Viedma.- (APP) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió al estado argentino a “dar pronta respuesta a la decisión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria que califica la detención preventiva de Sala como arbitraria llamando a su liberación inmediata”.
Ya no quedan instancias internacionales de protección de los derechos humanos que no hayan reclamado al gobierno de Mauricio Macri por el arresto de la dirigente social de la Tupac Amaru Milagro Sala, quien fue detenida en enero luego de encabezar una protesta contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al estado argentino a “dar pronta respuesta a la decisión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria que califica la detención preventiva de Sala como arbitraria llamando a su liberación inmediata”.
La Cancillería sacó rápidamente un comunicado para contestar el pronunciamiento, que deja al país en un lugar todavía más incómodo ante la comunidad internacional. El Gobierno señaló que “toma nota” de la opinión de la CIDH y que “se notificará de inmediato su contenido a la Justicia de la provincia de Jujuy para su conocimiento y acción, para que tome la intervención que corresponda”.
Gastón Chillier, director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de los organismos de derechos humanos que se presentó ante la CIDH y la ONU por el caso Sala, señaló que “la excusa de que es un tema del Poder Judicial y de la provincia de Jujuy está claramente fuera de lugar. La responsabilidad ante los organismos internacionales de protección es del estado argentino”.
La CIDH -como informa Página/12- está integrada por siete expertos independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal. La Comisión tiene un vínculo histórico con la Argentina, ya que su visita de 1979 contribuyó a visibilizar y legitimó en el plano internacional las denuncias sobre los crímenes de la última dictadura. Luego, tanto la CIDH como la Corte Interamericana intervinieron en importantes casos para la Argentina, como el de Walter Bulascio, el atentado a la AMIA y la despenalización de los delitos de injurias y calumnias. En este momento su presidente es el norteamericano James Cavallaro y su secretario ejecutivo es el brasileño Paulo Abrao.
La CIDH está sesionando en Panamá y esta semana realizó dos audiencias vinculadas con la Argentina: una sobre una comunidad Qom y otra sobre el sistema de justicia juvenil. La detención de Milagro Sala no estaba en la agenda oficial, pero el organismo tenía a estudio el reclamo que habían hecho el CELS, Amnistía Internacional y Andhes (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) y por el que ya había recibido información por parte del Gobierno. Ayer, el organismo fijó su posición sobre el tema.
“Milagro Sala es una conocida líder de la sociedad civil en la provincia de Jujuy que fue detenida en el contexto de una protesta social. La Comisión y su Relatoría Especial han reiterado que la protesta es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión que debe ser facilitado y no sujeto a criminalización u otras formas de represión. Si bien una orden judicial dispuso la libertad de Milagro Sala, ella no salió en libertad pues se le imputaron otros cargos mediante decisiones judiciales bajo la jurisdicción de la provincia de Jujuy”, consideró la CIDH.
En el comunicado también se menciona que la dirigente de la Tupac Amaru es una diputada del Mercosur, la invitación que hizo el Gobierno para que la CIDH visite el país y, por supuesto, la resolución del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas que determinó que la detención preventiva de Milagro Sala fue arbitraria y violatoria de los estándares del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Argentina es parte.