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Viedma.- (APP)\u00a0En un fallo un\u00e1nime, el Superior Tribunal de Justicia rechaz\u00f3 la acci\u00f3n judicial interpuesta por los representantes de la Uni\u00f3n de Trabajadores de la Educaci\u00f3n de R\u00edo Negro (Unter), mediante la cual se solicitaba la declaraci\u00f3n de ilegalidad y la prohibici\u00f3n de ejecuci\u00f3n de las resoluciones relativas a la reforma de la escuela secundaria rionegrina.<\/p>\n
La sentencia fue dictada el pasado 9 de febrero y tuvo el voto conjunto de los cinco jueces del STJ. Antes la Procuradora General, Silvia Baquero Lazcano, hab\u00eda dictaminado en el mismo sentido.<\/p>\n
En el fallo del STJ se enumeran la existencia de varias acciones legales ordinarias en curso presentadas por la Unter que est\u00e1n en pleno desarrollo judicial. \u201cComo bien puede ser advertido la misma accionante presenta prueba que evidencia un profuso tr\u00e1nsito administrativo en curso, con sus correspondientes impugnaciones\u201d, dice el fallo. Frente a la posibilidad de esas v\u00edas ordinarias, resulta improcedente el \u201cexcepcional\u00edsimo\u201d recurso del prohibimus.<\/p>\n
El planteo de Unter<\/b><\/i><\/p>\n
Las autoridades de Unter promovieron un \u00abmandamiento de prohibici\u00f3n\u00bb contra la Provincia de R\u00edo Negro -Consejo Provincial de Educaci\u00f3n (CPE)-, demandando que se declare la \u00abilegalidad e inconstitucionalidad\u00bb de seis resoluciones administrativas del Ejecutivo referidas a la reforma de nivel medio y requiriendo al STJ que \u00abproh\u00edba la ejecuci\u00f3n\u00bb de tales disposiciones. Asimismo, solicitaron como \u00abmedida cautelar innovativa\u00bb que se ordene la suspensi\u00f3n de las asambleas de toma de cargos y de \u00abtodo otro acto que implique llevar adelante la reforma de la escuela secundaria cuestionada\u00bb.<\/p>\n
Argumentaron una violaci\u00f3n a la Constituci\u00f3n Provincial, a la Ley Org\u00e1nica de Educaci\u00f3n y a otras normas de la materia y sostuvieron -entre otros cuestionamientos- que las resoluciones fueron dictadas sin la debida intervenci\u00f3n del Consejo Provincial de Educaci\u00f3n, en su car\u00e1cter de cuerpo colegiado, y sin debate previo entre los integrantes de la Comunidad Educativa.<\/p>\n
El dictamen de Procuraci\u00f3n<\/b><\/i><\/p>\n
En su oportunidad procesal, la Procuraci\u00f3n General propuso que se rechace la presentaci\u00f3n \u00abpor resultar formalmente improcedente\u00bb, por no reunir \u00ablos recaudos esenciales que habilitan la viabilidad del mandamiento de prohibici\u00f3n (art. 45 de la Constituci\u00f3n Provincial) ni tampoco de la figura del amparo gen\u00e9rico (art. 43 de la Constituci\u00f3n Provincial)\u00bb. Indic\u00f3 que \u00abno se ha acreditado la irreparabilidad del da\u00f1o, la urgencia o el peligro en la demora ni resulta manifiesta la ilegalidad de la conducta estatal\u00bb y que tampoco se agot\u00f3 la v\u00eda administrativa, pues est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n los recursos ordinarios planteados por Unter contra las respectivas disposiciones.<\/p>\n
La decisi\u00f3n del STJ<\/b><\/i><\/p>\n
Tras analizar los argumentos de cada parte, el Superior Tribunal de Justicia record\u00f3 que el amparo en cualquiera de sus formas (lo que incluye la acci\u00f3n de \u00abprohibimus\u00bb interpuesta por Unter) s\u00f3lo es viable ante \u00absituaciones especiales en las que de ning\u00fan modo se presenten medios administrativos o judiciales id\u00f3neos\u00bb para su soluci\u00f3n, y donde la afectaci\u00f3n de derechos se presente \u00abde modo francamente manifiesto, claro y evidente, de una gravedad tal que no admita dilaci\u00f3n alguna\u00bb. Esas circunstancias \u00abde modo alguno quedan acabadamente acreditadas en estas actuaciones\u00bb, sostuvo el m\u00e1ximo Tribunal.<\/p>\n
Se se\u00f1al\u00f3 que en el caso no se acreditaron los requisitos esenciales de \u00aburgencia, gravedad, irreparabilidad del da\u00f1o e ilegalidad manifiesta\u00bb atribuibles al Ejecutivo Provincial y al CPE.<\/p>\n
Por otra parte, el STJ se\u00f1al\u00f3 que en la acci\u00f3n espec\u00edfica de \u00abprohibimus\u00bb o \u00abmandamiento de prohibici\u00f3n\u00bb se suma otro requisito: \u00abque un funcionario o ente p\u00fablico administrativo ejecute actos prohibidos por la propia Constituci\u00f3n, una ley, decreto, ordenanza o resoluci\u00f3n\u00bb. As\u00ed, el Tribunal puntualiz\u00f3 que para que proceda la medida se debi\u00f3 acreditar: 1) la existencia de una prohibici\u00f3n legalmente establecida en una norma; 2) la ejecuci\u00f3n por parte de un funcionario o ente p\u00fablico administrativo de un acto prohibido por ella, y 3) la afectaci\u00f3n, por tal ejecuci\u00f3n, de los derechos de los recurrentes.<\/p>\n
En el caso, el STJ concluy\u00f3 que Unter \u00abno describe con precisi\u00f3n cu\u00e1l es la prohibici\u00f3n concreta impuesta normativamente al Poder Ejecutivo Provincial que por su eventual realizaci\u00f3n haya afectado alg\u00fan derecho de los actores\u00bb.<\/p>\n
Coincidiendo tambi\u00e9n con el dictamen de Procuraci\u00f3n, el STJ destac\u00f3 que a\u00fan est\u00e1n \u00aben tr\u00e1mite en su sede natural\u00bb los m\u00faltiples reclamos administrativos (que la sentencia enumera) formulados por Unter contras las normas cuestionadas, configur\u00e1ndose as\u00ed otra \u00abcircunstancia que obsta a la pertinencia formal de amparo, habida cuenta que ello -de por s\u00ed- pone en evidencia la existencia de otras v\u00edas \u00fatiles para alcanzar eventualmente la tutela del derecho de que se trata\u00bb.<\/p>\n
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