Viedma.- (APP) La mejora en la oferta salarial que hizo ayer al gobierno no alcanzó para que UPCN revirtiera su oposición. El secretario general de ese sindicato Juan Carlos Scalesi reiteró su negativa al 15% oficial, más allá del acortamiento de plazos para aplicarlo, y repitió la contrapropuesta de incorporar a ese porcentual un 4,5% en el primer pago por compensación del “desfasaje inflacionario” de los dos años anteriores.
Se sabe que lo que más molesta a la UPCN es el cambio de la administración Weretilneck respecto a la relación con ATE, que ahora se la quiere poner en igualdad de condiciones con el sindicato mayoritario que conduce Scalesi. El gobierno ayer prometió, y lo hizo público a través de un comunicado, que ATE se sumará al Consejo de la Función Pública, que actualmente sólo integra UPCN. Para ello enviará un proyecto para modificar la ley 3052,
De allí que Aguiar salió ayer de la reunión con el gobierno exultante, diciendo que: “Jamás pensamos que esta democratización de las relaciones laborales podríamos alcanzarla durante nuestra gestión”. Por primera vez desde el inicio de la administración que conduce Alberto Weretilneck probablemente sea ATE el que acepte la oferta salarial del gobierno y la UPCN en cambio se encamine a un plan de lucha rechazándola.
Scalesi indicó sobre la reunión de ayer que el gremio volvió a poner sobre la mesa “todos los reclamos presentados por este gremio el 1º de marzo pasado”.
Esos reclamos contemplan el pago del 5 por ciento retroactivo a febrero, la inclusión allí mismo del 4,5 por ciento en concepto de recomposición salarial por el desfasaje inflacionario en los aumentos de 2016 y 2017; el 5 por ciento con los haberes de junio; el 5 por ciento con los de agosto y la revisión de lo acordado en ese mismo mes, además de la actualización del pago de las asignaciones familiares; el pago en tiempo y forma de la indumentaria; la actualización urgente de las promociones automáticas; un aumento en los puntos de guardia para enfermería del agrupamiento tercero de la Ley 1904; darle trámite a los proyectos para incentivos al personal de Tesorería General; Personas Jurídicas; Lotería y Ministerio de Gobierno, entre otros.
También la incorporación al básico del concepto “complemento al mínimo” de las categorías 1 a la 8 de la Ley 1844; la reconstrucción de la carrera de los agentes ex Saersa reincorporados al Estado; poner en práctica el escalafón laboral previsto en la Ley 3487, que está en consonancia con la ‘Modernización del Estado’; la revisión de la estatización de empresas que son deficitarias y a las que el Estado subsidia y que las discusiones salariales se den en el marco de lo que determina la Ley.
“Nuestra fortaleza está en la genuina defensa de la clase trabajadora a la que pertenecemos y a todos los reclamos de los diferentes sectores y organismos provinciales, nosotros también repensamos los números en torno a las pautas provinciales, pero no podemos aceptar un 15 por ciento como aumento para este año 2018, tenemos la responsabilidad que nos da la mayoría”, dijo Scalesi.
Si como se prevé ATE y la UnTER se encaminan a acordar con la oferta salarial gubernamental, hay que ver si el rechazo de la UPCN se traduce en un plan de lucha. Scalesi se ve empujado a este camino por el “desplante” si se quiere del gobierno al privilegiar un diálogo con el otro sindicato estatal que ha dicho las peores cosas del conductor de la UPCN, pero después de tantos años de “dialoguismo” con el gobierno, no se sabe cómo reaccionarán las bases ante un llamado a parar o movilizarse.
El trasfondo político probablemente incide en esta separación del oficialismo y la UPCN, Aguiar se viene mostrando, desde hace tiempo, “antisorista”, y eso lo acerca también a Weretilneck, y Scalesi, que suele darse cuenta de los cambios en los tiempos políticos, sabe que desde octubre del año pasado subieron las acciones del FpV para triunfar en el 2019 y bajaron sensiblemente las de JSRN para permanecer en el poder. No extrañó entonces que públicamente Scalesi dijera días atrás que si lo convoca se sentaría a hablar con Martín Soria. Hay que ver cómo incide también la «presión» de la UPCN nacional sobre la conducción provincial. Se sabe que Andrés Rodríguez, secretario general de la UPCN nacional, pasó de ser un dirigente que acompañó en términos generales a la expresidenta Cristina Fernández, a desandar ese alineamiento y aceptar las políticas de ajuste del gobierno de Cambiemos, con fuertes despidos de estatales que incluso todavía no cesan. A Rodríguez se lo cuenta como parte del «club de los 15», en alusión a los sindicalistas que están aceptando sólo un 15% de aumento para este año, a pesar que ya desde el propio gobierno aceptan que la inflación será superior, como el BCRA que la estima en un 20%. ¿UPCN nacional presionará a una seccional que toma un rumbo distinto? Otro interrogante. (APP)