Viedma.- (APP) El nuevo Código de Tierras impulsado por el Poder Ejecutivo se encuentra en debate en la Legislatura. Hay respaldos, algunos que quieren modificaciones y sectores que la rechazan. La marcha de comunidades indígenas a Viedma fue una muestra de esto último. Dicen que no se reconoce el territorio indígena ni los títulos comunitarios, al tiempo que abre las puertas a actividades económicas que rechazan, como la megaminería. Esto fue negado desde el oficialismo. Reflejamos las distintas posiciones.
El ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo, quien recibió en su despacho a representantes mapuches, dijo que “respetando la cultura, los antecedentes y los derechos de los pueblos preexistentes”, se debe entender que “vivimos en un marco normativo” que “nos tiene que caber a todos, es decir, tanto a los pueblos originarios, como a todos los habitantes, tenemos que hacer valer los derechos comunes a todos”.
Enfatizó que “la iniciativa no fue con Acuerdo de Ministros, con lo cual está abierto a todas las modificaciones, está abierto a que algún sector lo rechace o que se introduzcan cambios”.
Marcó como ejes del nuevo Código que “la tierra tiene que ser para todos aquellos pobladores a los cuales les vamos a regularizar la situación de estar 20 o más años habitando las distintas zonas rurales” y además “se va a regularizar todo lo que hace a las áreas urbanas de las comisiones de fomento” y “cualquier proyecto que se presente tiene que respetar condiciones medioambientales para su desarrollo y aprobación”.
DE DORIS CAÑUMIL
La titular del Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas (CODECI), Doris Cañumil, señaló a APP que “las comunidades han pedido participación y consulta en la elaboración del Código de Tierras a través de este organismo, desde abril del año pasado, pero no se obtuvo”, ni tampoco se ve esta apertura desde la Legislatura.
Informó que requirieron a todos los bloques participación “en territorio, porque los que son sujetos de derecho para opinar por sí o por no son las propias comunidades”.
Sobre los puntos a los que se oponen del nuevo Código, indicó que “es violatorio a todos los derechos que están consagrados en la Argentina y sobre todo en Río Negro, no están definidos cuáles son los territorios indígenas, el título comunitario está como un nombre más, pero no dice nada cómo se van a hacer la entrega de los títulos”.
“Nosotros queremos que primero se haga la demarcación de los territorios indígenas y luego se decida sobre tierras comunitarias, porque este nuevo Código mira la tierra como un bien productivo, no sólo lo agrícola-ganadero, sino que abre las puertas a la minería, a nuevas tecnologías, turismo, todas maneras productivas que los pueblos originarios cuestionamos que si no se hacen en forma sustentable o bien analizadas terminan dañando el territorio”, consignó.
Respecto a los dichos del director de Tierras, Diego Lawrie, negando que se abra las puertas a la megaminería –que es a lo que fundamentalmente se oponen comunidades y ambientalistas- señaló que “eso tiene que ser consultado a quienes tienen los territorios y cuando uno reclama por qué entraron a hacer un cateo en determinado territorio indígena, ocurre que justamente nuestra gente no tiene el título individual; nuestra gente está hace seis o siete generaciones y tenemos solamente un título precario que dura un año, que se debe renovar entonces anualmente para poder acceder a la guía de marcas y señales ante el Registro de Productores de la Provincia”.
DEL LEGISLADOR MARTÍN
El legislador Alfredo Martín (JSRN) aseguró que el proyecto del Código de Tierras remitido por el Ejecutivo tendrá reformulaciones en función de los aportes de distintos sectores, tanto políticos como de la sociedad civil. Negó que la nueva normativa –que reemplaza leyes de unos 50 años y las unifica en un solo cuerpo- habilite la megaminería, como alertaron algunas comunidades y ambientalistas, señalando a APP que “se va a poder hacer minería, pero sólo de tercera generación, no es a cielo abierto ni que se use cianuro, sino la más común”.
Defendió la necesidad de aggiornar la normativa relacionada con las tierras fiscales, porque, entre otras cosas, “ya no se puede hablar como lo hace la ley 279 del año 60 que la producción puede ser solamente agroganadera y forestal, porque eso deja afuera al turismo y hoy hay muchos emprendimientos turísticos y una demanda en avanzar en esto”.
Rechazó Martín la crítica de algunas organizaciones mapuches y ambientalistas que con el nuevo código se habilitaría la megaminería, informando que puntualmente “se va a poder hacer minería, pero sólo de tercera generación, no es a cielo abierto ni que se use cianuro, sino la más común, que se hace en cualquier campo y produce una baja contaminación”.
Explicó que actualmente “el único uso permitido es el agro ganadero forestal. Con estas modificaciones, se podría hacer minería de tercera categoría (no de cielo abierto), turismo rural o implementar nuevas tecnologías alternativas, como la energía renovable en Cerro Alto”.
Remarcó también que se mantendrán los títulos comunitarios. “Hay una realidad: las tierras son fiscales porque la provincia nunca entregó títulos pero tiene ocupantes. Hay gente que vive ahí desde hace más de 100 años. Eso no se cambia. El derecho de pastaje es el principal título que tiene la gente y esto se mantiene”, agregó el legislador.
DE HUGO ARANEA
El dirigente del Consejo Asesor Indígena (CAI), Hugo Aranea, afirmó que el nuevo Código de Tierras apunta a introducir “actividades extractivistas que van a destruir nuestro territorio”.
Dijo a APP que se apunta con la nueva norma “a un cambio de la matriz productiva”, no solamente con el intento de introducir la megaminería, sino con otras actividades extractivistas, como la petrolera, y habilitar el acceso a la tierra de grandes empresas turísticas y las inmobiliarias.
Dijo que el nuevo Código está en línea con el decreto del presidente Mauricio Macri que flexibiliza la posibilidad que extranjeros se hagan de tierras en la Patagonia y en todo el país.
Señaló que esto lo han planteado a la Comisión de Planificación de la Legislatura y a algunos bloques opositores, como el del FpV, pero pretenden además reunirse con los diputados oficialistas.
Adelantó que el bloque del FpV en principio entiende los argumentos y rechazarían la norma, más allá que el oficialismo tendría mayoría para aprobarlo.
Ratificó que seguirán levantando la voz en contra de la iniciativa “que pone en riesgo a toda la sociedad”.
Mencionó que los desastres climáticos que se están produciendo tienen que ver precisamente con este tipo de políticas extractivistas que se quieren profundizar con el nuevo Código.
Afirmó además que es inconstitucional porque viola los derechos de los pueblos indígenas, “y eso se lo dijimos a Di Giácomo”.
DE DIEGO LAWRIE
El director de Tierras, Diego Lawrie, afirmó que el nuevo código no habilita la megaminería ni tampoco desconoce a los asentamientos y comunidades indígenas.
Dijo que “hay algunas observaciones que en general son lecturas entrelíneas que en realidad no son cuestiones que están planteadas dentro del Código”.
Ejemplificó que “hablar que nosotros abrimos la puerta a la megaminería no es tal porque nosotros no podemos pasar por encima de un Código Minero nacional y de una Ley Provincial Minera que son los que regulan la actividad minera”.
“Nosotros apuntamos solamente a poder regularizar dominialmente canteras, que son explotaciones de tercera categoría, ya que muchos cantereros lo hacen sobre tierras fiscales y no pueden acceder al sistema crediticio porque no pueden titularizar con la ley hoy vigente, que no contempla el uso minero”, explicitó.
Señaló que se ha dicho que “nosotros negamos los asentamientos y las comunidades de pueblos originarios, y nosotros no lo negamos, el Código no dice nada que no los reconocemos y están los relevamientos que se han hecho en el marco de la Ley 26160”.
Reivindicó además que el organismo a su cargo colabora en todo lo que sea relativo a la entrega de títulos comunitarios, en conjunto con el CODECI (Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas)”. (APP)