Viedma.- (APP) El jefe del bloque de senadores del FPV considera que el fallo del «dos por uno» debilitó al alto tribunal, que con la ayuda del Congreso tiene ahora una oportunidad para rehabilitarse
El senador Miguel Pichetto (FPV-Río Negro) consideró que la Corte Suprema «se ha debilitado» como consecuencia del fallo que benefició con el «dos por uno» a un condenado por delitos de lesa humanidad, pero se diferenció de quienes sostienen que el Gobierno motorizó la decisión.
En un reportaje con LA NACION, el jefe de la mayoría opositora del Senado destacó la reacción del Congreso ante la crisis generada por los jueces Elena Highton, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, a quienes les pidió tener «un poco más de calle» y no ajustarse a la literalidad de la ley a la hora de decidir cuestiones sensibles como los delitos de la dictadura.
-¿Qué evaluación hace de la reacción del Congreso ante el polémico fallo del «dos por uno»?
-Este fallo disparó una conmoción y el Congreso ha tenido una actitud reparatoria y colaborativa con otro poder del Estado, porque con esta ley interpretativa le da instrumentos para poder retomar un camino de compromiso con los tratados internacionales, con los derechos humanos y con la tradición de la Corte.
-¿Cómo queda la Corte después de este incidente?
-Indudablemente, le ha provocado efectos negativos. Podríamos decir que la Corte se ha debilitado. Uno de los pecados que tuvo el fallo es que requería de una mayoría más intensa y no de un voto dividido. Tendrían que haber estudiado el tema más a fondo y logrado un nivel de consistencia que, lamentablemente, no tuvieron.
-¿Le encuentra alguna explicación al fallo?
-No tengo detalle de por qué pasó. Me llama la atención por qué se incorporó ese tema. Porque el caso Muiña ocurrió en los 70, no estuvo detenido con prisión preventiva durante el tiempo que estuvo vigente la ley 24.390. Fue procesado y detenido a partir de 2007 y la condena estaba prácticamente cumplida.
-¿Hubo prevaricato de los jueces que fallaron el «dos por uno»?
-No creo que haya habido dolo, por lo que no comparto el camino de la imputación penal. Creo que hay una interpretación errónea de las normas, con un exceso de ritualismo. La 24.390 es una ley de carácter procesal penal, y la errónea interpretación tiene que ver con considerarla como una ley de fondo. La ley del «dos por uno» fue una mala ley pero fue votada en un escenario de adversidad, en el que había problemas de financiamiento y un colapso carcelario.
-¿Descartado el prevaricato, el fallo justifica el juicio político?
-Veo difícil el camino del juicio político. Me parece que la Corte tiene una oportunidad, la posibilidad de reconducir este tema con esta visión que el Congreso le ha dado. Me parece que es una experiencia importante para los nuevos jueces, en orden a que tienen que tener una mayor sensibilidad en un tema en el que la sociedad argentina tiene una clara visión respecto a que en los delitos de lesa humanidad, los responsables deben cumplir la condena.
-¿Faltó músculo político en los jueces?
-Por supuesto. Un gran procesalista argentino decía que los jueces de la Corte, además de tener formación jurídica técnica, debían tener visión de lo público. Yo le sumo a eso que el juez tiene que tener una experiencia de vida que le permita palpar la sociedad. Tener un poco de estaño, de calle, como decían los viejos.
-Sectores del PJ denunciaron que detrás del fallo estuvo el Gobierno. ¿Comparte esa visión?
-El fallo también sorprendió al Gobierno. El tema es que el Gobierno ha tenido desafortunadas intervenciones en el tema de derechos humanos que despiertan lógicas suspicacias, como eliminar la fecha del 24 de marzo o discutir estúpidamente el número de desaparecidos, algo lamentable porque ése número tiene un poder simbólico y no se discute. No sólo sorprende al Gobierno, sino que le impacta negativamente. Es un tema en el que, cuando Duran Barba hizo los focus group y Marcos Peña empezó a armar a los trolls para analizar qué pasaba en las redes, se encontraron con una bomba. Hasta el propio Presidente tuvo que salir a decir que no estaba de acuerdo.
-¿Diría que Rosatti y Rosenkrantz defraudaron su voto?
-Yo analizo los temas desde una mirada más institucional, no hago análisis desde lo personal.
-Pero cuestionó a Highton.
-Tampoco tengo nada personal con Highton. Creo que si la señora tenía voluntad de continuar, tendría que haber cumplido con la Constitución. Me parece legítimo que se sienta con todas las capacidades intelectuales para ejercer el cargo, pero debió pedirle al Poder Ejecutivo que envié su pliego al Senado, que tendrá, en el marco de la Constitución, la posibilidad de darle cinco años más, y no el vuelo corto de un amparo ante un juez que sacó un fallo retorcido, violando la Constitución. No es bueno buscar en el esquema corporativo la resolución de su continuidad porque los magistrados tienen fijados los 75 años para jubilarse, no son para siempre. Si no, se convierten en una casta monárquica que sigue en el cargo hasta el último día de vida.
-Adolfo Rodríguez Saá volvió a pedir la ampliación de la Corte. ¿Comparte el reclamo?
-Sí, pero es un tema que hay que hacer con el Gobierno. De nada vale que el Congreso avance en una ampliación de la Corte si no hay un acuerdo de carácter político institucional.
-¿Hay alguna negociación abierta por ese tema?
-No tengo ninguna vía abierta y creo que no es el momento. Mucho menos cuando estamos en proceso electoral.
Fuente: La Nación