Personalmente no creo que se llegue a ese monto, la situación está muy complicada. Primero, es necesario entender que el dinero que se destina a solucionar el problema frutícola lo aporta el Estado, que en definitiva somos todos los ciudadanos que integramos la nación. En segundo lugar, el Estado tiene la obligación de considerar a los productores pequeños y medianos que se encuentran en situación muy delicada, con probabilidades de convertirse en una crisis de características sociales de magnitud.

La crisis frutícola ha expulsado del sistema a un gran número de productores
–en su gran mayoría pequeños y medianos con parcelas de hasta, más o menos, 10 hectáreas–, que en muchos casos son antiguos pobladores o descendientes de los mismos.

No existen indicios de que el plan Frutícola 2017, de aplicación en el corto y mediano plazo, tenga como fin principal realizar una reconversión frutícola profunda de la matriz productiva del Alto Valle, entendiendo por reconversión el cambio del tipo de producción, donde los problemas estructurales que hoy existen con relación a la producción del Alto Valle dejen por lo menos de ser el factor determinante.

Como sabemos, el productor es el primer eslabón de la cadena productiva, y las probabilidades de presionar sobre el precio que le pagan por kilo de fruta fresca son pocas. Un ejemplo: al productor le pagan $ 5 el kilo de fruta fresca; en los súper los consumidores pagaban hasta hace pocos días $ 59,90 el kilo, de origen argentino. En este precio final existe una cadena de comercialización donde algunos perciben sumas importantes. Contribuyen en la formación del valor final los comerciantes en la intermediación, las provincias con el cobro del impuesto de Ingresos Brutos, el Estado nacional a través del IVA, etc. La verdad que con lo que les queda en las distintas etapas poco interés demuestran en ayudar al productor. Porque de una manera clara están en el negocio, que tuvo su origen en el trabajo de hombres y mujeres en las chacras.