Viedma.- (APP) Nadie pudo anticipar que la posibilidad de radicación de una planta nuclear para generar electricidad en la costa atlántica rionegrina pudiera provocar una polémica a favor y en contra de la iniciativa, que al parecer se dirimiría ahora con la sanción de una ley que prohibirá en adelante la localización de ese tipo de emprendimiento en el territorio rionegrino.
Esto sucede ante la mirada distante o neutra de la mayoría de la opinión pública, aunque sí ha motivado con mayor o menor intensidad a los partidos políticos y a los sectores vinculados a la defensa del medio ambiente.
Es que la novedad sorprendió a la comunidad en general, incluidos el oficialismo gubernamental y la oposición, principalmente, por la falta de información previa proveniente de los organismos nacionales responsables. Pero alcanzó tal vértigo que generó sucesivos y singulares episodios, con el común denominador de un llamativo apresuramiento en el marco de un complicado cuadro electoral.
En un plazo de escasos noventa días a partir de su mismo anuncio, la cuestión de la usina nuclear fue objeto de varias manifestaciones en contrario, pero sin la institucionalidad que hubieran significado un referéndum o cualquier otro tipo democrático de consulta popular prevista en la constitución.
De esa manera se podría mensurar en un marco de igualdad de oportunidades mediante la participación de quienes defienden distintas posiciones sobre el tema para conocer con objetividad cuál es la voluntad de la gente.
No hay que olvidar que si bien el 13 de agosto los rionegrinos votaron exclusivamente para elegir diputados nacionales, y no para optar por sí o por no a la planta nuclear, algunos sectores llegaron hasta imputar a esa obra de ingeniería todavía en los papeles el haber influido a favor de los adversos resultados electorales que el partido oficial obtuvo en los últimos comicios.
Se percibió en ámbitos de la clase política un impulso irresistible de sacarse de encima a cualquier costo la planta nuclear, como si estuviera contaminada por un virus maligno o desconocido y debiera imponerse algún tipo de exorcismos.
Ese reclamo le fue formulado al gobernador Alberto Weretilneck por sus propios partidarios, quien decidió rechazar el proyecto ante el gobierno central –aunque invocando la imposibilidad de lograr el necesario consenso social- y auspiciar la sanción de una ley para ratificar su prohibición futura en todo el territorio rionegrino.
La negativa de Weretilneck a la Casa Rosada desató un debate de alto voltaje entre funcionarios provinciales y el diputado nacional Sergio Wisky quien consideró que ese rechazo podría acarrear consecuencias para la administración rionegrina, que fueron consideradas como una inadmisible e injustificable amenaza .
El Frente para la Victoria adoptó el mismo rumbo con otra iniciativa parlamentaria similar, que colisiona directamente con la decisión de la comunidad de Sierra Grande de seguir avanzando, pese a todo, con su propósito de obtener la localización de la planta en su ejido invocando la autonomía municipal y la demanda de mano de obra.
Éste es sin duda otro frente conflictivo surgido en torno a la planta nuclear que se ha introducido en la realidad rionegrina a partir de la firma del convenio con China por el presidente Mauricio Macri, que tuvo como testigo y especial invitado al gobernador Alberto Weretilneck, quien nunca pudo imaginarse que esa verdadera Caja de Pandora, sería portadora de tantos imponderables.
No hay que descartar que en las jornadas de la próxima sesión legislativa los desocupados de Sierra Grande estén en los palcos del parlamento escuchando atentamente la intervención de cada legislador, los argumentos que justifiquen la sanción de la ley y especialmente la razón de la premura que parece apremiarlos, tal como adelantó el intendente Nelson Iribarren.
Por otra parte, en líneas generales las agrupaciones políticas comprometidas en un asunto de tanta complejidad, ingresaron ahora sobre aspectos de las políticas nacionales, como es el caso de los complejos temas nucleares, sin haberse inclinado en cambio por la aconsejable postergación de su consulta y tratamiento hasta después de las urgencias electorales del momento.
Es decir en un tiempo para el mejor para el análisis y la reflexión.
Al respecto es útil recordar una coyuntura similar a la actual, con lo sucedido ante la eventualidad de la puesta en marcha del hasta hoy frustrado yacimiento aurífero de Calcatreu, ubicado a 80 kilómetros de Ingeniero Jacobacci.
Entre los años 2003 al 2005 se discutía sobre la posibilidad de contaminación de los acuíferos subterráneos del centro sur ante la aplicación del cianuro en el procedimiento de extracción del mineral.
En aquella oportunidad, el entonces gobernador Miguel Saíz impulsó una ley provincial prohibiendo el cianuro y al producirse el cambio de administración, su sucesor el justicialista Carlos Soria posibilitó su derogación, que a su vez fue reemplazada por otra norma, aún vigente, reinstalando el cianuro para la explotación minera.
El antecedente aludido y los hechos que se vienen requieren un interrogante final: ¿Habrá que prepararse para pensar que los grandes y sensibles temas del desarrollo rionegrino discurrirán por la aprobación y derogación de leyes de acuerdo al signo partidario de los gobernantes o supeditados a las coyunturas políticas o a los circunstanciales humores de sectores sociales? (APP)