Parar el ajuste en Río Negro/Por Jorge Goulú García

 

Viedma.- (APP) Aunque el gobernador Alberto Weretilneck no se alinee explícitamente con el gobierno nacional, el Estado provincial se encamina a un nuevo proceso de “racionalización” o “ajuste”,  al igual que en los 90

En el  año 1995, los trabajadores públicos rionegrinos vivimos una de las experiencias de lucha más dura, varios meses sin cobrar nuestro salario, rebajas salariales, pago en bonos, privatización del Banco de la Provincia, de la empresa de energía, transferencia de la Caja de  Jubilaciones, tercerización de servicios públicos, etc.

Hicimos una experiencia fenomenal en la lucha callejera,  logramos la unidad de los estatales (Frente Estatal Rionegrino), también minimizar los efectos de las políticas que se pretendían implementar por indicaciones del Banco Mundial,  (7000 empleados públicos menos y rebaja salarial del 40 %), más las enumeradas en el párrafo anterior. Políticas que sí se lograron en otras provincias como Córdoba.

No olvidemos también lo que se hizo con el Estado Nacional, no solo se lo redujo a la mínima expresión, sino que transfirió  a las provincias el sistema educativo y de salud. Eliminó el ferrocarril y privatizó las principales empresas estatales, Agua, Energía, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Jubilaciones (AFJP), YPF, etc.

El Gobierno Nacional, que por ahora tiene mandato por dos años más, viene anunciando que de ganar las elecciones de medio término en octubre, profundizará algunas medidas tendientes a reducir el déficit primario, apuntando fundamentalmente al Sistema Previsional, (representa alrededor del 36% del PBI) y a seguir reduciendo la planta de empleados públicos, y el “Costo Laboral” o sea nuestros salarios. A esto se le suma que también tiene previsto “Rediscutir” la Coparticipación con las Provincias.

Honestamente,  no sé si todo ello es verdad, lo que sí sé, es que si no estamos preparados, es muy probable que lo intenten y/o puedan  hacer.

Esto nos plantea un escenario para nada nuevo a los trabajadores en general y a los estatales en particular.

Por todo ello es que propongo iniciar un debate entre los trabajadores y la dirigencia sindical, ya sea en asambleas de base inicialmente y luego, en las organizaciones que nuclean a cada una de ellas (CGT  – CTA) y como se hizo a nivel nacional sumando a las organizaciones sociales.

De darse el escenario antes  enunciado, debemos rescatar las lecciones de la lucha llevada a cabo en los años 90, analizar qué errores cometimos y tratar de superar diferencias ideológicas, que las hay, el sectarismo y profundizar la  unidad de acción en base a las coincidencias (defensa de los puestos de trabajo, del poder adquisitivo de los salarios, etc.).

Como quedó demostrado en los 90, esto por sí solo no alcanza para lograr dichos objetivos; será necesario, en esta nueva etapa; sumar al debate, “qué tipo de Estado” se necesita en este siglo XXI.

Estado del siglo XXI: En tiempos de transición

Hay varias definiciones de Estado; la mayoría coincide en que es, sintéticamente:

 “Una Asociación con base territorial, compuesta por un conjunto de Instituciones y de relaciones sociales. Estas instituciones reclaman el monopolio del uso de la coerción física sobre la población y el territorio que el Estado delimita” (O Donnell).-

Como primer aporte al debate, propongo discutir la siguiente definición: El Estado en tiempos de Transición.

Entiendo por Estado en Tiempos de Transición, el MOMENTO en que su FORMA, está en duda, en un proceso de incertidumbre, sin definición hacia dónde va.

Según O Donnell, el Estado es también un conjunto de “relaciones sociales”, y que esas relaciones se dan en un proceso histórico político en pleno movimiento, en construcción permanente. En adelante llamaremos a esta situación “Relación – Estado”

Hay momentos de relativa “Estabilidad” de la relación-Estado.

“En los momentos de estabilidad política y estatal hay tres componentes del Estado, el Estado Como correlación de fuerzas, El Estado como máquina o Institución y el Estado como Idea, se definen como estables porque se mueven en un ámbito de previsibilidad y de no  antagonismo radical, ni de quiebre en sus componentes internos. Por lo tanto, su preservación, su transformación y su reconversión, son en cierta medida previsibles.” (G. Linera – 2007)

Cuando desde la Jerarquía del Estado (Gobierno) se pretenden modificar las estructuras de esa relación – Estado, podemos decir que entramos en un “momento de Transición” hacia otro modelo o forma de relación – Estado.

Este Tiempo de Transición abre, para los bloques sociales, los trabajadores y sus organizaciones sindicales, en particular, de alguna manera la posibilidad de influir o incidir, en la definición de la FORMA que adquirirá esa nueva relación –Estado, y de las políticas (Estado como Idea) que de él surjan en el futuro, dado que del resultado de esa correlación de fuerzas, se materializarán nuevas normas (leyes, presupuestos, organización Institucional,  etc.).

La relación – Estado es una relación paradójica. No hay nada más material, físico y administrativamente político que un Estado (monopolio de la coerción, de la administración de los impuestos, etc.). Hacia dentro la administración de la maquinaria (el Gobierno o el Ejecutivo), es el único lugar en todo el campo político en el que la idea deviene en materia con efecto social general, normativa, recursos financieros, ejecuciones presupuestarias, etc.

La participación de los trabajadores estatales, como bloque social (relación de fuerza), tiene la obligación de influir en la definición de este nuevo momento en la relación – Estado; La pelea dada en los 90 nos enseña que no alcanza con dar la lucha, (en aquel  momento defensiva), hoy es necesario buscar la alianza de todos los sectores sociales amenazados por el modelo imperante. Un triunfo de los trabajadores, plantea la posibilidad cierta de construir una relación – Estado nueva.

Las Elecciones de medio término que se realizarán en Octubre, podrán modificar en alguna medida la composición de las  Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, pero lamentablemente creo, que no modificarán el rumbo económico del Gobierno Nacional, dado que ha planteado hasta el cansancio que no hay plan “B”.

Solo la resistencia de la sociedad y sus organizaciones podrán modificar la correlación de fuerzas e inclinar la balanza para morigerar y/o hacer retroceder las consecuencias de las políticas que hacen que sobren al menos la mitad de los habitantes de este país.

Estado inteligente vs Estado excluyente

El debate iniciado con este documento, pretende incorporar no sólo a todos los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes deben liderar dicho proceso; haciendo necesario  sumar a  las Universidades Nacionales de Rio Negro y del Comahue, a las Organizaciones Sociales, los Consejos Profesionales, al INVAP, al Instituto Balseiro, al IPAP, etc., con el objetivo de tratar de diseñar y construir un Estado al servicio de los ciudadanos, con proyectos productivos y de desarrollo para, como mínimo,  los próximos 10 años, donde la ciudadanía  tenga la posibilidad de debatir el Presupuesto, las prioridades de inversión pública, las actividades económicas pasibles de contar con apoyo estatal, qué hacer con los hidrocarburos y la minería, el turismo, en definitiva una mayor participación ciudadana.

Respecto del Interior del Estado y los trabajadores, se debería impulsar el debate de qué estructuras organizativas son necesarias para brindar mejores servicios y de mayor calidad. En definitiva, constituir nuevos organigramas y una carrera acorde a los tiempos que nos toca vivir.

Qué sistemas operativos o informáticos (INVAP –BALSEIRO – IPAP), se necesitan para ahorrar trámites burocráticos (INTRA Y HACIA FUERA), que agilicen la llegada del estado a los contribuyentes, cómo se puede hacer para ahorrar en papel, combustible, energía  y todo otro gasto superfluo que todos los que trabajamos en la administración sabemos que se realizan.

En este sentido, hay que evitar la confusión entre “Estado Inteligente”  como forma de reducción de recursos o servicios, sino que se trata hacer más eficaz al Estado.