tres opciones para “corregir el desbalance”. El primer punto es el “cambio en la fórmula de indexación”. “Las jubilaciones están ligadas al crecimiento del salario y a la recaudación de la Anses por beneficiario. Esto genera que los haberes crezcan por encima de la inflación, y que lo hagan más rápido cuando se reduce el crecimiento del número de beneficiarios. El FMI calcula que “indexar los beneficios a la inflación observada permitiría que desde 2019 en adelante se reduzca el déficit de la Anses en 20 puntos porcentuales del PBI”. Esta semana, el Gobierno de Mauricio Macri incursionó, sin éxito, en esta posibilidad.
La segunda recomendación es bajar la tasa de reemplazo, que se calcula como el haber jubilatorio en relación a los últimos salarios obtenidos. Según el FMI, esa relación se ubica en el 72 por ciento, “muy por encima del 53 por ciento que marca el promedio de la OCDE”, dice el informe. “Bajar la tasa hasta el 60 por ciento reduciría el déficit en 10 puntos porcentuales”, invita el FMI. “Eso implica quitar derechos adquiridos y es inconstitucional”, explica Federico Bobrovsky, abogado previsionalista.
La tercera recomendación es un “incremento en la edad de jubilación para las mujeres de los 60 a los 65 años en los próximos diez años”. El Gobierno promueve ese debate en los medios y también lo sugiere al ubicar en 65 años la edad de las mujeres en condiciones de recibir la pensión no contributiva universal.
Las propuestas del Fondo son parte de la revisión de la economía prevista del Artículo IV, instancia que repuso el macrismo luego de que desde 2005 se cancelara la deuda del país con el organismo por unos 9500 millones de dólares y se suspendieran esas visitas supuestamente técnicas.
Fuente: Fernando Cibeira y Javier Lewkowicz/Página 12