Viedma.- (APP) Como se había adelantado, el municipio de Sierra Grande presentó ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) un recurso de inconstitucionalidad de la ley 5227 de la legislatura provincial que prohíbe este tipo de radicación.
El intendente Nelson Iribarren había acordado esta presentación con el diputado nacional Sergio Wisky, como signo inequívoco del apoyo político del gobierno nacional a la instalación de la planta nuclear en territorio rionegrino.
Un argumento en la presentación ante el STJ fue la autonomía municipal, recordando que Sierra Grande votó el 17 de diciembre a favor de la instalación, con el aval del 83% de los votantes, más allá de la baja concurrencia.
Hubo un precedente de un rechazo por parte del alto cuerpo judicial de una acción similar interpuesta por un vecino, a la que calificó de “improcedente”.
Wisky respalda la acción impulsada por Iribarren y afirma que la radicación del reactor nuclear en la costa atlántica rionegrina tiene el pleno respaldo del poder ejecutivo nacional, a pesar que otras fuentes indican que al macrismo ya se resignó a ubicar la quinta planta nuclear en la provincia de Buenos Aires.
El senador nacional Miguel Pichetto, ex concejal e intendente de Sierra Grande, públicamente también se ha manifestado en contra de la ley 5227 y a favor de la radicación de la planta en el este rionegrino.
Junto a la estrategia dífícil de derribar la ley 5227, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación debería disponer la localización de la central nuclear en Sierra Grande, fundamentando que las políticas nucleares o energéticas no son competencia de las provincias, sino del gobierno central.