Viedma.- (APP) Después de muchos años que no se conociera ninguna iniciativa normativa en defensa de la ganadería, un importante rubro de la riqueza productiva de Río Negro, cuyo actual crecimiento no parece tener techo -sobre todo si se piensa en la complementación de áreas de regadío y secano-, el legislador del Frente Progresista, Jorge Ocampos, presentó un proyecto de ley, apuntando a una más eficiente tarea de la policía y la justicia contra el abigeato, con la creación de lo que denomina “Fiscalías Rurales”.
Estos potenciales organismos judiciales tendrían exclusiva competencia en la atención del robo de ganado que se comete en los establecimientos de distintas regiones de la provincia, haciendo llegar con celeridad el peso de la ley contra las diversas formas del cuatrerismo.
Este antiguo problema, que ya adquirió la categoría de flagelo, aparece con alarmante regularidad, tanto en los campos de secano como en las áreas bajo riego, y no sólo acarrea perjuicios económicos.
También pone en peligro la seguridad personal de los ganaderos, encargados y peones, que diariamente corren el riesgo de encontrarse frente a frente con los delincuentes -generalmente armados- que incursionan en los campos.
El robo de ganado no es un delito menor, ya que el Código Penal contempla sanciones de hasta 8 años de prisión a sus responsables, pero por distintas causas, carencia de medios de la policía o deméritos funcionales de la justicia, resultan excepcionales la aplicación de sanciones ejemplificadoras de ese tipo.
Al contrario, los propios ganaderos y la opinión pública observan en algunos casos con indignación y en otros con asombro, los operativos viales de la policía cuandose incauta carne faenada en los puestos camineros, cuyo origen no se puede justificar.
Los responsables no reciben mayor pena que el cobro de una multa insignificante y la devolución de sus vehículos, personas que en su mayoría son conocidos reincidentes, amparados por vacios legales, y a veces sospechadas complicidades de algunas autoridades, que les garantizan una provocativa impunidad.
La iniciativa del legislador Jorge Ocampos ha atenido amplia repercusión entre los ganaderos rionegrinos.
El robo de ganado provocó en los últimos meses tratamiento especial en las deliberaciones agropecuarias organizadas por el INTA los días 7 y 8 de junio en Viedma, seguidas por una importante convocatoria de la sociedad rural capitalina y otras similares en Río Colorado y otras localidades. Es de esperar que la comisión de asuntos económicos de la legislatura, donde está demorado este proyecto de ley desde noviembre del 2016, la rescate de su llamativo inmovilismo y a su vez sirva de estímulo para que otros legisladores sumen aportes para colmar con otras normas similares “las lagunas” normativas, que rodean a la ganadería y otros rubros productivos de la provincia.
Desarrollo, medio ambiente y creación de empleos
Es sabido que en la Argentina desde hace cinco años consecutivos no se registran índices satisfactorios de creación de trabajo formal, un síntoma realmente inquietante cuando se necesita que anualmente haya una oferta de mas de doscientos mil plazas para ocupar a esa cantidad de miles de jóvenes que se incorporan al mercado laboral.
Este diagnóstico implica obviamente la necesidad de generar todas las situaciones posibles para quebrar ese inmovilismo y posibilitar un aumento significativo de la oferta laboral con el esquema jurídico de contratación vigente, sin apelar a lo que ahora se denomina la “flexibilización laboral”.
Sin dudas éste es uno de los principales imperativos de las clases dirigentes, que involucran a los políticos y a los empresarios, principalmente en las provincias, donde el colapso de las economías regionales y la desocupación expulsan población a los grandes centros urbanos y son la causa de las deformaciones demográficas, como los 14 millones de argentinos que viven en la provincia de Buenos Aires.
Actualmente en Río Negro la crisis de la fruticultura genera cierre de empresas venta de chacras y desocupación, en un proceso que recién comienza y puede resultar impredecible.
Esa imagen se insinúa amenazante en otros lugares, como la planta de soda solvay en San Antonio Oeste, -no solo por la importación de ese producto desde China sino también por la situación política y jurídica que rodea a sus propietarios-, aunque recientemente una empresa del grupo Indalo, ganó una licitación para construir una importante obra publica en Bariloche.
No es mejor la situación por la que atraviesa Sierra Grande, con la paralización de la empresa china que explota el yacimiento minero, por la inestabilidad del mercado del hierro con sus bajos precios y el despido de la gran mayoría de su personal.
En Viedma, la situación es la misma que la del resto del país, amortiguada por la presencia del Estado y sus recursos, tanto en materia de salarios como en los pagos a proveedores. Lo mismo sucede con la falta de trabajo para los más jóvenes, problema morigerado por el ingreso a la planta del Estado provincial, cuyos agentes llegaron a las 70 mil personas.
Y en la zona sur, a pesar del repunte de la actividad ganadera ovina y caprina todavía no se ha recuperada de las crisis generada por la sequía y las cenizas volcánicas, no obstante el buen estado actual de los campos. Pero todavía hay migraciones de gente que busca trabajo en Viedma, Bariloche y el Alto Valle.
Este rapidísimo sobrevuelo permite recordar que dos proyectos que no admiten comparación entre si por su sideral diferencia de volumen e inversiones que están a la vista permitirán generar empleos en forma concreta como son la planta nuclear para la generación de energía eléctrica en algún lugar de la zona marítima y la explotación de la mina de oro en Calcatreu, próxima a Ingeniero Jacobacci.
Como se puede a apreciar la preexistente antinomia entre desarrollo y preservación del medio ambiente se ha incorporado como tema a la campaña electoral, en esta realidad, donde junto al mensaje de los candidatos, también interviene, sin que se perciba, la denominada mayoría silenciosa que produce opinión y finalmente se encarga de imputar los debidos costos políticos entre los polemistas.
El intercambio será útil, aunque sería muy conveniente para la comunidad en general que estas cuestiones tan complejas como sensibles, se traten más allá de las competencias proselitistas.
¿No sería posible así conciliar los términos desarrollo e intangibilidad del medio ambiente, exigiendo las mayores salvaguardas contra la hipotética o eventual contaminación, como ha ocurrido con éxito en otros lugares del país y en el mundo, pensando en la reactivación de las zonas rezagadas de la provincia y las acuciantes necesidades de empleos reinantes?
¿Habrá un partido laborista rionegrino en el futuro?
Río Negro es el escenario geográfico desde donde surgieron dos agrupaciones partidarias de carácter federalista, alterando el cuadro político conocido.
Una fue el Partido Provincial Rionegrino, impulsado por el gobernador de facto Roberto V. Requeijo en 1972, hoy asimilado al PRO. La siguiente, Juntos Somos Río Negro bajo el liderazgo de Alberto Weretilneck en 2016.
Estas organizaciones partidarias llegaron para terciar entre las tradicionales del radicalismo y el peronismo. Ambas tienen un común denominador: tuvieron a su favor los recursos del Estado ya que Requeijo y Weretilneck lanzaron sus proyectos siendo gobernadores de la provincia.
Ahora a partir de las reiteradas declaraciones de Rodolfo Aguiar, titular de ATE, la fisonomía de un partido de bases sindicales, se anticipa como una formulación teórica, una idea hacia el futuro más o menos inmediato. ¿Puede tener viabilidad la constitución de un partido laborista, una agrupación de trabajadores decididos a actuar en el quehacer político rionegrino como ya lo hicieron el PPR y JSRN?
Aguiar, que mantiene una lucha gremial sin cuartel contra la UPCN y su secretario general Juan Carlos Scalesi por la representatividad de los agentes del Estado, está convencido “que hay que ir mas allá del accionar sindical por las reivindicaciones laborales”.
“El gremio sólo no alcanza”, dice y se muestra convencido “que se debe participar en el quehacer político-partidario para incidir en el poder y empezar desde allí a resolver la cuestión global de los empleados públicos”.
En definitiva se trata de tener en cuenta la experiencia histórica nacional, la única existente, ya que se desconoce alguna otra como la que sueña Aguiar, que haya surgido en alguna provincia, salvo algún forzado paralelismo con las política laboral de avanzada del “Gaucho” Lencinas, el gobernador radical disidente de Mendoza, en épocas de Yrigoyen.
Todo remite a lo sucedido entre 1940 y 1945 cuando grupos sindicales encabezados por Luis F. Gay contribuyeron en forma decisiva para que el entonces coronel Juan Perón llegase a la presidencia de la Nación.
El Partido Laborista tuvo una duración efímera, no pudo consolidarse en el plano político e ideológico por sostener a todo trance su autonomía frente a las resoluciones del gobierno. Y ese es el legado para rescatar.
Precisamente pudo gozar de una independencia fugaz, hasta que empezó a reinar la verticalidad política y gremial. Perón después de las elecciones del 24 de febrero de 1946 ordenó la disolución del Partido Laborista precedida de una intensa campaña de difamación contra sus principales dirigentes.
No hay duda que aquel laborismo fue la antítesis de lo que se conoce hoy como “burocracia sindical” del peronismo, estructura que salvo contadas excepciones, atrasa históricamente y conceptualmente está devaluada social y políticamente en la sociedad argentina. (APP)