Viedma.- (APP) “He sido opositor al Plan Castello desde sus inicios a principio del 2017, por un lado porque el tipo de deuda en dólares que íbamos a contraer era un mal negocio e iba a ser impagable para los rionegrinos, poniendo en riesgo hasta los recursos naturales que podrían interpretarse como garantía de la deuda, y además porque el plan de obras públicas se hizo a las apuradas y hoy vemos como a varios meses de recibir los primeros ingresos de esta deuda, no se ha puesto nada en marcha, por lo tanto el dinero no hace más que generar intereses, sin ningún beneficio”. Es la voz del legislador rionegrino por Fuerza Nacional y Popular, Mario Sabbatella, en relación a la publicación del economista del Centro de Estudios Patagonia, Claudio Scaletta.
Según explica Claudio Scaletta en su informe ya publicado en varios medios*, la decisión de tomar créditos en los mercados internacionales para financiar obra pública doméstica, como es el llamado Plan Castello, se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno nacional que consiste en utilizar a los estados provinciales para la colocación de deuda externa. Pero las provincias usan PESOS, no dólares, por lo tanto una vez que los Estados Provinciales consiguen la deuda, al ser ésta en dólares, las divisas extranjeras – los dólares – quedan guardadas en las arcas del Banco Central.
Se trata de la misma estrategia utilizada por la dictadura militar 1976-83, solo que entonces el endeudamiento se puso fundamentalmente en cabeza de las empresas públicas. Cambiemos, el PRO, como parte de un plan deliberado, utiliza a las provincias para hacer lo mismo.
Los números del Boletín Oficial [3] de la resolución 250-E/2017 (7-dic 2017) delatan que la provincia de Río Negro ha perdido ya 100 millones de pesos en el pago de intereses, sin encarar las obras. La provincia lleva varios meses de intereses, lo que suma unos 5.000.000 de dólares o redondeando 100.000.000 pesos del bolsillo de los rionegrinos, mientras el dinero no se usa y reposa en el Banco Central, percibiendo intereses muy por debajo de lo que se paga a los acreedores extranjeros cada mes, de allí la frase de Scaletta “Cómo perder 100 millones y dejar de ganar 500”.
Mario Sabbatella exige explicaciones al Poder Ejecutivo, y pide que técnicos en la materia analicen si las decisiones son beneficiosas para las finanzas de la provincia, ya que en el informe del economista, menciona sospechas de “administración fraudulenta o infiel consideradas delito en el Código Penal, art 173, inc 7”.
“En un abrir y cerrar de ojos, con una simple decisión financiera, la provincia de Río Negro llevó adelante un muy mal negocio” – sentencia Mario Sabbatella – “y quienes nos opusimos fuimos ninguneados. Está claro que si el asesor del gobernador fue el ex viceministro de Domingo Cavallo (Daniel Marx), el plan de deuda no era beneficioso para adentro, sino para afuera. Quiero que el gobernador explique por qué tomó semejante deuda sin tener todo preparado para iniciar las obras apenas ingresara el dinero. Creo que ya es tiempo de que en Río Negro dejemos de improvisar, pensemos en la gente, en el futuro y trabajemos unidos, permitiendo que las voces a veces disidentes colaboren en mejorar el debate y los criterios, para así balancear las decisiones que tanto nos afectan”.
*Weretilneck y el Plan Castello: Como perder 100 millones y dejar de ganar 500/Por Claudio Scaletta**
Tres colegios de Educación Técnica y unas 600 viviendas podría haber construido Río Negro si no mal invertía los fondos del Plan Castello. En cambio, Weretilneck prefirió “prestarle” 200 millones de dólares al Gobierno de Macri. También compró Lebac, cuyo interés cayó, y vendió dólares cuando costaban 18 pesos. La ecuación financiera es desfavorable y todos los rionegrinos pagan, mes a mes, esas decisiones.
El entusiasmo que provoca en el Gobierno de Alberto Weretilneck los alcances del Plan Castello es directamente proporcional a la impericia demostrada en el manejo de la primera tanda de fondos recibida por la Provincia. Una serie de decisiones político financieras privó a los rionegrinos de la posibilidad de que, por ejemplo, el Estado construya tres colegios técnicos (CET) de primer nivel, y unas 600 viviendas.
Los datos surgen de la comparación del destino dado por Weretilneck a los recursos llegados por el endeudamiento para la realización de obras del Plan Castello, y los costos de los establecimientos educativos y viviendas según las últimas licitaciones provinciales.
En el marco del llamado Plan Castello de Río Negro decidió colocar deuda en moneda extranjera por 300 millones de dólares, una decisión en la que el oficialismo provincial fue acompañado por parte de la oposición que todavía responde al senador Miguel Pichetto. En el camino contó con el asesoramiento de Daniel Marx (ver foto), el profesionalizado colocador de deuda y ex viceministro de Domingo Cavallo. Tras un road show que pasó por Los Ángeles, Boston y Londres, una nutrida comitiva rionegrina encabezada por el gobernador Alberto Weretilneck llegó a Nueva York para participar del proceso licitatorio desde la sede de uno de los agentes colocadores, el Bank of América Merrill Lynch. La operación se concretó el pasado 30 de noviembre y la provincia consiguió los buscados 300 millones en moneda dura. El plazo de financiamiento promedio fue de 7 años y la tasa conseguida del 7,75 por ciento anual, en línea con la que están consiguiendo las provinicias argentinas.
Aunque se sabía que los fondos se obtendrían en esa fecha, la tradicional pericia local en la ejecución presupuestaria llevó a la necesidad de colocar a “resguardo financiero” los recursos obtenidos y la provincia decidió colocar dos tercios en Letes, Letras del Tesoro en dólares, y un tercio en Lebac, Letras del Banco Central en pesos.
Hasta aquí parecerían decisiones financieras normales. La sorpresa llegó con la publicación en el Boletín oficial de la resolución 250-E/2017 del pasado 7 de diciembre (ver aquí https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/175877/20171211), por la que la provincia le prestó los 200 millones de dólares a Nación por seis meses a un valor nominal de 202.771.891dólares. Es decir, obteniendo un rendimiento de 2,772 millones de dólares (redondeando). El detalle es que por esos seis meses de plazo, la provincia ya paga la tasa de interés conseguida de 7,75 por ciento anual, es decir u$s 200 millones x 0,0775/2 igual a 7,75 millones de dólares. La cuenta que queda es sencilla: sumar los intereses conseguidos y restar los interés pagados: 2,772 – 7,75 = -4,978 millones de dólares. En pocas palabras, por una simple decisión financiera la provincia pierde 5 millones de dólares, aproximadamente 100 millones de pesos de los rionegrinos. Una forma de resguardo por lo menos curiosa que, en tanto favorece a un tercero, el gobierno nacional, podría enmarcarse en el delito de administración fraudulenta o infiel, según norma el artículo 173, inciso 7, del código penal.
Al dato concreto, la pérdida ya producida, se suma el dato especulativo de lo que se dejó de ganar. Se sabe que el gobierno provincial invirtió un tercio en Lebac. Tomando la misma fecha que las Letes, el 7 de diciembre, el valor del dólar se encontraba cerca de los 18 pesos por unidad y la tasa de Lebac en 28,75 anual (centro del corredor de pases a 7 días), aunque no se sabe exactamente a que tasa colocó la provincia puede simplificarse en 28 para el análisis. El dólar futuro según el Rofex para junio cotiza en 21,3. Entonces: 100 millones equivalían el 7/12 a 1,800 millones de pesos, colocados al 28 por 6 meses (x 0,28/2) generan un rendimiento de 252 millones de pesos que pasados a dólares a 21,3 en junio equivaldrían a 11,8 millones de dólares. Esto es lo que ganaría la provincia por colocar los 100 millones de dólares en Lebac. En consecuencia, si hubiese colocado los 200 que puso en Letes en Lebac, habría ganado 504 millones de pesos o 23,6 millones de dólares en vez de perder 5 millones de dólares o 100 millones de pesos. Son cosas que suelen suceder cuando el administrador de la cosa pública no elige las opciones de inversión con el mismo criterio que seguiría con dineros propios.
La situación emergente se agrava cuando se considera que la relación entre servicios de deuda (capital + interés a vencer) sobre ingresos totales de Río Negro ronda, para el ejercicio 2018, el 19 por ciento. La ratio surge del análisis sobre la situación fiscal de las provincias que monitorea el Ministerio de Hacienda de Nación y es, junto con Chubut, uno de los peores del país.
El “Plan Castello”, la decisión de tomar créditos en los mercados internacionales para financiar obra pública doméstica, se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno nacional: utilizar a los estados provinciales para la colocación de deuda externa. Esto es así porque los gastos en infraestructura de los Estados provinciales demandan pesos, no dólares, y las divisas tomadas en el exterior quedan en las arcas del Banco Central. Se trata de la misma estrategia utilizada, por ejemplo, por la dictadura militar 1976-83, solo que entonces el endeudamiento se puso fundamentalmente en cabeza de las empresas públicas. Cambiemos, como parte de un plan deliberado, utiliza a las provincias.
El argumento a favor de endeudarse en divisas suele ser la posibilidad de acceder a una tasa de interés más baja que la que se pagaría en moneda doméstica. Sin embargo, esta menor tasa no debería considerarse separadamente de la volatilidad macroeconómica, tanto por la incertidumbre cambiaria como por la inflación. Hoy el elevado déficit estructural de la cuenta corriente constituye una amenaza cierta para el nivel del tipo de cambio de mediano plazo. Y ni hablar a siete años. A ello se suma la experiencia historia. Los shocks devaluatorios constituyen una realidad cíclica de la economía argentina. Finalmente los gastos se realizan en pesos, al igual que la recaudación para el repago de los pasivos asumidos, lo que compromete severamente la sustentabilidad financiera futura de la provincia.
Desde la perspectiva del gobierno provincial el panorama se ve distinto. Una constante de la administración Weretilneck fue centrar la escasa mística de gestión en la llegada de recursos providenciales. Antes de las elecciones de 2015, por ejemplo, todas las esperanzas se centraron en los ingresos por la renegociación de contratos petroleros, una cortina de humo que se desvaneció tan pronto pasaron los comicios y se volvió evidente que ni los dineros serían tantos ni se destinarían totalmente a infraestructura. Sin romper la medianía de los gobiernos provinciales desde 1983, la administración de la cosa pública se redujo exclusivamente al sostenimiento del pago de salarios. No existe un proyecto de provincia ni planes estratégicos para ningún área del Estado ni sector de la economía. Ya a comienzos del séptimo año de mandato, el gobierno no puede mostrar ningún logro o transformación. Ni siquiera queda la administración ordenada de los primeros años, cuando las cuentas públicas fueron beneficiadas por el contexto de crecimiento y el Estado nacional planificaba el desendeudamiento de las provincias.
En semejante escenario, resultó lógico centrar las esperanzas en el ingreso de recursos extraordinarios, como es el caso del endeudamiento externo, y sobre esta base ordenar las expectativas del poder político local. Esta esperanza fue también la que ató la suerte de Weretilneck al carro del gobierno nacional, con el gobernador actuando como gestor de apoyo a todas las medidas del macrismo, desde los ajustes tarifarios que ahogan la actividad regional, al pacto fiscal y el recorte de recursos jubilatorios. A ello se sumó la pobre realidad presupuestaria. La administración de Juntos Somos Río Negro se caracterizó por no disputar recursos tributarios con ninguno de los poderes económicos provinciales, lo que sumado al estancamiento de las principales actividades del territorio, especialmente la energía y la fruticultura, determina que los recursos provinciales apenas alcancen para salarios. En el ocaso de dos períodos de gobierno, endeudarse se volvió la única alternativa. El problema es que la mala gestión también llegó a los recursos de la deuda.
** Claudio Scaletta es Economista, coordinador del Área de economía y desarrollo regional del Centro de Estudios Patagonia.