Viedma.- (APP) Después de mucha polémica respecto a las dificultades que habría para poner en vigencia el nuevo Código Procesal Penal el 1 de marzo, tal como fijó la Legislatura, la comisión interpoderes que trata esta temática decidió prorrogar el inicio al 1 de junio.
En principio se visualizaba a la la titular del STJ, Liliana Piccinini, como decidida impulsora de la aplicación del sistema judicial acusatorio, y por el otro la procuradora Silvia Baquero Lazcano como refractaria al avance en esa materia. La misma planteó además que previamente debía reformarse la constitución para separar fiscales de defensores, lo que aparecía como funcional a las pretensiones del oficialismo gobernante de una modificación de la carta magna para asegurar que el gobernador Alberto Weretilneck pudiera presentarse como candidato en el 2019. Se habló también en su momento que el Ejecutivo, para zanjar el conflicto, iba a plantear formalmente comenzar con la reforma sólo en la circunscripción de Cipolletti, aunque esto levantó tantas críticas que quedó descartado. Algunos jueces se habían manifestado por la prórroga, lo que finalmente sucedió.
En Bariloche se realizó la última reunión de la Comisión Interpoderes, convocada por su presidenta, la legisladora Tania Lastra, con la presencia de la titular del STJ, Liliana Piccinini, la procuradora Silvia Baquero Lazcano, Héctor Leguizamón Pondal, quien preside el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro, legisladores y representantes de los colegios de abogados.
Tras el debate, la Procuración planteó la necesidad de postergar el inicio de la implementación de la Reforma Procesal Penal, atento a la necesidad de “mejorar su dinámica de actuación”.
Por su parte, el Superior Tribunal de Justicia ratificó que, en cumplimiento de los plazos establecidos por la ley vigente, se está en condiciones de iniciar la puesta en marcha el 1 de marzo con las herramientas, elementos, capacitación y logística esenciales, ya que durante todo el año se trabajó en ello en el marco de la Unidad de Implementación para la Reforma Procesal Penal.
Luego del debate, los colegios de abogados de Bariloche, Cipolletti y Viedma coincidieron en una propuesta de posponer la implementación hasta el 1 de junio. El Colegio de Abogados de Roca se abstuvo ya que no contaba con mandato de sus afiliados.
Ante esta recomendación de la comisión, el Ejecutivo debería mandar un proyecto para tratar en extraordinarias antes de fin de año que modifique en la ley la fecha del 1 de marzo por el 1 de junio.
CÓMO VENÍAN LAS OPINIONES
El juez de instrucción Miguel Gaimaro Pozzi destacó que “no sólo yo, todos los jueces penales de Bariloche estamos deseosos” que se ponga en marcha el nuevo Código Procesal Penal, porque son muchos los beneficios”.
Indicó que “en la justicia en general estamos en absoluto acuerdo que este sistema acusatorio se lleve adelante lo más rápido posible.
Dijo que siempre ante un cambio hay actitudes refractarias, “pero hay que ser valiente e iniciar el proceso; después, aquellas cuestiones que deban ser motivo de mejora, se harán sobre la marcha”.
Indicó que los propios jueces tienen que aggiornarse a este proceso, y por eso han venido operadores de otras provincias a replicar su experiencia.
Mencionó que de Neuquén, por ejemplo, reconocían que días antes de ponerse en marcha la reforma quedaban todavía algunas cuestiones que resolver, pero sabían que era utópico pensar que todo iba a estar listo ante un cambio de tal naturaleza. “Son cosas que se irán puliendo sobre la marcha”, consignó.
TRASCENDENTE Y NECESARIO
El titular del Juzgado de Instrucción Penal N°4 de la Cuarta Circunscripción, Santiago Márquez Gauna, calificó de “trascendente y necesario” poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal, ya que el sistema actual vigente “no puede ser sostenido, si tenemos en cuenta la realidad y los fallos de la Corte Interamericana y la Corte Suprema de Justicia”. “El momento histórico es éste” para la reforma, consignó.
Mencionó que las provincias que pusieron en marcha el nuevo sistema, como Neuquén, Chubut y Santa Fe, demostraron que se puede hacer “sin tantos recurso ni tanto dinero” y no “el fantasma que se había instalado respecto a la reforma chilena, que habría implicado mucho presupuesto”.
Dijo, antes de la última reunión de la comisión interpoderes, que “obviamente necesitamos inversión en infraestructura y equipamiento, pero el Superior Tribunal de Justicia (STJ) está trabajando sobre eso y tengo plena confianza que el 1 de marzo se va a poner en marcha”.
“Nuestro debe es cumplir el desafío y el mandato que hemos recibido a través de los legisladores que representan al pueblo”, enfatizó.
POR LA PRÓRROGA
El abogado de la cuarta circunscripción, con una larga trayectoria profesional, académica y política, Oscar Pandolfi, consideró en cambio que no están las condiciones para que el nuevo Código Procesal Penal se instrumente a partir del 1 de marzo del 2017 “y habrá que otorgar algún tipo de prórroga”, lo que finalmente sucedió.
Aseveró que ni siquiera se podría poner en marcha en Cipolletti, como se impulsó en su momento desde el oficialismo gobernante.
Pandolfi recordó que él presidió la comisión que se creó en el 2011 que elaboró el nuevo Código Procesal Penal, que tuvo aportes de otros sectores y de la Legislatura.
Opinó además que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) “ha manejado muy mal la transición, el proyecto de ley que ha enviado la Legislatura es inviable por un montón de razones, entre otras, porque no es una mera ley de transición de un sistema penal a otro, sino que es una ley orgánica de todos los fueros del foro rionegrino”.
El legislador Alejandro Ramos Mejía (FpV) aseguró que “veo muy difícil que se pueda ejecutar una reforma sin los recursos correspondientes y sin una estructura de tipo funcional”, con lo cual “si no están en condiciones de aplicarla van a tener que impulsar una prórroga de la aplicación en la Legislatura”.
Respecto a los planteos de la procuradora Baquero Lazcano, dijo que “independientemente de si existe una necesidad o no de una reforma constitucional, aunque hay que mencionar que en Chubut se puso en marcha la reforma procesal penal sin tocar la carta magna, la cuestión central tiene que ver con señalamientos que se hacían antes de la manifestación de los fiscales, como las carencias en la estructura edilicia“.
El abogado del foro local Miguel Cardella habpía expresado su rechazo a la posibilidad de reducir la implementación de la Reforma Procesal Penal en el 2017 a los tribunales de la Cuarta Circunscripción, cuya sede principal es Cipolletti.
“No se puede aplicar en una sola circunscripción, tenemos cuatro, significaría que habría ciudadanos de primera en Cipolletti y de segunda en Viedma, Bariloche y Roca”, aseveró.
NO SE NECESITA LA REFORMA CONSTITUCIONAL
El presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro, Héctor Leguizamón Pondal, aseguró que “la esencia” de la reforma del Código Procesal Penal “no pasa por una situación de futuras reformas constitucionales, con la constitución que tenemos hoy la podemos poner en práctica”.
Discrepó así con el planteo de la procuradora Baquero Lazcano que adviertió la imposibilidad de aplicar el nuevo código sin separar antes fiscalías y defensorías a través de una reforma constitucional.
Pondal, quien integra la comisión interpoderes que trata la implementación de esta reforma, señaló que la constitución ya tiene 28 años “y hemos tenido fiscales, defensores y jueces, es decir, lo que está cambiando son algunas modalidades de trabajo”.
Recordó que “una ley ha dispuesto la modificación del Código Procesal Penal, que es lo que pone en práctica un montón de situaciones ya resueltas por la Legislatura, es decir, el gobierno de la provincia a través del parlamento ha impulsado un sistema de reforma que es un sinceramiento de lo que la constitución ya está marcando”.
“Lo que hay que hacer es cumplir con la ley, como ya dijo el STJ, no se pueden hacer planteos con distintas opiniones, para eso tenemos una cabeza”, afirmó, aludiendo al máximo tribunal judicial.