Viedma.- (APP) Unidad Ciudadana, la fuerza opositora que encabeza la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, emitió un comunicado tras la detención del ex vicepresidente Amado Boudou, en el que denunció que «el Gobierno del Presidente Macri está utilizando al Poder Judicial para perseguir a los dirigentes opositores».
CFK advirtió en su Twitter que «está en riesgo la democracia», citando el título del comunicado que también colgó en la red social Telegraph. «El objetivo de esta persecución judicial es precisamente atemorizar a los dirigentes de la oposición para que sean sumisos ante la segunda fase del ajuste que se busca implementar», advirtió Unidad Ciudadana.
En Argentina el Gobierno del Presidente Macri está utilizando al Poder Judicial para perseguir a los dirigentes opositores. El objetivo de esta persecución judicial es precisamente atemorizar a los dirigentes de la oposición para que sean sumisos ante la segunda fase del ajuste que se busca implementar.
En este marco, desde Unidad Ciudadana denunciamos la delicada situación que atraviesa la democracia argentina, donde se ha vulnerado (o se ha terminado) el Estado de Derecho y la división de poderes.
Estamos frente a una maniobra de disciplinamiento como pocas veces se ha visto en la historia de nuestro país. Intento de disciplinamiento a todos los dirigentes políticos, gremiales y funcionarios de la justicia que puedan llegar a intentar oponerse o detener el programa de ajuste económico que intenta implementar el gobierno nacional.
Tan sólo en la última semana en Argentina, el Poder Ejecutivo Nacional ha logrado correr de su cargo a la Procuradora General de la Nación Dra. Alejandra Gils Carbó, y suspendido a uno de los únicos jueces que se atrevió a fallar contra el brutal tarifazo en servicios implementado desde el año pasado, el Dr. Luis Arias, Juez en lo contencioso de La Plata.
Asimismo, en otra clara muestra de apriete y amenazas a los representantes de los trabajadores, hoy el diario Clarín admite que el propio presidente Macri amenazó mediante dos de sus ministros a un importante dirigente sindical con ir preso, en caso de no apoyar la reforma laboral que el gobierno nacional intenta implementar en nuestro país.
En el día de hoy el juez federal Ariel Lijo ha ordenado la detención del Ex Vicepresidente, Amado Boudou, por un posible “entorpecimiento” a la Justicia.
Dicho juez, es el mismo juez que está investigando la causa del Correo Argentino, en la cual está imputado el actual Presidente de la República, Mauricio Macri, y su familia, como dueños de la empresa SOCMA, que tiene una deuda de 70.000 millones de pesos con el Correo Argentino que el propio jefe de Estado intentó auto perdonarse.
Mauricio Macri está imputado en esa causa por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. Por derivaciones de ese expediente, renunció un Procurador del Tesoro y un presidente del Banco Nación por dictámenes que no favorecían a la empresa del Presidente.
En este punto es claro que la actual situación procesal del presidente Mauricio Macri, en cuanto a la posibilidad de obstrucción de la justicia en causa propia es infinitamente más grave, por cierta, concreta y efectiva, que la del ex vicepresidente.
Esta más que claro que la privación de la libertad del ex vicepresidente no tiene nada que ver con la causa por la que se lo investiga. Es una clara maniobra intimidatoria y extorsiva que tiene por objetivo disciplinar a los dirigentes sindicales y de la oposición política, especialmente a los legisladores, para que voten precarización laboral e impuestazo, que arruina economías regionales y encarece consumos populares.
Hoy Argentina asiste a un gran show político, mediático y judicial digitado desde el Gobierno, que consta de dos claros objetivos: Por un lado, atemorizar a cualquier dirigente opositor que intente oponerse a esta segunda fase de ajuste y embestida contra los derechos de los trabajadores. Por otro, distraer a la ciudadanía argentina imponiendo una agenda judicial, mientras se implementan en el plano económico y político las distintas reformas anunciadas días atrás contra los trabajadores, los jubilados y la sociedad en general.
Finalmente, reafirmar que nunca nos opusimos ni nos opondremos a que se realicen todas las investigaciones judiciales necesarias a los funcionarios públicos, sean del anterior o del actual gobierno, en el marco del debido proceso y del respeto a las garantías constitucionales, propias de un verdadero Estado de Derecho.
BPUDOU Y LIJO CARA A CARA
Boudou y Lijo estuvieron cara a cara hoy en Tribunales, luego de que el magistrado ordenara su detención en una causa que lleva cinco años de trámite y que, llamativamente, se reactivó días después de que el magistrado fuese denunciado por el macrismo en el Consejo de la Magistratura por cajonear causas de corrupción.
El abogado del vicepresidente, Eduardo Durañona, calificó de «intempestiva y arbitraria» la decisión de Lijo, a quien acusó de «imparcial». «Es una reacción del juez a la denuncia que le hicieron esta semana en el Consejo de la Magistratura», consideró el letrado.
«Cada vez que se requirió documentación, se le aportó, siempre estuvimos a derecho. Es una causa con 5 años, ¿cómo puede ser que ahora se lo detenga antes de una indagatoria y un procesamiento?», cuestionó Durañona en declaraciones a C5N. «Mi defendido nunca intentó obstruir la acción de la Justicia. Él (por Boudou) me dijo que hasta tanto la causa no sea llevada por un juez imparcial, no va a declarar», añadió.
Boudou había sido detenido a primera hora de hoy en su departamento de Puerto Madero. Como parte del show que montó el Gobierno en casos similares, fue trasladado esposado, con un chaleco anti balas, y rodeado de efectivos hasta el edificio de Prefectura Naval, donde permaneció algunas horas, ya detenido. Además, en un hecho inédito, las fuerzas de seguridad y judiciales filtraron el video del momento de la detención, que rápidamente fue reproducido por los medios oficialistas.
Cerca del mediodía, el ex vicepresidente fue trasladado hasta el juzgado de Lijo, donde se negó a declarar, en una polémica causa que, llamativamente, se aceleró luego de que Lijo fuese denunciado esta misma semana por el macrismo en el Consejo de la Magistratura. Su decisión descolocó incluso al abogado denunciante, Alejandro Sánchez Kalbermatten, quien reconoció que el ex vicepresidente siempre estuvo a derecho en la causa.
Además de Boudou y Núñez Carmona, también detenido esta mañana, en la causa están involucrados Alejandro Paul Vandenbroele y Juan Carlos López. Lijo acusa a los cuatro de “cometer delitos indeterminados” pero “con miras a la obtención de beneficios económicos”. La ex pareja del ex vicepresidente, Agustina Kämpfer, implicada también en el expediente, está acusada de comprar un departamento por 120 mil dólares, que no podría justificar.
Lijo dice, en su fallo, que la detención se concretó porque Boudou tiene aún poder para obstaculizar la investigación. Según el juez, el ex ministro de Economía todavía hoy puede poseer “información relevante, los contactos y la capacidad de acción” suficientes como “para evadir el accionar jurisdiccional, dificultar la producción de pruebas y el recupero de los activos por los que está imputado».
La denuncia en el Consejo de la Magistratura tras la cual Lijo ordenó la detención de Boudou la presentó el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, junto con su ONG Será Justicia y la organización Usina de Justicia, que juega en sintonía con el Gobierno y fue la que pidió que se declarara la inconstitucionalidad de la remoción del Procurador General por juicio político y se habilite su remoción por decreto. A partir de esa presentación, convalidada por el juez Pablo Cayssials, la Casa Rosada redobló su embate contra Alejandra Gils Carbó y esta misma semana consiguió que finalmente presentara su renuncia al cargo a partir del 31 próximo de diciembre.