Viedma.- (APP) Con irregularidades y en un escenario totalmente favorable para los oferentes que ostentaban apropiarse de la chacra de la firma familiar LUSTOR S.A, propiedad de la familia de Allen Tortarolo, un emprendimiento que en temporada alta emplea a más de 150 familias para la cosecha de peras, se llevó a cabo ayer el remate judicial promovido por Expofrut, empresa que se apropia de las 39 hectáreas a un precio irrisorio de menos de 6 millones.
En 2012, Expofrut inició la ejecución del reconocimiento de deuda (pagarés) que le había hecho firmar a los agricultores en 2010, para asistir con recursos tal lo establecía el contrato. LUSTOR S.A, no tuvo acceso a su liquidación y no le reconocieron los débitos incorrectos por gastos de frío, fruta no comercializada, fletes indebidos, etc.
En tanto en las instalaciones de la Policía de Tránsito de la ciudad la senadora Magdalena Odarda (Frente Progresista CC ARI), exhortó al martillero público a que dé efectivo cumplimiento tanto de la ley provincial Nº 4856, sancionada el 7 de junio 2013, conocida como “ley anti-remates” de chacras , y de la ley nacional de agricultura familiar Nº 27.118, cuyo ARTICULO 19, establece que “ Se suspenden por tres (3) años toda ejecución de sentencia y actos procesales o de hecho que tengan por objeto el desalojo de agricultores familiar”.
Sin embargo, el martillero público ante los reclamos de productores, dirigentes y trabajadores rurales que trataban de impedir la medida judicial hizo caso omiso de lo requerido por la legisladora nacional indicándole que “se vaya a quejar al juzgado”.
Indignada por la situación, y ante la negación de la Jueza María del Carmen Villalba de dejar sin efecto el remate judicial, Odarda denunció espionaje durante el proceso de remate asegurando que “se filmó a los trabajadores, a los productores, presidentes de cámara, a los integrantes del gremio de la fruta y a las legisladoras nacionales”, por ello sostuvo que “hará la presentación correspondiente en la Justicia”.
Estaban todos los privilegios dados para que esta multinacional, quien asfixió económicamente durante años a nuestros fruticultores pagando migajas por su producción, se quede con la chacra con medio centenar de policías a su disposición, vallas y hasta la imposibilidad de que ingrese la mitad de los productores y trabajadores que quedaron fuera de acto.