Viedma.- (APP) En los últimos tiempos se han agudizado las quejas de distintos sectores oficiales y productivos de las provincias patagónicas -excluidos los de La Pampa-, debido a medidas nacionales ya adoptadas y otras que podrían ponerse en vigencia en un lapso más o menos inmediato, que no sólo vienen acarreando serios perjuicios económicos sino que contribuyen a crear un generalizado estado de intranquilidad y zozobra.
Uno de esos casos emblemáticos, caracterizado por marchas y contramarchas, es el referido a la política petrolera donde aparecieron llamativas contradicciones: el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se comprometió con el mantenimiento del precio del barril criollo para estimular el ritmo de las inversiones de las empresas y el mantenimiento de las fuentes de trabajo en las áreas de exploración y extracción de hidrocarburos.
Casi simultáneamente el ministro de Energía, Juan José Aranguren, responsable de las cuestionadas tarifas de gas y electricidad, afirmaba extra oficialmente lo contrario, llevando la consiguiente intranquilidad a las empresas petroleras y a las provincias de Neuquén y Río Negro, entre ellas, por la eventual caída de las regalías. En las últimas horas una nueva revisión del tema en los niveles oficiales indica que el precio nacional del barril criollo se mantendría durante el 2017 y que la disminución de su precio será gradual.
Es decir se trata de la postergación de una medida que finalmente llegará.
Habrá que ver entonces si el manejo de los números y el mejoramiento de los precios de los combustibles en el mercado son compatibles con la tranquilidad social en la Patagonia, que produce el 80 por ciento de los hidrocarburos, con el contrasentido de que las refinerías están ubicadas fuera de sus límites geográficos.
La cuestión de la barrera sanitaria al sur del río Colorado atraviesa por peripecias similares, caracterizada también por definiciones contrapuestas, adoptadas por el ministro de Agroindustrias, Ricardo Buryaile, a través del SENASA, severamente cuestionadas por los productores ganaderos de vacunos y porcinos y la industria cárnica como así las administraciones provinciales.
Tan desorientados los unos como los otros, son empero coincidentes que la resolución que permite ahora el ingreso de carne de cerdo deshuesada al sur de la barrera, que anteriormente se había negado que fuera a ocurrir ante los propios dirigentes pecuarios, clarifica la clara intencionalidad oficial de beneficiar a los sectores ubicados al norte de la barrera sanitaria.
Esos intereses no son otro que los identificados con actores de las grandes cadenas alimentarias y frigoríficos de la Pampa Húmeda sin considerar las negativas consecuencias que se producirán. Está fuera de discusión que la resolución del SENASA es de carácter exclusivamente político, habiendo soslayado todo parámetro de índole técnico.
Ante el hecho consumado, los Estados sureños han presentado acciones judiciales de amparo contra la resolución del SENASA, sin mayores esperanzas que la situación se pueda revertir.
Al mismo tiempo, los sectores productores, principalmente desde la Norpatagonia, están analizando si lo que ha sucedido con la carne de cerdo -tema sobre el que los colegios de veterinarios sureños han emitido dictámenes diametralmente opuestos a los criterios del SENASA-, afirmando que la carne de ese animal es susceptible de provocar focos aftósicos, puede repetirse con el ingreso de la carne con hueso plano desde el norte.
En este sentido tienen presentes las declaraciones del ministro Buryaile, en cuanto a cuestiones sanitarias todavía por definir y que serán resueltas después de la llegada al país de representantes de los organismos específicos de los EE.UU en esa materia, sin dejar de computar la presión que ejercen sobre el equipo de gobierno del presidente Mauricio Macri, tanto el gobernador pampeano Carlos Verna como los frigoríficos que representa.
Esas plantas industriales, algunas favorecidas por generosos créditos, están aguardando el vía libre para introducir el hueso plano que no pueden exportar, primero a precio de “dumping”, para después quedarse íntegramente con el mercado del sur e introducir otros cortes y chacinados a expensas de los productores y las industrias regionales
Tampoco pueden faltar en este rápido inventario de reclamos las muy recientes medidas gubernamentales eliminando la vigencia de los reembolsos por la exportación por puertos patagónicos, decisiones que afectan a productos como la fruticultura, la lana, la pesca y otros rubros, que ocupan a millares de trabajadores.
Como sucedió con el permiso para ingresar carne de cerdo por la barrera sanitaria, importantes funcionarios nacionales le aseguraron al vicegobernador Pedro Pesatti y al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marcelo Martín, que el régimen de reembolsos sería mantenido, para hacer seguidamente todo lo contrario. San Antonio Este, aquí en Río Negro, verá ahora disminuidas su intenciones de quebrar la estacionalidad de sus operaciones, para facilitar la salida de otros productos, además de los que provienen de la fruticultura.
Mientas tanto desde el extremo austral se escuchan los planteos de las industrias electrónicas radicadas en la isla de Tierra del Fuego, tanto en Ushuaia como especialmente en Río Grande, seriamente amenazadas por la importación creciente y la decisión del gobierno central de disminuir sustantivamente estos aranceles, favoreciendo así el ingreso al país de ese tipo de productos de procedencia extranjera, afectando el régimen de promoción fabril establecido por el gobernó nacional desde hace tiempo.
Es que la Patagonia, sobre todo en estos momentos de crisis, necesita de la presencia del Estado y medidas de apoyo y estímulos para la creación de puestos de trabajo y asentar población. Aquí, al sur del Río Colorado, se hace difícil conjugar términos como eficientismo y rentabilidad cuando los imperativos de fortalecimiento de esta frontera interior obligan a privilegiar la oferta en lugar de la demanda y la producción en lugar del consumo en contraposición de las exigencias del mercado.
Aunque resulta obvio que no se debe caer en el error de aislar los problemas de la región, por más angustiantes que sean, del resto de las dificultades que existen en la Nación.
En el nuevo federalismo que se trata de instituir, no puede haber un camino de mano única sino de doble vía y de ida vuelta entre la Nación y las provincias.
Pero la sensación y las comprobaciones de la propia experiencia sobre este problema es que la Nación se reserva para sí una situación privilegiada de la que también quieren participar las provincias en un plano de igualdad.
Hacia una nueva justicia penal
El nuevo Código Procesal Penal de la provincia entrará en vigencia el primero de marzo del 2017, salvo el juicio por jurados que lo hará un año después. Se trata de una decisión trascendente que significará una profunda transformación en la justicia penal, dejando atrás el denominado inquisitivo mixto de la legislación anterior e instaura el sistema acusatorio que reserva a los jueces y juezas penales unas funciones bien diferencias de las que tradicionalmente se les había asignado, lo que significará que los juicios aumenten su celeridad y transparencia en el trámite.
En algún documento que circula por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), cuya presidente, Liliana Piccinini, ha surgido como la más entusiasta impulsora del nuevo sistema penal, hay una frase que pretende ser toda una definición: “El nuevo Código Procesal Penal de la provincia no debe ser meramente entendido como una nueva forma de tramitar los casos y de organizar la justicia, sino como una nueva forma de entender la justicia penal, que instaura un modelo ágil y democrático para resolver los conflictos penales”.
Más allá de los matices, las opiniones de jueces como Héctor Leguizamón Pondal y Santiago Márquez Gauna, de los tribunales de Bariloche y Cipolletti, son coincidentes con esos conceptos, convencidos que la vigencia del nuevo sistema no debe sufrir ninguna postergación, en clara respuesta a los juicios vertidos por Silvia Baquero Lazcano, de la Procuración General, quien aparece como liderando el sector de magistrados que propicia lo contrario.
También el juez Ricardo Apcarián del STJ ratificó que el proceso acusatorio comenzará el primero de marzo del 2017.
La mayoría de los protagonistas de este momento de la justicia rionegrina consultados por APP y radio Nativa se expidieron a favor de la puesta en marcha del Código en la fecha prevista por los legisladores que sancionaron la ley 5020, iniciando el proceso de cambio pese a las dificultades lógicas en este tipo de transición teniendo en cuenta la realidad y los fallos de la Corte Interamericana y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En algunas charlas con magistrados y abogados del foro viedmense se recordaba que en la última reforma del Poder Judicial, después de la sanción de la Constitución de Río Negro en 1988, el gran cambio fue el cese de la toma de declaración por parte de la policía de la provincia, función que pasó al ámbito judicial, lo que permitió consagrar una mayor protección a la víctima y también de los derechos procesales del acusado.
En aquellos años también hubo resistencia a ese cambio tanto entre sectores de la policía como en el ámbito judicial. Y también se especuló entonces con la falta de recursos humanos y edilicios que nunca se produjeron. No obstante se aseguró que ese nuevo paradigma fue pionero en el país y atrajo a decenas de abogados jóvenes con vocación para la judicatura desde ciudades rionegrinas hacia la capital, entre ellas a la actual titular del STJ. Hoy sería imposible concebir que la víctima o acusado declare en la policía y no frente a un juez y con la asistencia de un abogado.
Haciendo una comparación, aquella reforma de hace más de 30 años actualizó los procesos judiciales a la democracia recuperada y a la búsqueda de fortalecer los derechos individuales, en cambio la reforma actual hacia la justicia tiene que ver con mayor celeridad y transparencia, puntos claves en la Reforma Procesal Penal.
Ello significa una apertura de los cerrados despachos de los magistrados hacia la participación de ciudadana en las audiencias y donde se ha previsto que la gente va a tener la misma información que el juez a la hora de decidir.
A modo de una súper síntesis, la reforma transfiere a los fiscales todo el impulso de la investigación como verdaderos protagonistas de la acción penal pública. Garantiza la absoluta imparcialidad de los jueces, quienes ya no podrán disponer medidas probatorias ni interrogar a los testigos, víctimas o imputados.
Los jueces deberán limitarse a resolver sobre la base de los visto y oído en las audiencias.
Se elimina totalmente el expediente de papel. Todo el proceso se realizará en audiencias orales y públicas que quedarán íntegramente registradas en el sistema informático y en formato de audio y video.
Fortalece el derecho de las víctimas y le garantiza el acceso a la información y a la participación en el proceso de resolución del conflicto en forma autónoma y gratuita con asistencia legal del Ministerio Público.
El principal objetivo del nuevo sistema es solucionar los conflictos interpersonales que derivan en delitos penales. Fortalece la aplicación de criterios de oportunidad como la conciliación y la mediación penal, con la participación de la víctima y el imputado, procurando la reparación del daño causado.
En el plano organizativo la reforma gira en torno a la Oficina Judicial. Es un organismo administrativo y de gestión que centraliza la programación de audiencias, sortea a los jueces para cada caso, dispone los legajos de cada proceso, realiza la citación de las personas, controles de asistencia a imputados, cumplimientos de pautas de conductas presupuestarias, de recursos humanos, administrativos, suministros, control de secuestros, estadísticas, notificaciones, cuestiones gerenciales de suministros, etc.
Para los delitos por los cuales se solicita más de 12 años de prisión, desde marzo de 2018 se implementará el juicio por jurados populares. Será un jurado de 7 miembros para delitos con solicitud de pena de 12 a 15 años.
Y habrá un jurado de 12 miembros para los de 25 años a perpetua. Este sistema apunta a una justicia más democrática, permitiendo la participación directa de los ciudadanos en la resolución de los conflictos penales mas graves. Se abrirá así un capitulo trascendente en la nueva justicia penal de Río Negro. (Omar N. Livigni/APP)