Viedma.- (APP) Eldebate sobre el Plan Castello es una ambiciosa y audaz jugada política del gobernador Alberto Weretilneck que busca lograr y obtener el cumplimiento de varios objetivos, que incidirán en la oposición, principalmente en el Frente para la Victoria y en el proceso institucional que viene.
Seguramente lo más importante de esos fines será quebrar la inercia a que lo condenaría la actual coyuntura financiera por la disminución de los recursos federales, si se resignara a convivir con el accionar oficial acotado únicamente a pagar sueldos de la administración pública y la realización de obras de escasa envergadura.
El Plan Castello significa que Weretilneck ha retomado la iniciativa política que no sólo apunta al 2017 sino principalmente al 2019 y se apresta a librar la gran batalla parlamentaria que se avecina por la aprobación del proyecto de desarrollo que ya envió a la legislatura.
Se prevé un duro enfrentamiento parlamentario en un escenario que tendrá como fondo y en primer plano a los principales contendientes en la disputa por el poder en Río Negro.
Por un lado el gobernador Weretilneck que aspira a prolongar su mandato por otros cuatro años, reforma de la constitución mediante, y por el otro el intendente de General Roca y presidente del PJ, Martín Soria su más irreductible adversario, que anhela tal vez como supremo hecho reivindicativo, recuperar el sitial que la muerte le arrebató a su padre.
Mensurando a priori lo que está en juego en torno a los proyectos políticos que confrontan, surgirán la victoria o la derrota que definirán en esa expectante competencia los legisladores en el recinto parlamentario.
El resultado a favor del gobierno sobrevivirá a la ultima y definitoria sesión legislativa hasta los últimos meses del año, lapso en que los estrategas oficiales piensan reeditar ese eventual éxito con el paso complementario de obtener el respaldo de Nación y el financiamiento externo, cercano a los 500 millones de dólares.
Esta arquitectura de alto vuelo depende de que el gobierno acceda a los dos tercios de los votos, una pretensión nada fácil.
La cifra cabalística es de 31 sufragios sobre un total de 46, que están obligando a muy reservadas negociaciones, que se podrían calificarlas de casi secretas donde participan asesores, legisladores e intendentes en una prolongada vigilia.
El gobierno -Juntos Somos Río Negro- tiene los votos de su bloque ahora de 25 legisladores por la ausencia forzada del gremialista Rubén López, a quienes se sumarán el unipersonal de la UCR, con Soraya Yahuar, y además Jorge Ocampos y Daniela Agostino del Frente Progresista.
Weretilneck necesita los votos que faltan y que deberán surgir necesariamente de la bancada del FpV, única oposición en la legislatura.
Desde hace meses el gobierno viene concentrando sus esfuerzos en perforar esa fortaleza. Esa tarea en otros momentos logró que algunos de sus integrantes se sumaran a la aprobación de la renegociación de los contratos petroleros, y más recientemente, a la aprobación del presupuesto de la provincia.
De allí, con esos antecedentes, hay expectativas -repiten en la Casa de Gobierno- que pueden surgir los votos que le permitirían al oficialismo cruzar el límite y obtener la viabilidad para el Proyecto Castello.
Conocedor de esas señales, fragilidades y diferencias internas, Martín Soria viene visitando regiones de la provincia en actitud proselitista, pero ha omitido en la Línea Sur y en sectores del Alto Valle Oeste integrar en su comitiva a los “pichetistas”, como Alejandro Marinao y Ariel Rivero, legisladores de los respectivos circuitos electorales.
No obstante, su convocatoria al Consejo partidario del PJ celebrado en enero en Roca, tuvo como finalidad buscar reaseguros y evitar sorpresas, blindando al bloque de influencias exógenas. Se dejó sentado en acta un expreso mandato a los legisladores de abstenerse a votar el Plan Castello sin exigir previamente una serie de severas condiciones.
Entre ellas, la creación de un fondo fiduciario para evitar que se desnaturalice el destino de los recursos, individualización de cada uno de las obras u otros trabajos públicos a realizarse, certezas sobre los montos del endeudamiento, tasas de intereses razonables en el mercado, identificar los tribunales que tendrán competencia en el caso de litigios, y establecer una comisión de seguimiento parlamentario.
En esa acta que fue depositada en la justicia por el apoderado del PJ, el legislador Nicolás Rochas, se hace referencia al artículo 14 de la carta orgánica del PJ que alude a las facultades del Consejo.
Son las de fiscalizar la conducta política y publica de los representantes del partido, en particular respecto de los cargos electivos de representación política legislativa provincial, de conformidad al articulo 25 de la constitución provincial. Este último puntualiza “que las bancas de toda representación política legislativa provincial o municipal pertenecen a los partidos políticos”.
También se subraya allí la potestad de “impartir mandato a los representantes ejecutivos y legislativos en temas de trascendencia institucional y de claro contenido ideológico”.
Mientras tanto, estos momentos preliminares de ansiedad y generalizado hermetismo están alentando a los observadores en incurrir en pronósticos y vaticinios como modernos oráculo, con los riesgos que ello significa.
En los últimos días se pudo escuchar en asiduos reductos capitalinos, calificados por sus habitués, con toda naturalidad, como “serpentarios”, la interpretación de que el reciente fallo judicial que declaró la inconstitucionalidad de la municipalización de Las Grutas, puede ser la moneda de cambio que incline a Javier Iud a votar favorablemente el Plan Castello.
Al respecto, lo único concreto es que el legislador sanantoniense representa la concepción geopolítica mas dura que defiende a ultranza la integralidad política y geográfica de las comunidades del Golfo de San Matías y de su futuro rol de polo industrial y portuario de la provincia y la región norpatagónica.
Seguramente esta versión ha sido inspirada por el debate que se está generalizando en torno a la postura de los intendentes, que responden a la demanda de obras exigidas por los vecinos, y los legisladores obligados por los intereses político-partidarios o sus propias convicciones ideológicas.
En el circuito Valle Inferior, expresan estas visiones el legislador Mario Sabbatella y la intendente de General Conesa, Alejandra Mas, ambos dirigentes del FPV tal como se han expresado en APP.
Seguramente esta dicotomía se estará repitiendo en otros lugares de la geografía de la provincia.
La nueva etapa del PRO en Río Negro
El PRO no es un partido multitudinario ni de alcance popular. Esta realidad y su agudo déficit organizativo y territorial se pudieron apreciar sin explicaciones en la muy módica asamblea general realizada en los últimos días en Viedma.
En la reunión que presidió el interventor federal Enrique Braun estuvieron una treintena de personas rentadas provenientes de toda la provincia, la mayoría de ellos funcionarios delegados de organismos nacionales y algunos familiares.
En realidad es la imagen objetiva de un partido político en ciernes, un proyecto en sus prolegómenos, donde todo está por hacer, un infinito tiempo perdido y cuantiosos recursos oficiales invertidos sin resultados a la vista.
La excepción fueron los intendentes de Aníbal Tortoriello, de Cipolletti, Danilo Rojas, de Dina Huapi y el concejal de Bariloche Daniel González. Se pudo saber que Sergio Wisky tendrá a su cargo la jefatura de la campaña electoral de octubre venidero, mientras Juan Martín, en estado de “prolija observación”, cumplirá un papel secundario, lejos de todo protagonismo.
La asamblea decidió constituir juntas o comisiones locales y después un organismo provincial de conducción. Cumplido ese trámite se convocará a elecciones internas pata determinar las nuevas autoridades partidarias.
De acuerdo a trascendidos se registró alguna autocrítica y se ratificó el camino hacia Cambiemos con la UCR. Se adelantó que el diputado nacional Sergio Wisky aspira a ejercer el cargo de presidente del PRO rionegrino cuando llegue el momento de la normalización.
A dicha reunión no fueron convocados los dirigentes del ex PPR contrarios a quienes promovieron la intervención, entre ellos Maria Piedrabuena, que dejo de ser titular del PRO.
Extremas sensibilidades en la UCR
La visita del interventor Enrique Braun al comité central del radicalismo en Viedma transcurrió sin que se registre ningún hecho político relevante, ya que las conversaciones no pasaron de las meras formalidades, a excepción de acordar un encuentro con espíritu de Cambiemos que se realizara el 10 de abril próximo entre las autoridades de ambos partidos en Cipolletti.
Pero una fotografía que registró el encuentro donde aparecen Darío Berardi, presidente de la UCR, el intendente de Viedma José Luis Foulkes y Daniel Sartor, provocó algunas llamativas reacciones.
Tal vez la más intempestiva fue la que provocó el jefe comunal de Ingeniero Huergo, Miguel Martínez, quien cuestionó a Foulkes, llamado telefónico por medio, por haber compartido la ceremonia estando presente allí el ex legislador provincial Sartor con quien mantiene desde hace tiempo profundas diferencias políticas, pero que nunca hizo públicas.
Más allá de que el anfitrión del acto fue Berardi, como corresponde su calidad de titular partidario y dueño de casa, no se le otorgó importancia al llamado telefónico, por estar referido a un simple hecho protocolar y a su falta de razonabilidad.
Alegaron dirigentes de Viedma que Martínez es conocido por sus quejas y rezongos.
Amagó en su momento disputar internas para competir por la presidencia del radicalismo y luego fue para atrás, estuvo en la reciente convención de Regina y no dijo públicamente una sola palabra crítica de Sartor con quien compartió el mismo lugar, y a pocos metros de distancia. Parece que allí no le molestó la presencia de “El Fino Sartor”.
Tampoco faltó quienes recordaran su representatividad y los resultados electorales en Huergo, donde nunca alcanzó los votos que obtuvo Foulkes en cada una de las internas partidarias con las que triunfó en la capital de la provincia.
Barrera sanitaria: “Ni los perros…”
El ministro de Agroindustrias de la Nación, Ricardo Burtyaile, y el gobernador Alberto Weretilneck se encontraron en Bariloche durante la reunión de los representantes del Consejo Federal Agropecuario. Entre otros temas se abordó allí el tema de las deficiencias que presenta la barrera sanitaria de los ríos Barrancas y Colorado. Weretilneck aludió a la necesidad de reforzar el poder de policía.
Buryaile recordó que había solicitado a los legisladores patagónicos que trabajen en un proyecto de ley que transforme a la barrera sanitaria en un servicio público para que no sea afectada en su funcionamiento por los paros de ATE.
En este marco y de fuentes propias la agencia APP logró establecer que el Senasa dispuso suspender el servicio de la brigada de perros amaestrados para detectar el contrabando de carne, proyecto organizado por el director de la Funbapa, veterinario Eduardo Merallo.
El Senasa informó a los directivos de la barrera que no hay recursos para pagar el sueldo del encargado ni para adquirir el alimento para los perros.
No habrá Cambiemos en Santa Fe
A José Corral, presidente de la Unión Cívica Radical en el orden nacional, cada día que transcurre se le hace más evidente que le queda muy grande la toga de esa jefatura que en su momento lucieron hombres como Balbín y Alfonsín.
Ahora lo están haciendo responsable que por su propia impericia se debe que el radicalismo santafesino volverá a presentar candidatos con el Frente Progresista Cívico y Social con el Partido Socialista, aunque la decisión la adoptó la convención partidaria,
El enojo en el gobierno nacional es porque “consideraban a Santa Fe una provincia central para fortalecer el espacio y la presencia del presidente Mauricio Macri”. Allí se eligen 12 intendencias, todas radicales, 52 concejos municipales, y 315 presidentes de concejos municipales y en el orden nacional nueve bancas de diputados.
Martin Soria adelante con todo
El “Gringo” Carlos Soria confió a quien firma esta columna que se había equivocado en mensurar la importancia de ser diputado nacional -lo fue durante 20 años- cuando en realidad el poder político real surge desde los municipios y del voto de la gente en el propio territorio de cada uno.
Siempre recuerdo esas palabras. Y lo hice sobre todo cuando el ex gobernador fallecido perdió aquellas elecciones con Miguel Saiz, y desde la misma derrota buscó y alcanzó la intendencia de General Roca y desde allí, previa excelente gestión, llegó a la gobernación de Río Negro.
Además tomo conocimiento que su hijo Martín, hoy en el rol de intendente, acaba de informar que desde que su padre asumiera el cargo en el 2003, todos los años se presenta el ejercicio con superávit. Y que este alcanza a los 30 millones.
Es que Martín aprendió la lección de “El Gringo”: primero una buena gestión en el pago y después ir detrás de otras metas en la vida pública.
Hay políticos que empiezan su carrera al revés cuando desde 1983 hasta hoy la gran mayoría de los gobernadores rionegrinos vienen desde las municipalidades con un importante caudal de experiencias.
Para tener en cuenta. (APP)