Roca.- (APP) . Duró 11 horas y hubo más de 60 exposiciones. Vialidad priorizó la seguridad y Soria les hizo preguntas incómodas. Profesionales plantearon alternativas. Una positiva experiencia de participación ciudadana. Un primer paso para acercar posiciones en la búsqueda de una solución que contemple los intereses generales y particulares. Sin que desaparezcan las diferencias políticas, pero en un clima alejado de las tensiones que dominaron el debate durante los últimos meses.
Así fue la audiencia pública por el futuro de la Ruta 22, que terminó anoche en Roca luego de 11 horas de exposiciones.
Todos coincidieron en la importancia de conocer y poder opinar sobre el proyecto que presentó Vialidad Nacional para convertir el camino en autopista.
Desde allí partieron las 60 voces diferentes que se manifestaron en la Asociación Española, para avanzar luego en los matices sobre la ampliación de la ruta.
Las miradas fueron diversas, con interesantes aportes que anticipan una ardua tarea para la Secretaría de Ambiente de la Provincia. Ese organismo será el que deberá emitir la Resolución Ambiental que determine si el plan de obras puede avanzar, debe replantearse o definitivamente es rechazado. La titular, Dina Migani, aseguró que todos los aportes serán tenidos en cuenta.
La apertura se hizo a las 9.25 y estuvo a cargo de los técnicos de Vialidad Nacional.
El abogado Ricardo Stoddart insistió en el pedido de disculpas por las demoras en la presentación del proyecto y anticipó lo que detallarían más tarde el ingeniero Francisco García y el licenciado Marcelo Somenson.
“Se ha tratado de mejorar mucho últimamente el proyecto”, dijo el director de Asuntos Jurídicos de la DNV. Y esas mejoras aludidas tuvieron que ver con reclamos planteados la semana pasada, cuando se hizo la primera reunión con los vecinos de Roca y del Alto Valle para mostrar el proyecto.
Desde Vialidad ratificaron ayer que en los accesos por calle Mendoza y San Juan los resistidos muros de cemento tendrán sólo 3,5 metros, para llegar a los 7 metros finales de altura de la traza con taludes parquizados.
En tanto, anunciaron que generarán un acceso directo a la calle Jujuy para no entorpecer las actividades del Parque Industrial I de Roca; además de anticipar que habrá cruces peatonales en los cruces de la ruta con las calles Damas Patricias y Félix Heredia.
García insistió en los argumentos centrados en la seguridad vial –que luego fueron reforzados por una funcionaria nacional– y en la vida útil de la autopista, pensada para que soporte el incremento del tránsito durante al menos 50 años.
Las primeras visiones contrarias al proyecto oficial fueron aportadas por los intendentes de Cervantes y de Roca, Claudia Montanaro y Martín Soria.
“¿Es este el mejor proyecto para nuestras ciudades?”, se preguntó la jefa comunal antes de destacar que “si existiera la posibilidad de superar estas barreras arquitectónicas, estamos dispuestos a acompañar y respaldar cualquier proyecto que se considere mejor para nuestras comunidades”.
Soria repasó documentación para recordar que sus reparos partieron con la gestión nacional kirchnerista y planteó varios interrogantes, entre ellos por qué Vialidad Nacional avanzó con el proyecto de autopista en distintos puntos del Alto Valle sin tener aprobado antes el Estudio de Impacto Ambiental.
Luego marcó diferencias entre los renders mostrados por Vialidad y los planos oficiales de la obra y negó que su intención sea poner palos en la rueda, destacando que en los últimos años presentaron varias alternativas para el ensanchamiento de la ruta al gobierno nacional.
“Lo importante es que hoy estamos debatiendo. Que se van a llevar todas las inquietudes. Esto no tiene que ver con la política. Tiene que ver con el futuro del Alto Valle”, puntualizó Soria sobre el final de su exposición.
Buscando mediar en la disputa política, desde el gobierno provincial se insistió en la alternativa del arbitraje. El titular de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, y el legislador Alejandro Palmieri confirmaron que ya se pidió un dictamen a la Universidad de San Juan, que tiene una maestría en ingeniería vial, para que analicen el proyecto presentado y aporten alternativas que permitan acercar posiciones entre los defensores y los detractores de la autopista con pasos elevados.
Cómo afectarán las obras el sistema de riego, pregunta repetida
El ala política del gobierno provincial fue diplomático y buscó presentarse como mediadora entre defensores y opositores a la ruta con elevaciones. Sin embargo, los cuadros técnicos fueron más duros con el proyecto de Vialidad Nacional y cuestionaron principalmente la afectación al sistema de riego y drenajes.
El titular del DPA, Fernando Curetti, advirtió los riesgos de generar severos problemas al sector productivo si no existe un trabajo coordinado entre Nación, Provincia, los municipios y los consorcios.
La gerenta del Consorcio de Riego de Roca, Vanesa Funes, se manifestó luego en igual sentido, destacando que ya en los primeros trabajos de movimiento de suelo para ampliar la ruta en la ciudad hubo daños a los canales y desagües.
La consultora PI vuelve a escena: ¿qué rol cumplió?
Además de su conocido rechazo a la autopista con “murallas”, el intendente Soria introdujo en su exposición de ayer un costado hasta ahora poco debatido públicamente: las sospechas de corrupción alrededor de las obras licitadas por Vialidad Nacional.
El mandatario mostró varias publicaciones del diario Río Negro sobre la Ruta 22, pero se enfocó en una en particular: la investigación “El lado oscuro de las rutas”, que realizó este diario sobre graves irregularidades en obras de asfalto, enriquecimiento de funcionarios y millonarios sobreprecios.
Ese informe reveló además la existencia de una ignota consultora porteña que invariablemente aparecía en la mayoría de los emprendimientos en Río Negro.
Se trataba de PI Emprendimientos, cuyo propietario Facundo Bermúdez mantenía un intenso trato con Andrés Porro, otrora poderoso funcionario del distrito rionegrino de Vialidad, hasta que fue desplazado tras la investigación.
Los profesionales de Vialidad más críticos sabían que muchos de los trabajos que hizo Vialidad tenían la premisa de pasar por PI. Escucharon a Porro decirlo enfáticamente.
Para dar un solo ejemplo, PI acordó cobrar 8.950.000 pesos por inspeccionar –junto a Cocinoc SA– la escandalosa obra de los accesos a San Antonio que hoy está en la mira de la Justicia.
La novedad, transmitida por Soria en la audiencia pública de ayer, es que la sospechada PI vuelve a escena. Apenas un mes atrás, firmó como proyectista la modificación del tramo más controvertido de la futura autopista de la 22: Cervantes-J.J. Gómez.
La opción de la autovía y la alternativa de los arquitectos
Una de las intervenciones esperadas, dentro de la nómina de oradores locales, fue la de la arquitecta y ex titular del Departamento de Planeamiento Físico municipal, Graciela Glanz.
Desde hace varios años, la profesional propone un proyecto de autovía para la Ruta Nacional 22 que había sido consensuado con otros sectores, por lo que se ha instalado como una referente sobre este tema.
Luego de hacer pública días atrás su iniciativa, en la audiencia pública sumó otros puntos para tener en cuenta al momento de tomar decisiones.
“Tenemos que evaluar si este proyecto ha sido pensado considerando a los peatones, los utilitarios, los tractores y las maquinarias frutícolas”, sintetizó Glanz en la audiencia.
Junto a otros vecinos de la ciudad, la mujer sostiene que el proyecto a considerar es el de una autovía que recorra todo el ejido local. Por su parte, que la traza quede a la altura original, pero que se considere una ampliación, con rotondas, semáforos y también cruces a nivel.
Por su parte, Guillermo Vázquez presentó los detalles de la propuesta del Colegio de Arquitectos, basada en una autopista sobreelevada, conservando la traza actual como una “autovía urbana”.
El proyecto prevé que los nueve cruces existentes en Roca se resuelvan en distinto nivel.
Jugoso final, con opiniones y preguntas de los vecinos
Medio centenar de roquenses y valletanos se plantaron frente al micrófono para exponer. Entre el público también hubo dudas, que se plantearon a los funcionarios en el cierre de la jornada.
Las inquietudes de los vecinos de la región quedaron reflejadas en las intervenciones de los 45 oradores que finalmente concurrieron (se habían inscripto 61), y en la instancia de consultas al cierre de la audiencia pública. Y allí quedaron plasmados balances y críticas sobre el proyecto que propone la elevación de la traza.
La mecánica de pregunta fue sencilla: con papel y lapicera, la gente dejó escritas sus consultas, para ser leídas al cierre.
Así fue que hubo lugar para consultar por las opciones de escape en caso de accidentes, y la situación de los canales de riego aledaños a la traza.
Otros preguntaron a la secretaria de Ambiente cómo sería el procedimiento para sistematizar todas las inquietudes de ayer.
Hubo otras preguntas que fueron consideradas “no pertinentes” para el objeto de la convocatoria, pero que igualmente fueron entregadas a los expositores. Entre ellas se destacaron la posibilidad de cruce para personas con discapacidades motrices, el cuidado de los espacios verdes, y los ingresos por Félix Heredia.
Entre los oradores, las intervenciones también rondaron carriles similares. Las demandas apuntaron a una iniciativa que maximice la seguridad sobre la ruta, y se arengó mayormente para evitar que se instalen los paredones.
Los productores, por ejemplo, manifestaron los problemas con el sistema de canales, y subrayaron que eso es parte de la vida de la actividad frutícola de la región.
Hubo lugar además para observar la situación sonora de la nueva vía. En ese sentido, se pidieron mayores detalles, ya que se consideró que ese aspecto había sido soslayado
Muchas de las intervenciones se llevaron vitores y aplausos del público que, si bien fue mermando con el correr de las horas, entre los presentes se mantuvo constantemente la atención.
Por su parte, al inicio de la audiencia pudieron plasmar sus inquietudes los obreros sindicalizados en Uocra, quienes permanecieron en las puertas de la Asociación Española hasta pasado el mediodía. “Vinimos a exponer la problemática de la falta de trabajo, ya que venimos sujetando nosotros la situación de los desocupados que se acercan a la seccional”, indicó al respecto Leonardo Pridebailo, referente roquense.
Dura crítica desde la UNRN al estudio de impacto ambiental
Para representantes de la Universidad de Río Negro, el informe de impacto ambiental presentado por Vialidad Nacional “no debe ser considerado”. Así lo dejaron expuesto a través de Andrea Tapia, arquitecta y docente de la casa de estudios, quien participó de la audiencia como una de las oradoras invitadas.
Entre los puntos analizados, la profesional interpretó que el trabajo entregado “malinterpreta las normativas” involucradas en esa evaluación técnica.
Además, contempló que en la concreción de la obra “se relativiza las importancia del sistema de riego” y que “utiliza métodos no formales, que se ataron a subjetividades” de sus realizadores.
Por su parte, también cuestionó las paredes revestidas con flora, por lo que consultó “en nuestra ciudad, díganme en qué pared hay una enredadera”, lo que fue acompañado por el aplauso de un atento público.
Todo esto fue fundamento para solicitar que no se contemple el informe contratado por Vialidad a un equipo de consultores, que ayer tuvo como representante a Horacio Fernández.
Como contrapropuesta, Tapia indicó que la UNRN “pone a disposición sus recursos y sus profesionales” para volver a hacerlo.
Otra de las oradoras críticas fue Laura Perilli, secretaria de Planificación rionegrina, quien cuestionó el conocimiento que tenían de la zona quienes trabajaron en el plan de obra.
Desde su perspectiva, la funcionaria apuntó que le preocupaba lo que pudiera pasar “si se diera un colapso de las obras hidroenergéticas”, advirtiendo que Cipolletti es una de las ciudades más endebles. Finalmente, la funcionaria concluyó solicitando a Vialidad que se haga público el proyecto de obra para la traza para dicha ciudad.
Fuente: Hugo Alonso y Daniela Castro/ Diario Río Negro